Proyecto de ley para las telecomunicaciones tenderá a privatizar los servicios, aseguran sindicatos.
A pesar de que las autoridades del gobierno lo manejan con gran hermetismo, los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ya lo conocen y han anunciado que enfrentarán con todas sus fuerzas el proyecto de «Ley general de telecomunicaciones», el cual en su criterio es ni más ni menos que la privatización de estos servicios estatales. UNIVERSIDAD tuvo acceso a este documento de 53 páginas, cuyo objetivo aparente es «regular las redes y servicios de telecomunicaciones, así como el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico en ejercicio de las competencias del Estado». La eventual privatización la confirma el Transitorio IX: «A partir del 1 de enero del 2007, los operadores y proveedores podrán competir efectivamente para suministrar directamente al cliente servicios inalámbricos móviles y todos aquellos nuevos servicios que surjan en virtud de los adelantos tecnológicos». Este proyecto lo prepararon varios miembros del Consejo Económico del gobierno -entre ellos, el asesor externo del Banco Mundial, Jorge Calderón- y se espera que en los próximos días sea conocido por el consejo gubernamental en pleno, tras lo cual deberá anunciarlo al país el mandatario Abel Pacheco, si es que le da su aval. El presidente Pacheco ha expresado apoyo durante su gestión, para que el ICE se mantenga como un ente estatal, aunque no mantuvo su promesa inicial de que las telecomunicaciones no serían negociadas por el país dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. No obstante lo anterior, también Pacheco salió el pasado 27 de noviembre -en una cadena nacional- a defender con vehemencia el proyecto de ley de fortalecimiento del ICE, enviado recientemente por su administración a la Asamblea Legislativa. Este proyecto es rechazado por los sectores político-empresariales del país, ligados algunos con inversionistas extranjeros. Con la redacción final del texto de telecomunicaciones, el gobernante está frente a una nueva encrucijada, pues deberá decidir si acuerpa lo preparado por su equipo económico, o se une a quienes afirman que este proyecto entrega mucho más de lo que exige el TLC. Este Semanario quiso conocer el pasado 13 de enero la opinión al respecto del presidente ejecutivo del ICE, Pablo Cob Saborío. Sin embargo, dijo que analiza -con una comisión institucional que nombró- los alcances del proyecto y sería hasta la siguiente semana que podría referirse al tema. Sí manifestaron su oposición rotunda Fabio Chaves, presidente de la Asociación de Empleados del ICE (ASDEICE); Jorge Arguedas, secretario general de la Asociación de Técnicos en Telecomunicaciones (ANTTEC); y Ricardo Segura, integrante de la ANTTEC y del Frente Interno de los Trabajadores (FIT). Igual posición externó a título personal, el especialista en telecomunicaciones del ICE, Ing. Gerardo Fumero.

¡PEOR QUE EL TLC!

De la lectura del proyecto, queda en evidencia que la regulación y administración de los servicios estará en manos de un ente rector: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que en teoría es autónomo, pero que sus cinco integrantes serán nombrados por una instancia netamente política, como lo es el Consejo de Gobierno. De igual manera, el plan tiene entre sus buenas intenciones «fomentar las prestación de los servicios de telecomunicaciones como un derecho de los habitantes», incrementar su acceso, promover la competencia y la calidad de los servicios, y apoyar la educación, la cultura y el comercio; todo ello bajo los principios de solidaridad, universalidad, competencia efectiva y transparencia. Pese a lo anterior, por otro lado el proyecto estipula que los proveedores de servicios «fijarán sus precios libremente», y que «son prohibidos los subsidios cruzados entre servicios y la fijación de precios inferiores al costo». UNIVERSIDAD sometió el documento del proyecto a conocimiento del experto en telecomunicaciones Gerardo Fumero, quien dijo que «es más grave que el TLC, pues tiene mayores concesiones». Recordó que en el marco del TLC a Costa Rica se le permitieron ciertas «concesiones» en materia de telecomunicaciones en comparación con las exigencias a que fueron sometidos el resto de países centroamericanos. Pero, con la «Ley general de telecomunicaciones» prácticamente se «nivela la cancha» con Centroamérica, al  desechar las ventajas otorgadas en el Anexo 13 e impulsar la apertura total. Fumero criticó que se excluya de la aplicación de esta ley a los servicios de radiodifusión y televisión (artículo 2), aunque sí cubrirá a la infraestructura de red que utilicen. Estima que en una ley general como esta deben ser incluidos todos los servicios y si no se hace así es porque el gobierno no quiere comprarse un pleito con la prensa, para que la ley pase. Ironizó por el principio rector de solidaridad que establece el artículo 4, cuando en la realidad la aplicación de este proyecto implicará en su opinión justo lo contrario: desarmar el modelo solidario que practica el ICE. De acuerdo con el inciso e del artículo 7, las empresas privadas que entren al mercado tendrían «acceso físico y control sobre el espacio en instalaciones de operadores de redes públicas de telecomunicaciones con el fin de instalar, mantener o reparar equipos». Aquí se estaría hablando del ICE y su subsidiaria RACSA, que tendrían que facilitar sus instalaciones al costo, para que los empresarios hagan sus negocios, censuró Fumero. También lamentó que muchas de las disposiciones tecnológicas a las que obligaría dicha ley están dirigidas a que las facilite el ICE -como proveedor con poder sustancial de mercado. Mientras que esta entidad ha invertido cuantiosos millones en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, las nuevas empresas montarán sus servicios a costo de la infraestructura estatal y a precios de costo. Esto se ve claro con lo que dispone el artículo 38, el cual dice que «se consideran recurso (sic) escaso las canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones y demás instalaciones requeridas para la instalación y operación de las redes públicas de telecomunicaciones y a la provisión de servicios de telecomunicaciones».

RECTORÍA POLÍTICA

Otro cuestionamiento suyo tiene que ver con la rectoría del sector (artículo 9) que asumirá el «Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones», a quien le corresponderá definir, dirigir y revisar las políticas para esta área, así como representar al país ante organizaciones y foros internacionales sobre el tema. Según Fumero, al ser el nombramiento de los ministros de carácter político, cada cuatro años este entonces será cambiado y con ello se pierde la experiencia y el conocimiento adquirido durante su gestión. Además, un ministro nuevo no tendrá la capacidad de defender adecuadamente los intereses nacionales en los foros internacionales. Por eso, el nombramiento debería recaer en un experto que no esté sujeto a los vaivenes electorales. Por la misma razón cree absurdo que ese ministro deba elaborar cada cuatro años (artículo 10) el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, ya que un plan como este deber ser de largo plazo. En cuanto a la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como «institución autónoma», puso en seria duda su transparencia, dado que los nombramientos estarían a cargo de una instancia netamente política: el Consejo de Gobierno. A su parecer, la integración de la CRT bajo criterios políticos, podría prestarse para el tráfico de influencias y la corrupción, pues estas personas tendrán en sus manos la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico, vigilar el cumplimiento de esta ley, dirimir conflictos entre operadores, velar por el usuario, aprobar cánones y tasas, y dictar reglamentos técnicos. Por otro lado, al derogarse las competencias que le asignó la Ley No.1758 (1954) al Departamento de Control de Radio, la administración y control del espectro radioeléctrico pasa a la CRT, que tendrá entre sus objetivos optimizar su uso, y reasignar una frecuencia o bandas de frecuencias cuando «lo exijan razones de eficiencia». Fumero aseguró que esta normativa es una amenaza para las bandas de telefonía que posee el ICE, en vista de que deberá demostrar que las utiliza de manera eficiente, concepto que podría ser manejado de forma subjetiva por algunos. Además, en la pugna por privatizar los servicios, algunos sectores sostienen que la institución administra sus bandas de forma ineficiente y que un ordenamiento partiría por su reasignación. «Si se parte de estos compromisos, estos señores que tendrían que administrar el espectro posiblemente sean congruentes con ese pensamiento neoliberal -que permea este proyecto de ley-, ante lo cual uno podría esperar que exijan al ICE devolver buena parte del radioespectro, por supuesto manejo ineficiente», puntualizó. De hecho, el Transitorio X ordena que «El ICE y RACSA deberán devolver las bandas de frecuencias que, según resolución fundada de la CRT, no estén explotando de manera eficiente». El funcionario del ICE comentó que sería mejor si las anteriores responsabilidades estuvieran en manos de un ente eminentemente técnico como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Si bien las concesiones podrán ser asignadas (artículo 49) a través de subastas (al mejor postor), concursos (ponderación de factores como introducción de nuevas tecnologías, servicio universal, expansión de la red), o combinación de ambas, la CRT definirá la modalidad por adoptar y podrá (artículo 52) asignarla directamente «cuando así lo justifique por razones de conveniencia social, técnica y económica», lo cual «se puede prestar para cualquier cosa», advirtió. En relación con la negativa a permitir «los subsidios cruzados entre servicios y la fijación de precios inferiores a los costos» (artículo 67), Fumero alegó que este mecanismo ha garantizado al ICE la prestación del «modelo más solidario en América Latina y de mayor desarrollo». El experto precisó que mientras el ICE destina cerca del 10% de sus ingresos brutos para subsidiar a los sectores menos pudientes, el proyecto en mención fija en un 3% como máximo a los futuros operadores, para financiar un Fondo Nacional de Telecomunicaciones. El TLC y este proyecto enuncian cosas muy bonitas, pero al final terminan implementando lo contrario, deploró.

PROYECTO INACEPTABLE

El presidente de ASDEICE -Fabio Chaves-, aseveró que «todo el proyecto lo vamos a combatir hasta las últimas consecuencias. En esencia, este proyecto es la privatización -a través de la apertura- de todos los servicios de telecomunicaciones y va más allá de lo que define el TLC con Estados Unidos». Reprobó las prerrogativas que se le concederían mediante el proyecto a los operadores privados, para facilitarles los mercados que tiene el ICE actualmente, y la eliminación de potestades a la ARESEP, en tanto que se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, «independiente» y que «estaría plagada de los mismos nombramientos políticos corruptos que hemos denunciado en muchas oportunidades». Chaves planteó que combatirán tanto esta ley como el TLC, dado que la primera está implícita en la segunda, y ambas promueven el desmembramiento del ICE y la entrega del patrimonio nacional de las frecuencias a grandes transnacionales. Hizo un llamado a los políticos para que descarten de manera tajante este proyecto, ya que de lo contrario generará mayor confrontación social en el país. Por otro lado, Ricardo Segura -fiscal de la ANTTEC, miembro de la comisión política del FIT y de la Comisión Nacional de Enlace- calificó de irresponsable presentar un proyecto como este, el cual ya lleva el germen de la corrupción con la creación de la CRT, que suplanta las funciones del ICE e impulsa su entierro definitivo. Con esta propuesta sus promotores se desenmascaran totalmente con su proyecto neoliberal y aunque es inaceptable, está muy acorde con las políticas de gobierno que han venido desarrollando, acotó. Coincidió con que el plan entrega más de lo que establece el TLC y a pesar de que estima que este tratado no será aprobado por la Asamblea Legislativa, advirtió que si el presidente Pacheco lo envía a discusión legislativa, la polarización del país serán aun mayor y pondría al país en una situación peligrosa e inestable. «Si el Poder Ejecutivo decide enviarlo a la Asamblea que lo haga, pero que asuma su responsabilidad. Los trabajadores del ICE estamos suficientemente preparados en el plano ideológico para ir a defender lo que tengamos que defender», indicó Segura, quien detalló que en los próximos días el FIT dará a conocer al país su posición. Por razones de salud, el secretario general de la ANTTEC -Jorge Arguedas- no pudo ahondar sobre el proyecto, y avaló la posición de Segura.
Ley de telecomunicaciones
Estas son algunas de las disposiciones del proyecto «Ley general de telecomunicaciones»:

-Artículo 11. Créase la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como una institución autónoma. La CRT tendrá personería jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y administrativa (…) No se sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones…

-Artículo 13. La CRT estará integrada por cinco miembros propietarios, quienes serán nombrados por el Consejo de Gobierno…

-Artículo 31. (…)En materia presupuestaria la CRT no estará sujeta a las disposiciones de la ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley No.8131, y en su fiscalización estará sujeta únicamente a las disposiciones de la Contraloría General de la República.

-Artículo 42. (…) Le corresponde a la CRT la administración y control del espectro radioeléctrico en sus diversas aplicaciones.

-Artículo 45. (…) En ningún caso se considerarán derechos adquiridos sobre partes del espectro y la reasignación no dará lugar a indemnización  alguna, salvo que se impida al adjudicatario la operación de las redes o la prestación de los servicios en los términos indicados en la concesión o autorización correspondiente.

-Artículo 64. Los operadores de redes públicas y los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones que se encuentren en competencia efectiva fijarán sus precios libremente. -Artículo 67. Los operadores y proveedores con poder sustancial de mercado deberán llevar un sistema de contabilidad de costos separada para cada uno de los servicios que prestan. Esta contabilidad deberá ser auditada por un auditor externo. Igual disposición se aplicará en el caso de empresas asociadas, filiales o subsidiarias. Son prohibidos los subsidios cruzados entre servicios y la fijación de precios inferiores a los costos.

-Artículo 89. Por razones de conveniencia social, técnica y económica la CRT podrá designar de forma directa a uno o varios de los operadores de redes públicas o proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones establecidos para la ejecución de un proyecto de acceso o servicio universal en un área geográfica determinada.

-Artículo 116. Deróguese el artículo 7 de la Ley que autoriza anclaje y paso de cables submarinos por mar territorial, Ley No.7832 de 30 de setiembre de 1998.

-Artículo 119. Con la entrada en vigencia de la presente ley personal, los activos, pasivos y el patrimonio del Departamento Nacional de Radio de Control de Radio del Ministerio de Gobernación y Policía, de la Dirección de Telecomunicaciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y del Sistema de Emergencias 9-1-1, se transferirán a la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones.