Toda clase de empresas están en mora con la seguridad social.
A pesar de que el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) obliga tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas, a presentar certificaciones de que están al día en el pago de cuotas patronales del seguro social, como condición indispensable para aprobar los presupuestos de las primeras, así como para que las segundas puedan seguir operando, el tema parece manejarse con gran laxitud.
Las deudas de instituciones públicas y empresas con la Caja ascendían a más ¢85 mil millones, en julio pasado, mientras en agosto de este año la cifra se ubica en ¢69 mil millones.
Las moras son responsabilidad de una amplia gama de actores: ministerios (en conjunto, ¢2.143.9 millones), empresas transnacionales, y compañías locales que -contra de lo que dice la ley- han seguido recibiendo concesiones por parte del Estado.
Así, por ejemplo, el 31 de mayo pasado, un grupo de diputadas y diputados pidió al presidente Abel Pacheco, «realizar una investigación sobre las concesiones otorgadas», en el Golfo de Papagayo, «y las deudas ligadas al grupo empresarial», representado por José León Schroeder Quesada, Ernesto Ruiz Gutiérrez y Mario Enrique Guardia Gutiérrez, quienes, en conjunto, adeudan a la CCSS más de ¢2.000 millones en cuotas patronales del seguro correspondiente a trabajadoras y trabajadores de compañías bananeras.
El presidente Pacheco, por su parte, respondió remitiendo la carta parlamentaria al Instituto Costarricense de Turismo y a la propia CCSS, para solicitar información al respecto.
 
 
La cosa se complica si se tiene en cuenta que en el proyecto turístico, representado por Guardia Gutiérrez, participa el grupo español Somersen, presidido por el excónsul honorario de Costa Rica en Sevilla, Bernardo Martín Moreno, de quien el diario La Nación señaló lazos de amistad con el Presidente. Adicionalmente, las diputadas y diputados firmantes de la solicitud señalan el vínculo de Ruiz Gutiérrez, otro directivo del Hotel Costa Blanca, en Papagayo, con «el Sr. Marco Vinicio Ruiz, tesorero de campaña del Dr. Óscar Arias Sánchez», candidato presidencial del Partido Liberación Nacional.
Otros ejemplos son empresas de transporte que como se sabe, operan gracias a concesiones públicas de las rutas.
La empresa Sociedad de Autotransportes de Cartago S. A. (SACSA), hizo noticia recientemente cuando se dio a conocer que perdió la concesión del servicio de bus entre San José y Paraíso, debido a que » la empresa incumplió las normas de calidad establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).» (LN, 28/8/05)
Como se ve, esta sanción no se debió al hecho de que la compañía debiese ¢236 millones, en cuotas patronales, a la Caja.
Por su parte, la empresa Transnica S.A., fue multada, por segunda vez, en julio pasado, por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), por cobrar de más por un tiquete hacia Peñas Blancas, la ruta para la que está autorizada. También en este caso, esa sanción nada tuvo que ver con el hecho de que la empresa adeudase más de ¢19 millones en cuotas patronales a la CCSS. Esta empresa autobusera pertenece a Oscar Alfaro, extesorero del Partido Liberación Nacional durante la campaña de Rolando Araya.
En la lista de deudores figuran también las empresas Alconstra S. A. y Corporación Britania del Pacífico Negro S. A., en conjunto por más de ¢76 millones. Se trata de dos compañías que han sido concesionarias del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Consultado por UNIVERSIDAD, el presidente Ejecutivo de esa entidad pública, Pablo Cob, dijo haber pedido investigar si el vínculo con aquellas persiste, a pesar de que él había pedido indagar esta situación.
Son decenas las empresas morosas, algunas muy conocidas -así como sus dueños-, otras no. Tunatún Internacional salió a la luz pública por el cierre en el 2004 de una planta en Alajuela debido a que contaminaba el río Siquiares en Ciruelas. En esa oportunidad, el segundo Vicepresidente de la República, Luis Fishman, reconoció ser el presidente de esta atunera. También, en el 2005 el Tribunal Ambiental Administrativo denunció a la empresa por el supuesto incumplimiento a la norma de vertidos y al reglamento de uso de aguas residuales, en su planta ubicada en esa provincia.
Continúan en la lista de deudores Corporación AMSA (ex Botica Francesa) del empresario Ricardo Gerli, La Bilbaína y BILSA -del empresario Tomás Artiñano-, Corporación Agroindustrial Yucateca, de Luciano Beeche, Parques Costa Rica (Montesacro), de Ramón Aguilar Facio, Exportadora Pro-plast, de Lanzo Luconi -vocal de la Cámara de Industrias-,según indica sobre este último un comunicado de prensa del Partido Acción Ciudadana. Esa información detalla que esta empresa inició un arreglo de pago con la Caja para reducir la deuda con la entidad.
Se encuentran también en la lista de morosos con montos superiores a los ¢30 millones, AseroCR Acori S. A., de Calixto Chávez, y el grupo de colegios Santa Cecilia, de Heredia, -cuyo dueño es Pedro Sánchez Muñoz.
Dado el visible deterioro que afecta al sistema de seguridad social debido a falta de inversiones, y como se verá en las siguientes páginas, resulta urgente tomar medidas para que tanto el Estado como las empresas particulares, se tomen en serio el cumplimiento de este compromiso social. (Colaboró María Flórez Estrada)

Algunas empresas deudoras

Empresas

Monto

Grupo de colegios Santa Cecilia

¢313    millones

Corporación Agroindustrial Yucatica

¢198.6 millones

Parques de Costa Rica S.A. (Montesacro)

¢176.9 millones

AseroCR Acori S. A

¢125.8 millones

La Bilbaína, BILSA y Espumas Bilsa S.A.

¢111.3 millones

Tunatún Internacional Costa Rica S.A.

¢  21    millones

Corporación AMSA (ex Botica Francesa)

¢  11.2  millones