El Ministerio de Cultura invierte lo mínimo en conservación y prevención de desastres.
El Estado invierte lo mínimo en la preservación del patrimonio cultural costarricense debido al reducido presupuesto del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Este año ronda apenas el 0.48% con respecto al nacional.
Simplemente negligente es la actitud del Estado en el resguardo de los bienes culturales que la población costarricense han depositado en sus manos.
La ausencia de políticas estatales para conservar los bienes patrimoniales y las pocas acciones ejecutadas para garantizar de su disfrute en las generaciones futuras son los ingredientes que podrían detonar en un desastre que acabaría con siglos de historia.
El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC), departamento del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD), ha declarado como bienes arquitectónicos patrimoniales un total de 310 edificaciones, muchas de ellas conteniendo otros objetos culturales de incalculable valor.
Los museos Nacional, Arte Costarricense, Juan Santamaría son tres instituciones que resguardan en edificaciones patrimoniales parte de la historia patria, la riqueza arqueológica y el mayor acervo plástico del país.
Pero esta tarea contrasta con la ausencia de planes preventivos para la adecuada conservación.
UNIVERSIDAD conversó con los directores de estas tres instituciones sobre la situación en el área preventiva y las soluciones que plantean para enfrentar las amenazas sobre el patrimonio nacional.
 
 

VIVIENDO CON EL ENEMIGO

Según Miguel Herrera, director del CICPC, en términos generales los bienes patrimoniales están en buenas condiciones patrimoniales.  Aunque en algunos casos hay fallas por instalaciones eléctricas dañadas y otras menores.
Debido a esta preocupación, el CICPC convocó el pasado 22 de julio a los directores de las instituciones de Cultura al taller sobre «La vulnerabilidad del Patrimonio Cultural ante los desastres socio- naturales».  El objetivo fue enfrentarlos a un grupo de expertos en diferentes áreas de la prevención de desastres para incitar procesos en cada una de las entidades adscritas.
Herrera aclaró que en esa unidad no existen expertos en estos temas, por eso son relevantes estos encuentros con funcionarios de la Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencias, Dirección General de Bomberos y el OVSICORI.
A criterio de Herrera, los jerarcas saben que esta es una tarea pendiente, y aunque reconoce la buena voluntad de parte de ellos, la realidad es que con pocos recursos, «la cultura no es prioridad».
Manifestó que en varias ocasiones han tocado las puertas de la Asamblea Legislativa, pero los diputados siempre le manifiestan que es un mal momento para buscar fondos para la cultura.  «Nunca hay un momento para nosotros», advirtió el funcionario.
Aunque la ley nacional que norma el patrimonio nacional obliga a propietarios o administradores de los bienes culturales a conservarlos, en el caso del Estado existen limitaciones presupuestarias que establecen techos para el «gasto» .  «Todo el sistema administrativo público está contra el adecuado resguardo de nuestros bienes», insistió Herrera.
Pese a sus precarias finanzas, el CICPC invierte en la restauración y rescate de algunos inmuebles.  Dentro de poco haremos una intervención en el Museo Nacional, en la sección «la Casa de los Comandantes» que tiene serios problemas eléctricos, aseguró.

UN MAL ENDEMICO

«Cualquier recurso técnico no sustituye al humano», dijo con firmeza Raúl Aguilar, director del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, al señalar que ni siquiera cuentan con todo el personal requerido para funcionar adecuadamente.
«Trabajamos en condiciones muy precarias y eso afecta lo relativo a la conservación.  El presupuesto limita mucho, hemos podido ir asegurando poco a poco, aunque el Instituto Nacional de Seguros no tiene claridad en el aspecto patrimonial», detalló Aguilar.
El director del museo alajuelense informó a UNIVERSIDAD que el patrimonio contenido en el antiguo cuartel que los alberga no está asegurado y tampoco tienen medidas preventivas, como detectores de humo, alarmas o cualquier tipo de dispositivo.
Aguilar justificó esa carencia porque tienen «un presupuesto de supervivencia y topes presupuestarios dictados por el Ministerio de Hacienda».
Otro sitio cuya situación es apremiante es el Museo de Arte Costarricense (MAC), que según el MCJD es la casa de la memoria de una comunidad.  Su directora, Elizabeth Barquero, explicó que recientemente los inspectores de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz advirtieron el peligro que representa las viejas instalaciones eléctricas.  Según Barquero, esos expertos le puntualizaron que la estructura y los bienes que contiene están en n alto riesgo de incendio.
«Nos pasa igual que el Hospital Calderón Guardia o el asilo de ancianos de Tilarán.  No ha ocurrido un incendio por un milagro.  Estamos pidiendo a la Autoridad Presupuestaria que nos permitan usar el superávit de ¢60 millones que tenemos.  Con ese monto rehabilitaremos la Galería Nacional de Arte Contemporáneo, construiremos un acopio para las obras de arte y cambiaremos toda la red eléctrica», manifestó la jerarca de la mayor pinacoteca del país.
El MAC tiene asegurada todas las obras de arte y cuentan con otro para riesgos civiles, pero no así para la antigua estructura.
Al otro lado de la capital, el edificio del Museo Nacional (MN) cuyos muros «cobija lo inalterable de la historia de los costarricenses», según lo expresa el sitio web del MCJD, comparte los mismos problemas de los otros museos nacionales.
Francisco Corrales, director del MN, expresó que a raíz de los sucedido en Tilarán y otros casos se dieron a la tarea de reducir la vulnerabilidad. Ya tienen un plan de emergencias aprobado por la junta administradora y obtendrán una póliza para la estructura cuya prima anual ronda los ¢30 millones.  Sin embargo, las colecciones aun permanecen sin aseguramientos debido a que son invaluables y «no sabemos a quien corresponde tasarlos, ya que jurídicamente en otros casos le corresponde al propio MN»; en esto serían juez y parte.  Además, «debido a su valor intangible no estoy seguro de que podamos hacerle frente a elevadas primas de seguros», agregó Corrales.
Pese a esta iniciativa, se le cuestionó sobre las medidas preventivas.  Corrales reconoció que en prevención de incendios cuentan con lo más básico, aunque carecen de detectores de humo.  El alto costo de este mecanismo y la enorme intervención arquitectónica que representa, son dos factores para no tenerlos.  Vale recordar que durante la conflagración que destruyó la casona de Santa Rosa en Guanacaste tampoco había ninguna medida de seguridad.
Todas las instituciones mencionadas cuentan con superávit para invertir en algunas de las carencias mencionados, pero requieren de una decisión política que levante los techos presupuestarios.  En dicho Museo esa suma llega a ¢100 millones, con lo que mejorarían en el renglón de resguardo y construirían una nueva bodega en Pavas que reduciría el riesgo al eliminar las malas condiciones de las colecciones y que afectan también al personal.
La ironía es que la ley obliga, pero la ley no permite.  Y en caso de una tragedia, las cabezas responsables son directores y juntas administradoras.  Pero los consultados son tajantes:  «o se invierte en este campo u operamos diariamente, a veces no se puede elegir», sentenció el director del Museo Nacional.