Diputados cuestionan labor de mandos medios y junta directiva de Caja, mientras estos coinciden en que se debe hacer una reforma a la legislación
El impago de las cuotas obrero-patronales tiene envuelta a la CCSS en un nudo difícil de deshacer, por lo que necesita apoyo para cambiar ciertas leyes.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) considera que ciertos portillos legales permiten que grandes empresarios rehúyan el cobro de las deudas que tienen con la entidad, mientras que algunos diputados cuestionan este argumento y aseguran que se debe obligar a una actuación más efectiva a la junta directiva.
No obstante, ambas partes coinciden en que es urgente que se reformen ciertas leyes para que no haya una permisividad que es vista como normal por parte de los empresarios y algunos deudores.
La traba principal es cuando se le va a cobrar a una compañía y mientras se hacen los trámites esta cambia de nombre y sociedad anónima, explicó Asdrúbal Alpízar, Jefe del Departamento de Cobros de la CCSS.
 
 
Él admite que solo las empresas bananeras deben casi ¢5.500 millones y para el 3 de agosto la cifra total de deudores asciende a ¢69.692 millones.
Con esta última cifra se podría construir un hospital como el de Alajuela que costó cerca de $40 millones (¢82.644 millones).
En la historia de la CCSS se registran como incobrables ¢41 millones.

METIDOS POR TODO LADO

Al cuestionarle a Alpízar si existe algún tráfico de influencias entre políticos y empresarios que permite esta especie de impunidad, enfatizó que «a los patronos no se les da ningún privilegio».
Al preguntarle también por qué la Caja no cierra establecimientos o embarga bienes de personas físicas o jurídicas si está habilitada legalmente para hacerlo, aseguró que en Costa Rica «nadie va a la cárcel por deudas».
Dijo que «tenemos que cobrarle a los patronos y así lo hacemos. No estamos dándole indulgencias a nadie».
«Si usted hace una empresa yo no tengo una garantía para ejecutar. En el caso de las viviendas es diferente porque la casa queda como garantía», dijo.
«Comenzamos el cierre de negocios de acuerdo con nuestras posibilidades y aplicamos más de 1.600 cláusulas desde que iniciamos un programa especial para tal efecto desde el 2003 hasta la fecha».
También en los tres años anteriores utilizan un centro de llamadas para advertir a los deudores que tienen 60 días de atraso y así se evita el acumulamiento de deudas como se ha dado anteriormente.
Son miles quienes deben montos iguales o inferiores a ¢1 millón quienes constituyen el 80% de los morosos, mientras que el restante porcentaje se trata de grandes deudores.

LIMITACIONES PERJUDICIALES

Al preguntarle a Alpízar si tiene dificultades técnicas para cobrar, aseguró que «hace falta una inversión de recursos. A las leyes hay que hacerles modificaciones que nos faciliten cobrar con mayor efectividad. Se habla de personas deudoras, pero en realidad se trata de empresas de difícil cobro».
«Si la ley nos dijera que el representante legal es solidariamente responsable de las deudas con la seguridad social, sería otra cosa».
Ante esta situación, informó que plantearon ante la Gerencia Financiera de la Caja, así como la junta directiva de la Caja,                                                                                                              un proyecto de renovación de cobro.
«Podemos cobrar la cuota obrera por el delito de retención indebida que es solo el 40% de la deuda total. Muchas veces pagan la parte obrera pero la patronal no», manifestó el funcionario.
Si se aprueba, esperan presentarlo ante el Poder Ejecutivo o Legislativo.
«Esto se arregla cuando los políticos quieran arreglarlo» aseguró al relatar el caso de la cancillería que debe ¢1.386 millones pero no se puede ejecutar ninguna cobranza ya que los bienes del Estado son inembargables.

¿QUÉ DICEN LOS POLÍTICOS?

La diputada Gloria Valerín (Partido Unidad Social Cristiana -PUSC-) aseguró que la legislación necesita reformarse para enviar a la cárcel a los deudores.
«Esa es una de las legislaciones más importantes que debería tramitar la Asamblea Legislativa. Pero como lo que importa es el programa de gobierno del candidato liberacionista a la República, Óscar Arias, lo único que se tramita es el paquete fiscal y luego vendrá el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos porque ese es su otro interés», afirmó la legisladora.
El también socialcristiano, Ricardo Toledo, aseveró que «hay empresas que cambian el nombre social y siguen funcionando en la misma actividad productiva».
«Ha faltado mano firme por parte de las autoridades de la Caja y su departamento legal. Hay políticos metidos. Ojalá que a esos jerarcas se les llamara a la Comisión de Gasto Público de este parlamento para que den explicaciones».
Toledo aseguró que hizo un estudio con los morosos de la CCSS el cual envió a la presidencia de la entidad, pero aún no ha recibido respuesta.

INDEBIDA TOLERANCIA

El liberacionista José Miguel Corrales manifestó que «una de las cosas que más sorpresa me da es el incumplimiento de las autoridades de la Caja para hacer efectivo el pendiente de cobro».
«¿Cómo se explica que varias empresas bananeras estén exportando si deben cuotas a la Caja?», dijo.
«Si usted ve la listas de los morosos se encuentran personas influyentes de los partidos políticos y de funcionarios públicos que están inmersos en los atrasos. Entonces a los otros no los pasan a cobro».
Añadió que «existen intereses políticos para que se privatice la salud. Son los neoliberales que están en el PLN, encabezados por Óscar Arias, quienes quieren vender a la CCSS y consideran una mercancía a la salubridad pública».
Como desautorizada por la extrema permisividad que ha tenido desde hace décadas, lo cual la ha desautorizado para hacer cobros, califica el legislador Humberto Arce (Unión Patriótica) a la CCSS.
«El principal moroso es el Estado. Hay empresas constructoras y comerciales a las que se le dan licitaciones públicas aunque deban cuotas obrero-patronales», dijo.
«En todo esto hay compadre hablado porque existe un sector importante de empresarios».
A su criterio, la Contraloría General de la República es la primera llamada a investigar.
«El Ministro de Hacienda, Federico Carrillo y el presidente Abel Pacheco deberían tener una política dura de cobros», dijo.
Rodrigo Alberto Carazo (Partido Acción Ciudadana) relató que hace dos meses una comitiva parlamentaria conversó con la directiva de la Caja para analizar este problema y se les dijo a los diputados que en 15 días se les comunicaría una propuesta de solución, la cual aún desconocen.
«Indudablemente debería mandarse a la cárcel a quienes incumplen sus deberes, incluso a la misma junta directiva de la Caja», manifestó en coincidencia con la diputada Gloria Valerín.
«Los funcionarios de la Caja dicen que muchas de las personas que aparecen enlistadas han muerto o que ciertas compañías ya no existen. Para que no salgan otra vez con esa cantinela pedimos una lista de los cotizantes y aún la información no ha sido enviada», recalcó.