El sistema judicial ha invisibilizado el abuso contra las personas menores de edad.
El abuso y la explotación sexual intervienen en contra del adecuado desarrollo de la  infancia y la adolescencia de unas 150.000 personas menores de edad.
Por primera vez se analiza en Costa Rica cómo se han construido  y transformado histórica y socio culturalmente las percepciones  y sanciones  sobre el abuso sexual y la prostitución infantil y juvenil desde el siglo XIX hasta el presente.

Este es el resultado de un trabajo de compilación realizado por la historiadora Eugenia Rodríguez Sáenz, de la Universidad de Costa Rica, quien además es la editora del  libro «Abuso sexual y prostitución infantil y juvenil en Costa Rica durante los siglos XIX  y XX». Este fue presentado a la prensa el 4 de noviembre, por la Rectoría de la Universidad Nacional (UNA),  en el marco de las actividades de  celebración del XXX aniversario del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO).

Rodríguez, además, elabora el segundo capítulo del libro donde escribe sobre «Víctimas inocentes/amenazas corruptoras. Niñez, invención del  crimen juvenil y abuso sexual en Costa Rica (1800- 1850 y 1900-1950)», mediante el análisis de las percepciones de la época respecto a la niñez y la delincuencia juvenil femenina vista a través de los casos de violación, estupro e incesto; así como sobre la defensa del honor de la familia y la comunidad, el cual era más importante que la misma víctima, por lo que se perdonaba al violador si aceptaba casarse con la muchacha o pagaba una dote por ello; al varón se le veía como un ser vulnerable ante la «malicia» femenina y a la niña y adolescente se les veía como adultas pequeñas capaces de provocar  al hombre,  por eso en casos de abuso debían  probar el honor de la familia.

En la publicación se cuestiona el doble papel  de la sociedad, las políticas, la legislación, las instituciones y los medios de comunicación, como reproductores de mitos y percepciones y en el enfrentamiento de tales problemáticas. El tratamiento de estas últimas se plantea desde las percepciones   pasado/presente e interdisciplinaria y a partir  de los enfoques de control social, género, derechos humanos y de la niñez.

La obra consta de seis capítulos, que reúnen los resultados parciales de investigaciones realizadas en la década anterior, elaboradas con base en el análisis cuantitativo y cualitativo de diversos tipos de fuentes, entre ellos expedientes judiciales, de salud pública y de profilaxis; códigos civiles, penales y la legislación correspondiente, así como artículos periodísticos y encuestas de opinión pública.

El primer capítulo es del historiador José Manuel Gil Zúñiga, quien denuncia que en la época 1880-1941 se controlaban el espacio, los  hombres, las mujeres y las almas, mediante el derecho, la educación y la religión.

El tercer capítulo es de Mayra Campos Zúñiga, especialista en derecho penal juvenil, el cual versa  sobre la concepción de la niñez a través de la criminalización del abuso sexual en Costa Rica (1841-1941). Señala que en el proceso de denuncia del delito sexual la víctima se encontraba triplemente revictimizada por la comisión del hecho, el mismo sistema judicial y la fuerte sanción social, por estar en juego el honor familiar y comunal, e incluso el rechazo familiar, así como la imposibilidad de un matrimonio legítimo.

Agrega que mediante el análisis de los delitos de la sodomía,  el estupro, la corrupción y el incesto, se puede observar cómo fue visualizada  la niñez a través de la historia. No se les reconocía como personas sino como seres  para satisfacer los deseos o necesidades de las personas adultas, objetos de propiedad sobre los que sus padres tenían derechos de autoría.

Del estudio histórico-jurídico de cien años de la normativa penal (181401914), ella revela que se avanzó muy poco en la protección de las víctimas de abuso sexual infanto-juvenil y se manifestó una posición de tolerancia ante este tipo de conductas.

El cuarto capítulo es del historiador  Juan José Marín  Hernández, sobre la prostitución y explotación sexual infantil y juvenil en San José (1860-1949), cuyas víctimas luego de ejercer profesionalmente terminaron como amas de su propio burdel. Señala que la explotación sexual puede alcanzar de 100.000 a 160.000 personas menores de edad, y no unas  30.000 como dicen las cifras oficiales.

Durante la presentación del libro, la directora del Instituto  de Investigaciones en Niñez y Adolescencia de la UNA, Ana Teresa León, dijo que todavía hoy «tenemos muchos problemas con los jueces» en esta materia. Denunció que se ha dado una situación de impunidad y que el sistema judicial sigue siendo indiferente al abuso y a la explotación sexual infantil y juvenil y ha invisibilizado el abuso contra las personas menores de edad.

Denunció que «los códigos mantienen una visión patriarcal, donde el varón se considera dueño y señor, incluso de las mujeres. No logramos pasar del discurso a los hechos para evitar este tipo de abusos».

Agregó que datos internacionales dicen que entre un 10% y un 15% de la población ha sufrido abuso sexual. «Casi un 10% de la población costarricense está en condición de abuso, eso significa que en una población  de 1.500.000 personas menores de edad, hay 150.000 infantes que lo sufren».

El quinto capítulo del libro es de la psicóloga Blanca Valladares  Mendoza, sobre el trato noticioso del abuso sexual infantil que dan los medios de comunicación, a los cuales León acusó  de contribuir a la legitimización de la explotación sexual infantil, denunciar poco a los negocios y los clientes de la prostitución infantil «aunque es fácil llegar a ellos», revictimizar a las víctimas y manejar el tema de una manera superficial.

En el sexto capítulo Vilma Pernuti e Irma Sandoval, directora y subdirectora del IDESPO-UNA, hacen referencia a los resultados de dos encuestas del IDESPO  (2001 y 2003) sobre las percepciones ciudadanas en torno al abuso y la explotación sexual, los cuales el Semanario UNIVERSIDAD dio a conocer en su oportunidad.

La directora del Instituto  de Investigaciones en Niñez y Adolescencia recalcó la necesidad de  establecer estrategias más eficaces contra el abuso y la explotación sexual infantil y juvenil.

Dijo que alguien tiene que hacerse cargo de la educación sexual de las familias en este país y que se requerirá de un equipo interdisciplinario, incluso con neurólogos,  para  conocer  las diferentes formas de pensar de hombres y mujeres, a fin de que los esfuerzos realizados resulten más efectivos.

Agregó que «el elemento de la prevención es muy importante, por lo que se requiere poner ahí las baterías y la energía».

Así mismo, indicó que en el periodo de 8 a 14 años de edad es el momento en que se puede hacer una intervención más efectiva.