Menos del 3% de la flotilla nacional está adecuada para el acceso a personas en silla de ruedas pese a que la ley 7600 ordenó el 100%  a partir del 2003.
El diputado del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) Federico Vargas, quien presenta una discapacidad, presentó una reforma que limita la obligación que tienen las empresas de buses de tener una flotilla totalmente apta para que aquellas personas que usan silla de ruedas y utilizan este servicio de transporte público.

Esta obligación fue establecida por la Ley 7600 de igualdad de oportunidades, promulgada hace 9 años, la cual determinó que en el 2003 el 100% de la flotilla nacional de buses debería contar con la rampa para ser accesible a esta población.

Sin embargo, esta medida ha sido incumplida por la mayor parte de las empresas de buses, ya que solo el  3% de éstas dispone del transporte con las disposiciones necesarias.

La Universidad de Costa Rica, que recientemente adquirió buses para el transporte interno de estudiantes, funcionarios y usuarios de la institución, cuenta con una flotilla que cumple con estos requerimientos en acatamiento a la legislación vigente.

Tras la presentación de un recurso de amparo, la Sala Constitucional ordenó recientemente a las empresas adquirir la rampa para transporte de estos pasajeros pues será requisito en la revisión técnica del 2006.

Sin embargo, ante una petición de la Cámara Nacional de Autobuseros, el legislador del PUSC propuso un proyecto de reforma que pretende que la norma no sea acatada por el 100% de la flotilla nacional de autobuses, sino por el 8% de cada empresa que sea titular de uno o varios permisos, concesiones o rutas de ese tipo de transporte público. Así por ejemplo, si un concesionario utiliza 50 autobuses en una ruta, al menos 4 de ellos deberán estar adaptados para permitir el acceso de las personas que utilicen sillas de ruedas.

«Si el 100% de los buses estuvieran obligados a ser accesibles, el sistema de transporte público colapsaría porque ninguno pasaría la revisión técnica. Además, adecuar un bus con la rampa para silla de ruedas cuesta $10.000. Si todos los buses lo hicieran, las tarifas subirían de precio», explicó Vargas.

Por tanto, dijo, esta es una alternativa realista que «no violenta los legítimos derechos adquiridos por las personas con discapacidad y tampoco afecta el bolsillo de los usuarios del servicio».

Sin embargo, el Presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), Álvaro Hernández, expresó que esa reforma probablemente responde a intereses económicos y no a un verdadero interés humano. En su opinión, esa alternativa limita el acceso de los usuarios con discapacidad al pretender que las personas en silla de ruedas se adecuen a ciertos horarios de atención sin tomar en cuenta si trabajan, si tienen una emergencia u otra necesidad.

«Aunque estamos conscientes de que es difícil y costoso, el Consejo sigue defendiendo que el 100% de la flotilla debe estar adecuada y no es posible pretender reducir este porcentaje a un escaso 8% de la flotilla de cada ruta. Se necesita una cifra más razonada», aseguró.



POSIBLES AFECTADOS



No obstante, el diputado Vargas dijo que la población con discapacidad que podría verse afectada es mínima: de toda la población con discapacidad, que equivale al 8,5% (280.676) de la población nacional, solo el 14% usa silla de ruedas (43.540) y como este mes se exonerará el pago de impuestos de los vehículos para esta población, serán menos quienes viajen en bus.

Pero, Hernández respondió que el porcentaje de personas que requieren que los buses sean adecuados para entrar con silla de ruedas, tomando en cuenta las personas con amputaciones, con lesiones más leves, adultos mayores y demás, asciende al 15% de la población nacional. «Estaríamos hablando que más de 500.000 personas las que se verían afectadas, lo cual es una cifra nada despreciable».

El legislador sostuvo que el proyecto está en discusión y no es definitivo. «Quiero que se discuta entre consumidores, autobuseros y personas con discapacidad. El proyecto está sujeto a cambios y el lugar más propicio para desarrollarlos es en la Asamblea Legislativa», expresó.

El presidente del Consejo anunció que este organismo seguirá haciendo conciencia en algunos diputados y a través de la prensa y que las organizaciones a favor de los derechos de las personas con discapacidad están preparadas para iniciar movilizaciones de protesta enérgicas, de ser aprobada la reforma.