La democracia es un contrato en donde los miembros de la sociedad civil, mediante el voto en las elecciones, elige a sus representantes para que gobiernen en beneficio de ella. En otras palabras, las campañas políticas que culminan en elecciones nacionales son un compromiso o contrato en el cual la candidata o el candidato se compromete con el pueblo, si resulta ganador o ganadora, a gobernar para favorecer a ese pueblo que mediante el voto aceptó y concretó ese compromiso.  Pero si los gobernantes al llegar al poder solo responden a los intereses y beneficios de una elite política empresarial corrupta que solo gobierna para satisfacer su propio bienestar y la de sus grandes negocios, quebrantando ese pacto democrático que los legitimó como representantes de esa sociedad civil, al pueblo no le queda más remedio que recurrir a diferentes acciones para restablecer el orden legal constitucional que ya no existe, pues ha sido desconocido por los mismos gobernantes que una vez se comprometieron a acatarlo.

Un estado democrático de derecho solo tiene validez y es acatable cuando quienes lo vigilan y lo ejecutan son personas de intachable conducta moral y humana y de  irrefutable honorabilidad.   Un verdadero sistema democrático, fundado en la legalidad del derecho, debe ser un fiel representante de la Constitución Política  y del marco jurídico legal en el cual se sustenta su funcionalidad. En otras palabras: «un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Cuando esa legalidad democrática es obviada, violada y corrompida por sus gobernantes, pierde toda legitimidad ante el pueblo y, por lo tanto, se convierte en una convocatoria a la protesta popular y en una invitación a que la sociedad civil asuma con toda legitimidad legal y moral la revisión y corrección de lo que debe ser un estado de derecho.

Vistas así las cosas, podemos decir que en Costa Rica desde hace mucho tiempo nuestros  gobernantes rompieron el «contrato democrático» que les dio potestad para ostentar el poder que un día el pueblo les confió. El saqueo a las instituciones públicas, el tráfico de influencias, el padrinazgo político, los privilegios y el oportunismo, el legislar en beneficio propio, los pronunciamientos constitucionales sesgados, el beneficio de sus empresas, el abandono total del bienestar social, etc., demuestra que los políticos tradicionales abandonaron y violentaron aquel «contrato democrático» en el cual se comprometían a gobernar en beneficio de toda la población. Mejor muestra de esta traición al «contrato democrático» lo expresa con claridad  la firma del TLC con los EEUU. Siendo representantes de la sociedad civil discutieron, aceptaron y firmaron un documento a espaldas de ella, desmantelando las instituciones públicas y  entregándoselas a las grandes transnacionales extranjeras, violentando la soberanía nacional, abriéndole las puertas del mercado nacional para que las grandes corporaciones liquiden a nuestros agricultores y nuestros pequeños y medianos empresarios, atacan la  salud pública con el desconocimiento de la medicina genérica, etc.

Cuando los gobernantes no cumplen con el mandato popular asignado a su cargo, es decir, no gobiernan en beneficio del pueblo, humana, moral y legalmente, la población está en todo su derecho  de sublevarse y revelarse contra aquellos que desplazaron el «contrato democrático» por el «contrato fraude». Las manifestaciones, las huelgas, los paros, el mitin, las movilizaciones, se convierten en un deber y en un derecho que tiene la sociedad civil para rectificar y volver a su «lugar» el «contrato» que le dio origen al poder de sus gobernantes. Los insumos con los cuales tienen que orientar su lucha deben ser aquellos que en ese momento demanden las circunstancias históricas. Por eso no carece de legitimidad legal y moral aquel pronunciamiento que dice «al TLC lo derrotaremos en las calles». Es en ese sitio, por culpa de nuestros gobernantes, donde al parecer, desgraciadamente, podremos establecer la legalidad del sistema democrático, ahora mancillado por aquellos que un día juraron defender a la patria y a su sociedad civil. Por eso vale la pena, en estos tiempos difíciles que vive la sociedad costarricense, recordar las palabras de Rousseau: «El mitín que termina por estrangular o destronar al Sultán es un acto tan jurídico como aquellos por medio de los cuales el disponía de la vida y de los bienes de sus súbditos». Al luchar por sus derechos, las mujeres y los hombres oprimidos, recuperan su dignidad perdida.