La necesidad de regular el recurso hídrico podría chocar con intereses comerciales.

Aunque hay argumentos contundentes para ordenar y regular su uso, el proyecto «Ley del recurso hídrico» navega por un cauce lleno de turbulencias en su camino hacia la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
Aprobado el pasado 14 de abril por la Comisión Permanente Especial de Ambiente, el expediente No.14.585 es un proyecto en el que si bien diversos sectores coinciden en reconocer que es  importante, algunos cuestionan sus alcances y se le oponen.
Otros, mientras tanto, estiman que es impostergable convertirlo en ley, aun cuando el texto presente debilidades (véase «Aprueban en comisión Ley de Recurso Hídrico», en UNIVERSIDAD del 21 de abril).
Dado que la «Ley de aguas» fue promulgada hace 63 años y conscientes de que es urgente renovar la legislación en esta materia, varias instituciones y organismos no gubernamentales unieron esfuerzos para hacer realidad la Ley de recurso hídrico antes de que concluya este gobierno.
Fue en este marco que se realizó recientemente el «II encuentro nacional para el seguimiento del proceso de construcción de la nueva ley del recurso hídrico en Costa Rica» -en el hotel Radisson-, en el cual participaron delegados del sector privado, del institucional, y del no gubernamental.

 
La actividad contó con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), de la Asamblea Legislativa, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Banco Interamericano para el Desarrollo, y Global Water Partnership Central America.
Como parte del acto, el jerarca del MINAE -Carlos Manuel Rodríguez- firmó el decreto ejecutivo «Canon por concepto del aprovechamiento de aguas ambientalmente ajustado», el cual incrementará -de $0,0007 a $1,63- las tasas de cobro a los más de 5.000 concesionarios de agua.
Asimismo, el MINAE y el PNUD firmaron un proyecto -que incluye el aporte de $100.000 de este organismo- para promover la gobernabilidad de los recursos hídricos y su conservación.
 
LEY OBSOLETA
 
Respecto de la necesidad de contar con una nueva ley que regule el agua en Costa Rica, Maureen Ballestero -de Global Water Partnership- recordó que la actual legislación fue creada en 1942 y se basó en ese entonces en la ley de aguas de España (1879).
Desde aquella época -comentó- hasta la actual ha habido muchos cambios de tipo económico, social y tecnológico, los retos del país son muy diferentes en las diversas áreas, y el agua es un elemento primordial en el desarrollo.
Si bien durante estos años se han introducido cambios a dicha ley, estos son parches que más bien han originado una maraña legal que no ha favorecido la gestión en torno a este líquido y provocan confusión en los sectores productivos, al no tener claridad sobre las reglas del juego, agregó Ballestero.
Mientras tanto, el representante del PNUD en Costa Rica -José Manuel Hermida- destacó el potencial hídrico, al tiempo que insistió también en la necesidad de aprobar el proyecto, con el fin de combatir los factores de ingobernalidad que enfrenta el manejo de este recurso, y que se convierta en un motor económico para el desarrollo.
En el encuentro estuvieron presentes los diputados Quírico Jiménez, Germán Rojas y Joyce Zürcher, quienes forman parte de la comisión legislativa ambiental.
Jiménez precisó que el proyecto aprobado es un compendio de otros tres que sobre el mismo tema fueron planteados, y que el texto fue consultado a distintos sectores, a lo largo y ancho del país. Sin embargo, representantes de la Cámara de Industrias y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, se quejaron porque se les tomó en cuenta en una versión anterior del proyecto, pero no en la última.
Por su parte, el diputado Rojas pidió hacer un gran esfuerzo para aprobar el plan, porque «para nosotros sería una gran frustración que no quede aprobado».
Entretanto, Zürcher -quien preside la comisión- criticó las prerrogativas que se le dan al Instituto Costarricense de Electricidad en el uso de agua y que seis empresas privadas de generación eléctrica estén cerradas porque se les venció el contrato, mientras que le compra energía térmica a Panamá.
 
PROYECTO POLÉMICO
 
La discusión en estos últimos tres años del proyecto de Ley del recurso hídrico ha estado lleno de polémica y su resolución final en la Asamblea Legislativa es difícil anticiparla, ya que -a pesar de su importancia- hay sector productivos que la perciben como lesiva a sus intereses y en esta lucha cuentan con el respaldo del Movimiento Libertario.
Los cobros para el consumo y contaminación de este recurso, así como la protección a las áreas de recarga acuífera y las consecuentes limitaciones a actividades  productivas, son algunos de los aspectos que más generan efervescencia.
Los diputados Quírico Jiménez y Gerardo Vargas -de la comisión ambiental- explicaron que el proyecto no impone nuevas limitaciones a la actividad agrícola, pues existe otra normativa que regula este campo. «El proyecto no prohíbe el desarrollo de toda actividad agrícola en las áreas de recarga, ni impide a los pequeños campesinos sembrar sus productos», aclararon.
Originalmente el proyecto despertó malestar entre los jerarcas de instituciones vinculadas al manejo del agua, por la asignación de la rectoría al MINAE. No obstante, el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillado -Rafael Villalta- dijo no tener problemas para reconocer que el MINAE es el ente idóneo para ejercer como rector del agua.
Por otro lado, el titular de este ministerio -Carlos Manuel Rodríguez- consideró como «un error tremendo» que se dejen fuera de las competencias del MINAE las concesiones de agua en general y que las relativas a cogeneración eléctrica sean incluidas en una ley especial.
Cabe mencionar, que el proyecto crearía (artículo 8) la Dirección Nacional de Recurso Hídrico, como «órgano técnico, de gestión institucional del MINAE, desconcentrado en grado máximo y con personalidad jurídica instrumental para administrar el patrimonio que esta ley le encarga». Además, «las concesiones para aprovechar las fuerzas hidráulicas en generación hidroeléctricas, se regirán por una ley especial» (artículo 75). Rodríguez indicó que en este sentido el Poder Ejecutivo no lo ha apoyado en su posición.
Al respecto, la Defensoría de los Habitantes recomendó incluir en esta ley el uso del agua para generar electricidad, independientemente de que la produzca el sector público o el privado.
Este tema relacionado con los cogeneradores fue sacado del proyecto, con el propósito de evitar una fuerte discusión y un eventual estancamiento en su avance.
De llegar en los próximos meses la Ley de recurso hídrico al plenario legislativo, no se descarta una avalancha de mociones de cambios, con lo cual su futuro quedaría en entredicho.
En abril pasado, el asesor legislativo José María Villalta advirtió que este proyecto es prioritario y su aprobación debe lograrse antes de que se discuta el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para proteger el recurso hídrico ante las amenazas que podría acarrear este convenio.