La impunidad es una de las fallas del Estado, señaló la especialista en derechos humanos Susana Villarán.
«El Estado está dormido, hay que acercarlo a la gente», afirmó la abogada Susana Villarán, Relatora de los Derechos de la Mujer.
Dirigente del Partido por la Democracia Social, posible candidata presidencial, relatora de la Comisión especial sobre los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), Susana Villarán conversó con UNIVERSIDAD sobre la crisis política en su país.

En el Perú, la reciente renuncia del primer ministro Carlos Ferrero, y el fracaso del intento del presidente Alejandro Toledo de nombrar en la cancillería a uno de sus aliados más estrechos, Fernando Olivera, ha sumido el gobierno en una nueva etapa conflictiva que parece ser permanente.

Fue la decisión de Toledo de nombrar canciller a Olivera, su aliado político desde 2001 y hasta entonces embajador en España, lo que provocó la dimisión de Ferrero y del popular Ministro Vivienda, Carlos Bruce, a lo cual Toledo respondió con el pedido de renuncia de todo el gabinete.

Es ya un lugar común hablar de los niveles de desaprobación del gobierno de Toledo, que perdió todo apoyo popular. A la deriva, se especula con las eventuales salidas al conflicto.

El congresista del partido oficialista Perú Posible, Henry Pease García, señaló que estaba dispuesto a asumir la presidencia del Consejo de Ministros, tras la renuncia de Ferrero, si el mandatario Toledo se lo pide. El nombre de Pease, expresidente del Congreso entre 2003 y 2004, ya había sonado la semana pasada como posible sucesor de Ferrero. Pero fue más bien el titular de Economía, Pedro Pablo Kuczinsky, quien fue escogido el martes 16.



OPORTUNIDAD PERDIDA



En medio de este panorama, Susana Villarán analizó los resultados del gobierno de Toledo, que ya se acerca al fin de su mandato, al que no le auguró «ningún buen final; Toledo va a terminar, pero languideciendo».

«Nosotros hemos perdido una vez mas, la oportunidad de hacer reformas profundas y de impulsar una transición hacia la democracia. Eso es una tragedia», destacó.

La economía ha crecido desde hace 50 meses, recordó Villarán. Este año se espera un índice de 5,3%. El año pasado ese crecimiento fue de 4,6% que si bien está por encima del promedio regional, no es suficiente para permitir una reducción de la pobreza.

Al mismo tiempo que crece la economía, añadió, «aumenta también la desigualdad y se mantiene en 52% el porcentaje de pobres. Hay libertades democráticas, funciona el estado de derecho, la economía crece, se han duplicado y diversificado las exportaciones; sin embargo se disparan también los niveles de desigualdad y pobreza, de desconfianza de las instituciones estatales y de la política».

Eso no es privativo del Perú, advirtió, «la democracia genera ilusiones muy grandes, difíciles de satisfacer, pero no se puede mantener democracia y niveles tan grandes de desigualdades».



DESILUSIÓN



Villarán se sumó a la opinión que prima en el Perú, de que Fernando Olivera, líder del Frente Independiente Moralizado (FIM), ejerce una influencia desmedida y difícil de explicar sobre Toledo.

Muy impopular, nadie se explica por qué el mandatario decidió imponerlo en la cancillería y desatar una grave crisis de gabinete. Villarán recordó que Olivera «es polémico porque ha traicionado las banderas de lucha contra la corrupción».

Se trata de un «matrimonio de conveniencia», estimó. «Nadie sabe hasta ahora por qué Toledo no se puede deshacer de esa alianza con Olivera que es una persona con poco respaldo popular, ni por qué se deshizo del ministro que tenía mayor simpatía entre la población, como Bruce.



IMPUNIDAD



El gran temor de Villarán y su partido, de cara a las elecciones de abril del próximo año, es que se «unan las fuerzas que  buscan la impunidad (el fujimorismo, que tiene un 16% de apoyo, según las encuestas, y el aprismo, con un apoyo ligeramente mayor) y la corrupción que haya existido en gobierno de Toledo».

El escenario electoral es de gran fragmentación. Allan García, expresidente y principal líder del APRA, y Lourdes Flores, excandidata presidencial de una coalición de derecha, tienen 17% y 18% de respaldo popular, según las encuestas. «La mayor parte de la ciudadanía no ha decidido por quién votar», asegura Villarán, quien teme que los partidos principales «hagan lo indecible para lograr una bancada que les garantice la impunidad».

Villarán, que podría ser candidata de su agrupación, recordó que el Partido por la Democracia Social nació hace siete años, en pleno proceso de lucha contra el fujimorismo. «Era gente que detestaba la política, entre ellos grupos de jóvenes universitarios. Se formó como un partido político que busca renovar la clase política que recién ahora busca su inscripción para entrar en proceso electoral de abril. El 11 de septiembre el partido definirá quién será su candidato.

«Hay que impulsar reformas profundas», afirmó. «El Estado está dormido, hay que acercarlo a la gente, promover la descentralización; realizar una revolución educativa. El Perú está en el penúltimo nivel de comprensión de lectura y en el último en comprensión de matemáticas. Los colegios públicos no funcionan», agregó, al asegurar que «la equidad es el eje de la revolución educativa».

Relatoría de la Mujer se reunió en Costa Rica

Exdefensora de Derechos Humanos en el Perú (95-97), durante el conflictivo gobierno de Alberto Fujimori, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Susana Villarán tiene a su cargo, en esa institución, la Relatoría de los Derechos de la Mujer.

«Hay un tema que nos interesa especialmente. Estamos haciendo aquí una consulta regional, que abarca Centroamérica y México, sobre los avances y barreras que impiden a las mujeres acceder de manera efectiva a la justicia.

Eso lo vamos a hacer en toda América Latina, en el Caribe, en EE.UU. y Canadá y en el Cono sur. Luego se emitirá un informe con recomendaciones a los Estados, a los que la Comisión se preocupa de dar seguimiento.

La semana pasada, bajo el auspicio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) se realizó en San José una reunión para evaluar las condiciones de acceso a la justicia de las mujeres en Centroamérica y México, como parte de esa serie de consultas subregionales.

La Relatoría fue creada hace diez años. Se adoptó el mismo año en que se aprobó la Convención de Belém do Pará, para prevenir toda forma de violencia contra la mujer, recordó Villarán.

A partir de ahí «se ha impulsado un diagnóstico de la situación de la mujer en la región», y se han estudiado diversos casos en los que son violados derechos de las mujeres. Villarán mencionó, por ejemplo, la reforma al Código Civil de Guatemala, que prohibía el trabajo de la mujer sin autorización del marido.

«Somos los mensajeros de las malas noticias», dijo Villarán, refiriéndose a los resultados de las investigaciones que realiza la Comisión, en las que constatan violaciones de esos derechos de por parte de gobiernos o de órganos judiciales.

La Comisión ha realizado relatorías especiales sobre la situación en Guatemala y sobre el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, México. La misión en Guatemala, iniciada en septiembre del año pasado, constató que, desde el 2001, 1.188 mujeres habían sido asesinadas. Solo en los siete primeros meses del año pasado, otras 352 mujeres perdieron la vida en ese país en actos de violencia.

Villarán se refirió a la existencia de lo que calificó de «un muro infranqueable» para que las mujeres puedan acceder a la justicia, y citó diversos motivos, entre otros los étnicos y los de carácter económico.