Ante una propuesta de la Rectora de la Universidad de Costa Rica, Dra. Yamileth González García, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) estudiará nuevamente el texto de la «Ley de Pacto fiscal y reforma fiscal estructural», que está en discusión en la Asamblea Legislativa.

Eso para determinar si las variantes que se le han hecho al proyecto original podrían de alguna manera afectar a las universidades públicas, así como para comprobar si fueron incluidas las recomendaciones que ese Consejo le hizo cuando le fue enviado en consulta por el plenario legislativo.

Así lo explicaron la Rectora González y el presidente de CONARE, Rodrigo Arias Camacho, quien es rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). El grupo de estudió será coordinado por el abogado de CONARE Gastón Baudrit, quien en el anterior estudio del proyecto de ley «concluyó que en ese momento no tenía ningún efecto para las universidades públicas», dijo Arias.

Agregó que «la duda es si con el pacto fiscal perdemos la exoneración del pago de impuestos de que gozamos las universidades públicas, lo cual es imposible y ya se había dicho legalmente, pues es un mandato constitucional». El informe debe ser presentado al Consejo en una semana.
 

Por su parte, González detalló que en la UCR existe la preocupación respecto a que algunos artículos de la normativa fiscal podrían afectar a las universidades públicas.

«Llevé el asunto el pasado martes 16 a la sesión del Consejo de Rectores, donde se acordó establecer nuevamente un grupo que lo estudie, pues si bien inicialmente no tenía estos problemas,  se le hicieron algunas recomendaciones, «que queremos ver si fueron incorporadas», aseguró.

Informó que a lo interno de la UCR también se va a formar un grupo de estudio, para que analice a profundidad y en forma minuciosa el texto  del pacto fiscal.

Alegó que preocupan dos cosas: una es los mecanismos de control y fiscalización que se proponen en el proyecto, los cuales podrían afectar la autonomía universitaria, así como los fondos de ahorro del personal que funcionan en cada universidad y  las fundaciones.

De estos, ya fueron eliminados por el plenario legislativo los artículos 28, 29, 30, 31 y 32 de la reforma fiscal, lo cual fue confirmado por Gustavo Otárola, asesor de la diputada Teresita Aguilar Mirambell, el pasado 22 de agosto.

Quedan el  artículo 24 que trata de las causales de responsabilidad disciplinaria, y el 27 que refiere a la prescripción de la responsabilidad administrativa. El 25 es sobre las  sanciones disciplinarias y el 26 de los agravantes.

Las universidades públicas también podrían verse afectadas por las disposiciones derogatorias que tiene el proyecto de ley.

Se trata de  la ley 7293 que regula las exoneraciones vigentes, la cual quedaría sin  vigencia de aprobarse el  artículo 69 de la reforma fiscal, de la que se exceptúa el artículo 5.

Este último se refiere a la exoneración de la importación  de maquinaria, equipos e insumos para la actividad agropecuaria (agrícola, avícola, apícola, pecuaria, piscicultura y acuícola), la mercancía de la actividad pesquera, las materias primas para insumos de la actividad agropecuaria y el empaque de banano. Exoneración que es extensiva para el combustible que sea utilizado en actividad pesquera.

Esto por cuanto en el proyecto fiscal todo lo que no esté exento queda gravado, pues en uno de los transitorios se habla de que se deroga toda la ley de exenciones.

El Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) solicitó recientemente excluir de la derogatoria de exención el artículo 6 de esa ley; esta iniciativa fue planteada por el diputado Gerardo Vargas Leiva, pero la moción no prosperó.

La Rectora de la UCR considera que también está  todo lo relativo al impuesto de la renta, contemplado en los artículos  67 y 8, que se refieren a exenciones y exoneraciones del pago de impuesto de la renta, en los cuales no aparecen citadas las universidades públicas.

El artículo 67 modifica el artículo 73 de la Ley del impuesto sobre la renta, al cual la diputada Teresita Aguilar Mirambell propuso una  modificación para agregarle la exención de pago a las transferencias presupuestarias que haga el Estado a las universidades, la cual  fue aprobada.

La Rectora informó que la  Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamos de la UCR, va  a hacer lo suyo, al pedirle apoyo a Ana Lorena Ávalos, docente de la Escuela de Administración Pública, con el fin de estudiar las partes del plan fiscal que podría afectarla.

En términos similares también podrían verse afectadas la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación(FUNDEVI) y la Librería Universitaria.

Respecto de las juntas de ahorro de las universidades públicas, la legisladora Teresita Aguilar del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó una moción para incluirlas  como excepción, a fin de que  queden claramente exoneradas del pago de impuesto, pero esta fue rechazada.

Sí se incluyeron  a las imprentas y litografías de las universidades públicas en la exoneración del pago del impuesto al valor agregado (inciso f, artículo 12), gracias a una iniciativa del diputado Rodrigo Carazo Zeledón.

Lo malo del asunto es que en este momento no se pueden incluir más modificaciones de las ya presentadas, pues para ello el proyecto tendría que devolverse a comisión.

Consultado al respecto el Rector de la Universidad Nacional (UNA), Olman  Segura Bonilla, indicó que «debemos estar claros en que la educación  sirve al desarrollo del país, por tanto en una reforma fiscal, tan necesaria e importante para el país,  se debe considerar  la importancia del sector de la educación».

Detalló que en la Universidad Nacional recibieron  una nota de un diputado preguntando si estaban «de acuerdo en que no se exonere del pago de los impuestos a las universidades públicas, a lo que obviamente respondimos que no», aseguró.

Agregó que una de las preocupaciones de la UNA es el manejo de la caja única del Estado, por lo que «hay que ver cómo se manejarían esos fondos dentro de los nuevos controles que se establecerían en la forma fiscal».

Respecto de los fondos de ahorro del personal, manifestó que no tienen identificado que la reforma fiscal los afecte, «pero de ser así  los  defenderemos», aseveró.

Por su parte, el Rector del ITCR, Eugenio Trejos Benavídez, dijo no conocer el asunto por no haber podido participar de la sesión de CONARE el 16 de agosto.



PRESUPUESTO



La Rectora de la UCR también informó que el gobierno prometió que enviaría la semana pasada el presupuesto extraordinario para pagar a las universidades públicas los ¢5.000 millones  que se les adeudan, correspondiente al reajuste del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para este año.

«De esto a la UCR le toca casi un 57%, lo que vamos a utilizar  para pagar  los reajustes salariales del segundo semestre», aseguró.

Se supone que fue enviado el 18 de agosto, pero no se pudo confirmar  si había entrado a la Comisión de Hacendarios, pues esta se reúne los martes y miércoles de cada semana.

Por otro lado, a  Rodrigo Arias Camacho, presidente de CONARE, se le preguntó sobre el proyecto de ley del referéndum que fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Jurídicos  del plenario legislativo.

«Ya pedimos el texto para  analizarlo y compararlo con el inicial, con el fin de verificar si fueron incluidas las recomendaciones que hizo CONARE, trabajo que deberá realizar Gastón Baudrit, abogado del Consejo», dijo.