La democracia en el continente señala fortalezas y debilidades.
El autoritarismo es un fantasma que, sin embargo, come. Se alimenta del hambre, el desempleo y la gran inequidad social que impide a la mayoría de habitantes en Latinoamérica, atender sus necesidades básicas.
Y es que, puesta a escoger entre democracias con estas características y regímenes autoritarios que resolvieran tales problemas, más de la mitad de la población de esta región se apuntaría con los segundos, según indica el I informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre este tema.
«El corazón del problema es que si bien la democracia se ha extendido ampliamente en América Latina, sus raíces no son profundas», resume Mark Malloch Brown, administrador del PNUD, en el prólogo del Informe.
Como resulta evidente, la causa de esta fragilidad está en la constitución misma de las democracias latinoamericanas, que son descritas como un triángulo compuesto por «democracia electoral-pobreza-desigualdad.» Es decir, en el cual el hecho de elegir gobernantes, sin fraude, regularmente, nada o muy poco aporta a la resolución de los problemas económicos y sociales.
Así, a partir de la encuesta Latinobarómetro, realizada en el 2002, a 19.508 personas en 18 países – en Centro y Suramérica-, acerca de sus percepciones sobre la democracia, el 33.9% consideró que la principal falla es la falta de empleo; el 27.0%, la pobreza, desigualdad e ingresos insuficientes; el 12.3%, la delincuencia y las drogas; el 11.1%, la corrupción; el 7.4%, la violencia política, y el 6.9%, servicios e infraestructura insuficiente. (Ver gráfico: «La agenda ciudadana: principales problemas»).
 
 
No es de extrañar, entonces, que ante disyuntivas ligadas con el bienestar, una mayoría de personas entrevistadas se declararan terreno fértil para las ofertas de tipo populista y autoritarias.
Al ser consultadas, por ejemplo, sobre si «apoyarían a un gobierno autoritario si resuelve problemas económicos» o si «creen que desarrollo económico es más importante que democracia», solamente el 44.9% y el 48.9%, respectivamente, dijeron preferir la democracia a cualquier otra forma de gobierno. (Ver gráfico: «Fragilidades de la preferencia por la democracia frente a otros sistemas de gobierno»).
A partir de los resultados del Latinobarómetro, el Informe también agrupó a las personas encuestadas en «demócratas» -en todas las preguntas dieron respuestas favorables a la democracia; «no demócratas» -en todas opinaron contra la democracia-; y «ambivalentes» -dieron opiniones ambiguas o contradictorias.
El resultado fue que si bien las personas «demócratas» alcanzaron los porcentajes más altos, la suma de las «ambivalentes» y «no demócratas» fue del 57%.
De las tres subregiones -Centroamérica y México, Andina, y MERCOSUR y Chile-, la Andina mostró el menor apego por la democracia electoral. (Ver gráfico: «Proporción de personas que sustentan las orientaciones hacia la democracia).
Aunque el documento abarca una diversidad de facetas de la democracia en América Latina, el debate entre esta y lo económico parece ser el eje fundamental.

LA PARADOJA: DEMOCRACIA
SIN DISTRIBUCIÓN JUSTA

A partir de las consultas realizadas a especialistas y sectores en los países incluidos, el Informe concluye que la resolución de los problemas económicos es fundamental para la democracia.
«La economía es una cuestión de la democracia porque de ella depende el desarrollo de la ciudadanía social y porque genera y altera las relaciones de poder. Por lo tanto, la agenda de la sustentabilidad democrática debe incluir el debate sobre la diversidad posible de políticas y organización del mercado y -agrega contradictoriamente, es decir, optando por una definición predeterminada-, la cuestión del rol regulador del Estado».
Esta aceptación teórica de la necesidad de que exista un debate amplio sobre los posibles modelos económicos, que expresa el Informe, se topa constantemente con lo que, sin embargo, aparece como la necesidad de defender la filosofía básica del modelo económico seguido hasta el presente.
«Cuanto más amplio el dominio de la disciplina de mercado, más ancho será el espacio para la gobernabilidad democrática. En principio, y en la medida en que la disciplina de mercado esté basada en lo que se denomina los fundamentales (economic fundamentals) y en consideraciones de largo plazo, no tiene por qué haber conflicto ente los mercados y la gobernabilidad democrática», afirma.
Luego vuelve sobre uno de los postulados de esta contradictoria posición: «Pero la realidad está lejos de este ideal. El trade off (canje) es auténtico, no sólo porque los mercados se manejan por razones puramente financieras, sino porque son excesivamente volátiles y dominados por consideraciones cortoplacistas. En esta situación, la reafirmación de la primacía de la disciplina democrática por sobre la disciplina de los mercados, debería ser clara y frecuente.»

PAPEL DEL ESTADO

El Informe reitera el tema, esta vez en torno al papel del Estado, al que antes asignó únicamente un papel regulador: «Los mercados requieren gobernabilidad y reglas. La buena gobernabilidad sólo se asegura por vía de la democracia. Y la democracia sigue siendo coextensiva con el Estado-Nación.»
Y agrega: «Las opciones económicas deben ser parte del contenido renovado de la política, ellas son un componente sustancial de la agenda pública, así como el debate sobre la diversidad es una necesidad imperiosa para reunir la mejor combinación entre el papel del mercado, el Estado y el contexto histórico de cada uno de nuestros países. Por el contrario, el pensamiento único, la receta universal y atemporal atentan contra el desarrollo de la democracia y de la propia economía.»
E incluso adopta una posición a favor de un Estado «fortalecido», pero limitado y reducido, y no como un actor central: «No pocas de las teorías hoy prevalecientes sostienen que las intervenciones del Estado suelen reducir la eficacia de la economía. El discurso de los que abogan por más y más mercado es claramente antiestatal: «El Estado es un mal necesario, es preciso limitar radicalmente su capacidad de intervención». En cambio, este Informe sostiene que un Estado ajustado a la democracia -eficaz, eficiente y creíble- es un componente indispensable del desarrollo.»
El documento, como explica Malloch Brown, no expresa la posición oficial del PNUD, sino que «es resultado del trabajo de un grupo de expertos independientes» que consultó con personas representativas de distintos sectores en cada país.
En el caso de Costa Rica, participaron en la ronda de consultas para el Informe: Óscar Arias, Leonardo Garnier, Eduardo Lizano, Elizabeth Odio Benito, Ottón Solís, Samuel Yankelewitz y Albino Vargas.
El director del proyecto fue el argentino Dante Caputo, y el coordinador para los países del Istmo Centroamericano y de República Dominicana, Edelberto Torres Rivas. El marco teórico estuvo a cargo de Guillermo O´Donnell y un conjunto de comentaristas.

Juan Manuel Villasuso
Distribuir, porque no hay «derrame»
UNIVERSIDAD pidió a Juan Manuel Villasuso, economista y profesor de la UCR, analizar brevemente la relación entre democracia, modelos económicos y el papel del Estado en Latinoamérica.
El especialista puso énfasis en la necesidad de recuperar el papel de este último en la economía, con el fin de garantizar la redistribución de la riqueza, pues la experiencia ha demostrado que ello no ocurre por arte del mercado. A continuación, su comentario:
«En los últimos años, muchos gobiernos democráticos de América Latina se han visto forzados a aplicar políticas económicas en las cuales se presta poca atención a la distribución del ingreso y la riqueza, y se privilegia la estabilidad macroeconómica.
Esas políticas económicas neoliberales creen en el «derrame», es decir, parten del supuesto de que lo importante es el crecimiento, cuyos beneficios consideran que posteriormente se extenderán a toda la población. Sin embargo, la evidencia muestra que ese derrame no ocurre por cuanto el Estado carece de instrumentos eficaces para redistribuir.
Adicionalmente, los gobiernos democráticos han ido renunciando a la utilización de diversos instrumentos de política económica, los cuales permitían intervenir y regular los mercados con el propósito de lograr mayor equidad. Los precios en los mercados de bienes, los aranceles, las tasas de interés y el tipo de cambio, eran variables que podían ser manipuladas por las instituciones gubernamentales con el fin de lograr objetivos distributivos. Hoy día esos instrumentos están prácticamente vedados y se considera que se debe dejar a los mercados actuar sin ninguna restricción.
Otro elemento que ha contribuido a una distribución más desigual ha sido la poca capacidad de los gobiernos para aprobar legislación fiscal que haga tributar más a los que tienen mayores ingresos y riqueza. La conjunción del poder económico y el poder político ha restado vitalidad a los órganos legislativos para elevar las escalas tributarias y evitar la evasión. Esto reduce el ingreso del fisco y las posibilidades de redistribuir por la vía del gasto público.»