A pesar de la suspensión de labores, el servicio del agua para la población no ha cesado.
La huelga en AyA es la única en que todo el personal (cerca de 3.500 empleados) se ha adherido al movimiento.
La actual huelga de los empleados de Acueductos y Alcantarillados es la primera en ser declarada legal en una institución estatal que brinda un servicio vital.

En la historia de nuestro país se han declarado 26 huelgas legales; de estas solo seis fueron realizadas por empleados públicos, cinco por el magisterio nacional y la iniciada el 10 de octubre por el personal del AyA. Estos datos están incluidos en la tesis de grado «Estudio comparado del derecho a la huelga» (1994), elaborada por Édgar Alfaro Muñoz.

Esta última surgió ante una petición del personal del AyA que demanda un incremento del 18 % en todos los salarios y la separación del régimen del Servicio Civil.

Hace siete años, los trabajadores estatales no podían ejercer su derecho a la huelga porque los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo establecían un impedimento absoluto a esta clase de movimientos, pero desde 1998 se declara inconstitucional esta limitación.

Según el Código de Trabajo, para que una huelga sea declarada legal debe cumplir principalmente con tres requisitos. El primero debe obedecer a lo establecido en el artículo 376, por el cual la huelga debe ser un abandono temporal de trabajo, ejecutado pacíficamente, por más de tres trabajadores, y con el propósito de mejorar o defender los intereses económicos y sociales comunes.

El segundo punto es haber agotado todos los procedimientos de conciliación; para ello la jueza encargada de examinar la legalidad, verifica que este movimiento no fue impulsivo, sino que desde hace meses las partes en disputa buscaron un acuerdo y al no conseguirlo se decide ir a la huelga.

El último es que el movimiento debe de ser ejecutado por el 70% del personal de la empresa o negocio.



NUEVO OXÍGENO



Para la Asociación de Trabajadores del AyA (ASTRAA) la declaratoria de legalidad fue un logro clave, tanto así que se convirtió en un nuevo oxígeno y un impulso que les quitó los temores de ver perjudicado el bienestar de las familias de los trabajadores.

«Esta huelga es legal no solo por cumplir con las formalidades, sino porque todo nos organizamos para que a nadie le falte el agua, hay 300 empleados que aunque apoyan el movimiento, trabajan para no perjudicar a los usuarios,» enfatizó Walter Navarro, Secretario General del ASTRAA.

Agregó que ellos no pretenden que se le conceda un 100% de las peticiones, sino que están dispuestos a escuchar ofertas justas; tampoco cederán fácilmente porque estudios realizados comprueban que el AyA puede pagar lo que demandan, ya que tiene un superávit de más de mil millones de colones.

Al respecto Alexander Godínez, abogado laboralista, confirmó que dentro de esta dinámica es razonable que en los movimientos huelguísticos se pida más  de lo que pretenden recibir para obtener  algo razonable, porque de lo contrario, generalmente les darán menos.

Otra de las solicitudes que pretenden los trabajadores del AyA es la «deshomologación» (salirse) del Servicio Civil, ya que según los sindicalistas pertenecer a este régimen los perjudica porque su escala de salarios es más baja que la de instituciones  autónomas como RECOPE y el INS.

«El gobierno ofrece ayudarnos con un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, pero cuando nos adherimos al Servicio Civil lo hicimos por un decreto, ahora nos podríamos separarnos de la misma forma,» aseguró Navarro.

Por su parte Rafael Villalta, presidente Ejecutivo AyA dijo que el gobierno no está en condiciones para «deshomologar» al AyA , ya que se verían obligados a considerar la petición de otras 40 instituciones que también lo desean.

Aclaró que el gobierno ya ha probado sus buenas intenciones al subir en un 9,81% los salarios del Servicio Civil, además de ofrecerles un aumento del 8,19 % para los empleados del área técnica y operativa del AyA.

Este último punto plantea una nueva disputa entre las partes, ya que los sindicalistas enfatizan que aunque están conscientes de que el gobierno no tiene la obligación de equiparar todos los salarios, argumentan que esta lucha incluye a todo el personal del AyA.

El abogado Godínez, aunque considera justa la lucha, señaló la difícil posición del gobierno, ya que los beneficios obtenidos por los trabajadores del AyA se podrían convertir en un efecto en cadena que podría extenderse a otros sectores públicos.

«El gobierno no quiere dar nada porque alegan que se lo tendrían que dar a los 35.000 empleados públicos que dependen del Servicio Civil, pero somos nosotros quienes estamos en huelga para luchar por nuestros intereses,» advirtió Navarro.



NO HAY VOLUNTAD



Ambas partes coinciden en que las negociaciones están en punto muerto. Los sindicalistas alegan que no hay voluntad política y el gobierno defiende que aunque ha hecho su máximo esfuerzo los huelguistas quieren imponer sus peticiones.

La próxima semana esta disputa podría dar un giro decisivo al presentarse una revisión de la legalidad de la huelga. Villalta esta seguro que esta resolución obligará a las partes a dialogar.

«Estratégicamente no es conveniente pedir esta revisión, ya que esto podría activar un detonador y afectaría la transparencia y buena fe de la negociación,» dijo Godínez.

«El gobierno no está dispuesto a ceder para solucionar el conflicto y por eso planeamos empezar una huelga de hambre», declaró Navarro.