El crecimiento económico de Costa Rica no es atribuible a los empréstitos recibidos con el BID.
Las comisiones de compromiso que se cobran una vez que es firmado el crédito por parte del gobierno, oscilan entre el 0.5% y 1% del monto del empréstito.
Entre 1991 y 2001 Costa Rica adquirió compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $951 millones (C.461.235 millones al tipo de cambio actual) para financiar 19 proyectos en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.
Sin embargo, los proyectos tardan más de una década en implementarse, los objetivos se cumplen en apenas un 37% y el país paga millones de dólares por los intereses y compromisos de un dinero que no utiliza.
Así lo revelan un informe de  Oficina de Evaluación y Supervisión del BID y el análisis que sobre el mismo realizó la Fundación Eberth, facilitados a UNIVERSIDAD por la agencia Inforpress Centroaméricana.
 
 

OBJETIVOS SIN CUMPLIR

En este informe del BID, el cual analiza el período comprendido entre 1991 y el 2001, el banco reconoce que a pesar de que Costa Rica tuvo un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto del 4,3% en esos 10 años, muy poco de este se le puede atribuir a los proyectos que financian los préstamos.
El documento señala que al revisar el cumplimiento de objetivos en los proyectos, solamente un 37% fue calificado como satisfactorio, cifra que contrasta con las expectativas del banco que tasan el promedio en un 78%.
El banco reconoce la falta de comprensión de la situación particular de Costa Rica  en la región centroamericana, e inclusive, habla de un «desencuentro» entre la entidad y el país, donde en algunos casos las propuestas del banco fueron vistas «como parte del problema y no de la solución».
La Oficina de Evaluación también señala que en nuestro país existe una demora excesiva en la ejecución de estos créditos, los cuales duran entre 8 y 9 años para implementarse, lo cual significa más del doble del tiempo esperado por el BID y de lo pactado al firmarlos.
Estos atrasos provocan que los préstamos y proyectos necesiten ajustes en los montos y objetivos, ya que en períodos tan largos los problemas y el entorno cambian. Sin embargo, estos ajustes tampoco se hacen, situación que el BID reconoce como una deficiencia en la supervisión.
Factores como la grave situación fiscal, la complicada estructura burocrática y la fuerte presencia de inversión extranjera, no fueron tomados en cuenta por el BID al elaborar los proyectos, lo que finalmente incidió en el logro de objetivos.

COSTOSA LENTITUD

La evaluación realizada por la Fundación Ebert se basa en el mismo informe del BID, pero es más crítico y añade criterios más actuales en sus apreciaciones. Uno de los puntos señalados con más preocupación es el pago de «Comisiones de Compromiso».
Para que un empréstitos del BID entren en vigencia en nuestro país, se requiere del voto de dos tercios de los diputados en la Asamblea Legislativa (38 votos), lo cual implica un retraso, característico de este poder de la República.
Es por esto que desde el momento en que se firman los préstamos, el país se ve obligado a pagar las Comisiones de Compromiso, aún sin la aprobación de la Asamblea Legislativa; una medida que prácticamente obliga a los legisladores a darles el visto bueno.
Estas comisiones son un porcentaje que oscila entre el 0.5% y 1% del monto del crédito y son cobradas por los acreedores sobre los recursos que el país no desembolsa.
Según un estudio del Ministerio de Hacienda, citado por la Fundación Ebert, Costa Rica ha pagado $13 millones (C.6.305 millones) en Comisiones de Compromiso por 23 proyectos vigentes al 2004, monto que equivale a 2000 bonos para vivienda.
Al respecto el informe de Ebert indica: «Pero esto es un criterio cínico, el BID viabiliza sus programas mediante el Ejecutivo y las comisiones de compromiso son un instrumento de presión sobre el congreso, tal parece que para el BID la Asamblea debería aprobar sin más trámite y prontitud los negocios que pacta con el Ejecutivo, lamentablemente los efectos de estas comisiones por compromiso recaen sobre la población»
Como ejemplo de esto, la investigación de la Fundación Ebert menciona un crédito pactado en enero del 2001 por $65 millones para actualizar los planos catastrales del país y que luego de cuatro años sólo se ha utilizado $1 millón. Por no usar los otros $64 millones, el país ha tenido que desembolsar $700 mil, además de $37 mil en intereses (Cuadro I).
Al parecer, la aprobación de préstamos que luego no se utilizan es regla en nuestro país, ya que de $20 millones otorgados a la Corte Suprema de Justicia y tres años de pagar comisiones, solamente se ha utilizado el 3% del préstamo ($600.000); mientras que de los $14.4 millones adjudicados al Ministerio de Agricultura y los $6.3 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social, no se ha tocado ni un centavo luego de dos años.
Todo este desorden ha provocado que desde 1996 el balance entre lo desembolsado por el banco y lo que el país debe pagar tenga un saldo negativo que llega hasta los $90 ( C.43.650 millones anuales).

SE PAGA DE LO RECIBIDO

En relación con el desempeño financiero de la cartera de préstamos, el informe de la Fundación Ebert explica: «…de US$2.506 millones programados entre 1990 y 2001, sólo se aprobaron US$823, mientras que hubo US$928 millones desembolsados y una amortización de US$629 millones lo que da un flujo neto de US$299 millones, sin embargo, el monto por intereses y comisiones de US$594 millones es superior al saldo, por lo que el flujo de caja es de -US$294 millones, es decir, se ha pagado más en préstamos, de lo que se ha recibido de ellos (Cuadro II)».
Es evidente que con este balance, lejos de cumplir con el objetivo del banco de reducir el déficit fiscal, parece que la situación se agrava con cada préstamo y el país insiste en suscribir más, como los $116 millones para la Agenda Complementaria al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Actualmente se adeudan $809.4 millones al BID, de acuerdo con datos suministrados por Hacienda.

NO MAS PRESTAMOS

Para el economista Juan Manuel Villasuso, no cabe duda de que el BID ha sido relevante en el financiamiento de múltiples proyectos para el país, pero en los últimos años se ha comprometido con una agenda económica de mercado basada en la apertura y liberalización, por lo que condiciona los préstamos a la aplicación de esta agenda y restringe la posibilidad de que el país elija su modelo de desarrollo.
Al ser consultado sobre la conveniencia de que el país suscriba más créditos, su respuesta fue muy concisa: «Evidentemente la respuesta es no, no debe seguir asumiendo compromisos en proyectos para los cuales no hay capacidad de ejecución o para los cuales no se dispone de fondos de contrapartida».
Para Villasuso, es claro que el pago de comisiones por dineros que no se usan es una prueba de una gran ineficiencia administrativa, que contribuye a elevar el déficit fiscal.
«Me parece que la responsabilidad corresponde fundamentalmente al Gobierno de Costa Rica, tanto en lo que respecta al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa. Es claro que si los proyectos no se ejecutan no se obtendrán los beneficios esperados, y si además hay que pagar las comisiones de compromiso, entonces tenemos un doble perjuicio para el país».
El economista consideró que el país debe buscar mecanismos más ágiles para la ejecución de los proyectos, pero primero debe sentar responsabilidades sobre la actuación ineficiente, tanto de los funcionarios nacionales, como de los pertenecientes al organismo internacional.
«En primer lugar, se deben sentar las responsabilidades. No es posible que todos los costarricenses tengamos que asumir el costo de la ineficiencia e incapacidad y los funcionarios encargados de la ejecución de los proyectos no reciban ningún tipo de sanción».
Edgar Gutiérrez, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, considera que los préstamos del país con el BID se han tomado con un enfoque inmediatista, por lo que los pocos proyectos que concluyen con éxito no llegan a institucionalizarse, y los problemas siguen sin resolverse.
«El país no ha mostrado un interés institucional real por cumplir sus compromisos y resolver los problemas. Con estos préstamos sólo se trata de atacar un problema, pero nunca se piensa en impactar también el entorno, entonces la plata que se adquiere en deuda se va a la basura», comentó.
Gutiérrez también criticó el bajo índice de ejecución de los préstamos, al tiempo que los consultores se enriquecen con ellos, ya que el Estado no tiene las condiciones para que sean los funcionarios públicos quienes los ejecuten y adquieran esa experiencia.
El investigador señala que la mayor cuota de responsabilidad la tiene el país, ya que el BID simplemente se interesa por colocar desesperadamente su dinero, lo que vuelve estos empréstitos en un asunto enfermizo.
«El banco está en lo suyo, tiene muchísimo dinero y necesita colocarlo, lo que sí es irresponsable es que nosotros aceptemos todo lo que nos ofrecen y luego las cosas no se hacen, dijo Gutiérrez. Uno sospecha que hay complicidad de algunos sectores», finalizó.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del Ministro de Hacienda, Federico Carrillo, pero al encontrarse fuera del país se envió el cuestionario al Viceministro David Fuentes, quien remitió el cuestionario de nuevo a Carrillo vía correo electrónico. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta a nuestras inquietudes de parte del jerarca.

I. – Comisiones pagadas sobre créditos no utilizados, 2005 (En US$).

Comisiones

Años pagados

% desembolsado

MEP

1,458,156

13

99

CCSS

1,455,166

12

93

MEP

898,253

8

73

MIDEPLAN

707,728

15

97

CCSS

706,740

8

100

Catastro

701,650

4

2

Corte Suprema

386,941

8

94

M. Hacienda

333,846

7

95

Corte Suprema

113,569

3

3

Total

6,762,049

Fuente: Ministerio de Hacienda.

II. – Desempeño financiero de la cartera de préstamos (1990-2001) En US$ millones.

Préstamos programados

2.506.0

Préstamos aprobados

832.3

Desembolsos

928.6

(=) Flujo neto

299.5

(=) Flujo neto

299.5

(-) Intereses y comisiones

594.4

(=) Flujo de caja

294.9

Fuente: Informe de la Fundación Ebert, en base a datos de la evaluación del Programa País del BID.

GUATEMALA
Prestamos del BID colaboraron con crisis bancaria
El BID actualmente tiene $876.4 millones en préstamos pendientes de pago en Guatemala. En promedio, desde 1992, los fondos de este banco representaron 64% del total de dinero en préstamos de instituciones multilaterales en el país, reveló Inforpress Centroamericana.
El informe «Country Program Evaluation Guatemala», 1993-2003, encontró una cartera de préstamos con grandes atrasos en desembolsos, deficiencias en el cumplimiento con normas de supervisión, y un creciente nivel de proyectos en riesgo debido a atrasos en su implementación.
De los 19 proyectos estudiados, 10 presentaron atrasos en su ejecución, en cinco había improbabilidad de obtener resultados, y en siete fueron encontrados defectos en los supuestos utilizados para elaborarlos.
Durante el período se realizaron menos de la mitad de las 112 visitas técnicas y las 112 visitas financieras requeridas; y entre 1998 y 2002 la mayoría de las auditorías financieras externas de la cartera de inversiones detectaron irregularidades y produjeron dictámenes con reservas, haciendo que la cartera en Guatemala sea la peor del BID en las recomendaciones de los auditores.
«La evaluación determinó que deficiencias en la supervisión de la cartera permitieron continuar sobre el tiempo irregularidades conocidas y sospechadas, poniendo en riesgo la reputación del Banco…», afirma en informe.
«Problemas en la oficina nacional (del BID) que están siendo resueltos ahora, se gestionaron durante un largo período, lo que implica que Guatemala y el Banco deben aclarar cómo permitieron que ocurrieran estos problemas», continuó.
CRISIS BANCARIA
Quizás el caso más dramático en la evaluación, en relación con el impacto macroeconómico de un programa del BID, fue su papel en las reformas del sector financiero.
El Programa de Modernización del Sector Financiero, con un préstamo de $132 millones, fue aprobado en 1993, con tres objetivos: aumentar la eficiencia en el reparto de recursos financieros; mejorar la capacidad de intermediación financiera y el acceso global al crédito; y mejorar la solvencia del sistema financiero.
El programa cumplió sus metas en cuanto a la expansión de servicios financieros, pero, de acuerdo con la evaluación, es «improbable» que haya logrado la meta de crear reglamentos prudenciales, debido a que tales reglamentos «enfrentaron fuerte oposición de los bancos comerciales».
«De hecho, una crisis bancaria al final de los años 90 ilustra el no cumplimiento de las condiciones», afirma el informe. Aunque la condicionalidad del programa en cuanto a la supervisión fue parcialmente cumplida: «el objetivo clave de aumentar la autonomía operacional de la Superintendencia (de Bancos), sin embargo, no se cumplió».
La conclusión de la evaluación en relación con este hallazgo es abrumadora: «La falta de autonomía operacional de la Superintendencia bien habría contribuido a la crisis al final de los años 90; en todo caso, no ayudó evitarla… Se puede argumentar que el Programa de Modernización del Sistema Financiero solamente reverenció el reglamento prudencial y la supervisión (sin tomar las debidas acciones)».
«El nivel y la calidad del reglamento y la supervisión se mostraron insuficientes, cuando, después de la firma de los Acuerdos de Paz, los capitales comenzaron a fluir hacia el país en escala masiva, alimentando un «boom» en créditos, amplificado por políticas monetarias y fiscales poco estrictas… Varios bancos fueron afectados por problemas crónicos de liquidez y recibieron asistencia del BANGUAT (Banco de Guatemala). En apoyo a los bancos insolventes, Guatemala incurrió en una carga financiera equivalente al 2% del PIB (Producto Interno Bruto) entre 1999-2002″. Este monto es equivalente a aproximadamente $470 millones.
En otras palabras, el BID, al promover la liberalización del sector financiero, sin asegurar la creación de reglamentos prudenciales y supervisión moderna, contribuyó a crear una situación propicia para la crisis financiera que costó a Guatemala $470 millones, sin contar el pago del préstamo