Consideran que la presunta computadora de Raúl Reyes es una prueba espuria.
 
Los académicos costarricenses Cruz Prado Rojas y Francisco Gutiérrez Pérez , en cuya vivienda fueron allanados $ 479.999 ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), consideran que ese operativo policial obedeció a intereses políticos «ajenos a la realidad costarricense» y constituyó un «show mediático». Ambos intelectuales conversaron en exclusiva con UNIVERSIDAD a pocos días de que Cruz Prado comparezca ante la Comisión Legislativa que investiga nexos entre el grupo guerrillero colombiano y políticos costarricenses. Prado fue convocada por los diputados a comparecer el 26 de junio como parte de las investigaciones que pretenden esclarecer las 36 menciones que se hacen sobre Costa Rica en supuestos correos electrónicos del fallecido Raúl Reyes, el segundo al mando de las FARC, quien fue abatido el 1 de marzo por el ejército de Colombia.
Tan sólo 13 días después de la muerte de Reyes, el 14 de marzo, las autoridades costarricenses, alertadas por las de Bogotá, encontraron el dinero dentro de una caja fuerte en la casa del matrimonio Cruz-Gutiérrez, ubicada en Santa Bárbara de Heredia. Colombia conocía del dinero y su cantidad por comunicaciones de los guerrilleros encontradas dentro de la presunta computadora de Reyes.

Según Cruz Prado y Francisco Gutiérrez, su casa siempre ha sido «un espacio abierto al diálogo y la reflexión en la búsqueda de soluciones a los conflictos sociales de los diferentes países del área» (Foto: Katya Alvarado).

Cruz Prado Rojas, costarricense de 52 años, estudió derecho y tiene una maestría en comunicación y un doctorado en educación. Durante los años 70, fue dirigente sindical en las bananeras con la Confederación General de Trabajadores (CGT) así como fundadora de la primera Secretaría de la Mujer Trabajadora. Su esposo, Francisco Gutiérrez Pérez, es un español naturalizado costarricense de 80 años, quien figura como uno de los fundadores de la Universidad Nacional (UNA) en 1973. Fue profesor de la Universidad de Costa Rica, exdirector del Colegio La Salle, representante ante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)  y actualmente dirige un doctorado internacional sobre nuevos paradigmas en la educación. Ambos han sido profesores invitados en la Universidad Libre de Berlín y poseen más de 50 libros publicados en editoriales españolas y latinoamericanas, entre ellos «Educación como Praxis política» (Editorial Siglo XXI) y el «Desarrollo Humano Sostenible» (módulos para la educación primaria) que  se publicó para Costa Rica en el proyecto Estado de la Nación, entre otros.
CASA DE PUERTAS ABIERTAS
«Los medios de información masiva se refirieron a nosotros como a los académicos de la casa de Barrio Jesús  de Santa Bárbara de Heredia, la casa de las FARC, como la llamaron», afirman Prado y Gutiérrez. Ambos «estamos de acuerdo con el calificativo de académicos, aunque nos gustaría añadir ‘académicos coherentes’, pues siempre hemos puesto un especial empeño en que nuestras vidas respondan a valores de  justicia y equidad social y, sobre todo, a la defensa de la paz y de los derechos humanos», añadieron. En ese sentido, «las puertas de nuestra casa han estado abiertas de par en par, no sólo para el diálogo y la reflexión, sino también para dar refugio a perseguidos políticos», aseguraron. Cruz y Gutiérrez citaron como ejemplos «cuando varios guatemaltecos amenazados de muerte por el dictador Lucas García, pudieron salvar sus vidas gracias a la acogida que les brindamos» así como cuando se hospedó uno de los dirigentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Rodrigo Asturias, más conocido como el comandante Gaspar Ilón. Los docentes recordaron que «a finales de los años 90 se llevó a cabo en Costa Rica una reunión de las FARC con el Departamento de Estado de Estados Unidos para encontrar soluciones al conflicto armado en Colombia». «Con motivo de esas conversaciones, Don Álvaro Montero Vega, gran amigo nuestro y conocedor de nuestro apoyo incondicional a los procesos de paz, especialmente en los países centroamericanos, nos solicitó la posibilidad de hospedar en nuestra casa a la persona que en representación de las FARC vendría a reunirse con el Departamento de Estado», relataron. Concluidas las conversaciones, «Darío, que así decía llamarse dicha persona, nos pidió el favor de guardar en nuestra casa una caja fuerte», relataron. «Días más tarde, otro señor llamado Ricardo trajo la caja.  Desde ese momento, y porque así nos lo expresó esa persona, durante los 11 años siguientes, hasta el día del allanamiento, siempre creímos que lo que contenía la caja eran documentos relacionados con las conversaciones de paz», agregaron Prado y Gutiérrez.
«Las seis preguntas»
Cruz Prado y Francisco Gutiérrez se han hecho a sí mismos seis preguntas que, según su criterio, encierran el significado de lo que sucedió el 14 de marzo, cuando su vivienda fue allanada por agentes del OIJ a solicitud de las autoridades de Colombia. «En el momento del allanamiento nosotros, en compañía de Leonardo Boff (intelectual brasileño) estábamos llegando a Tegucigalpa, en un viaje por Centroamérica planificado desde el año anterior», relataron. «Recibimos la noticia por parte de Irene, nuestra hija, en el momento en que estábamos leyendo en la primera página de un periódico de Nicaragua las declaraciones de la señora Condoleeza Rice, que citamos textualmente: ‘Si se demuestra la veracidad de la información de la computadora de Raúl Reyes, (el presidente venezolano) Hugo Chávez, debe atenerse a las consecuencias'», añadieron. En este contexto, Cruz Prado y Francisco Gutiérrez se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿El allanamiento de nuestro hogar es la prueba con la que se muestra la  veracidad de la información de la computadora de Raúl Reyes según la declaración de Condoleeza Rice?
Los agentes del OIJ no tuvieron que buscar la caja fuerte pues estaba cerca de la puerta (siempre abierta) de la bodega, donde siempre estuvo durante 11 años esperando para ser la prueba perentoria de la profecía de Raúl Reyes, dando así pleno cumplimiento a los objetivos políticos del allanamiento. De un acto ilegal, como fue la violación por parte de Colombia del territorio del Ecuador, se recupera una presunta computadora sin seguir los procedimientos respectivos, sin mediar ninguna cadena de custodia, sin la presencia de jueces, fiscales y autoridades competentes que acreditan que la prueba no fue tocada, ni alterada, condición indispensable para que pueda ser acreditada legalmente, tal como está dispuesto en los tratados y convenios de cooperación.
2. ¿Por qué el juez y el fiscal a cargo del operativo permitieron el ingreso de policías colombianos a nuestra casa?
Es un hecho que el allanamiento ejecutado en obediencia a intereses políticos ajenos a nuestra realidad, resultó un allanamiento brutalmente mediático e incluso con la presencia  de dos policías colombianos, como pueden testimoniarlo personas de nuestra familia que lo presenciaron o, mejor dicho, lo sufrieron.   Como ampliamente lo informaron los distintos medios de comunicación: «…minutos antes de que los agentes judiciales dieran por terminado el operativo, a eso de la 5 p.m., salieron de la casa dos agentes colombianos, quienes fueron custodiados por policías ticos». Creemos que se puede dar asistencia, pero en el allanamiento no pueden estar presentes autoridades extranjeras.
3. ¿Por qué el juez que autorizó el allanamiento y el fiscal a cargo de realizarlo no dejaron copia de la lista de las personas que estuvieron presentes, dado que es obligatorio hacerlo?
4. ¿Por qué el allanamiento, se hizo con tanta precipitación, sin esperar la prueba firmada? Y ¿Por qué la prensa llegó 20 minutos antes  de que se realizara el operativo?
5. ¿Por qué se llevaron documentos de estudiantes colombianos del doctorado sin consignarlo y por qué no los han devuelto después de tanto tiempo?
Aunque reconocemos que ya adentro de la casa, el allanamiento se hizo a la tica, con respeto por las personas presentes y a los espacios recorridos, tenemos que manifestar con toda energía que se llevaron documentos legales de alumnas y alumnos colombianos del doctorado, que son documentos acreditados por la Embajada de Costa Rica en Colombia. Estos documentos no los consignaron en la lista de las evidencias, y no nos los han devuelto.
6. ¿A quién pertenecen los dineros encontrados?. ¿A quién deben ser entregados? y ¿Por qué dárselos a quienes no son los  dueños?
Las autoridades colombianas no han dado pruebas del origen del dinero y las FARC durante 11 años no demostraron interés alguno en recuperarlo. Creemos que el dinero pertenece a Costa Rica, por haber sido encontrado en suelo nacional y podría entregarse al Poder Judicial o a otras instancias de bien social que más lo necesiten.
Ambos académicos afirman que «desde nuestra dimensión pedagógica, lo único que nos interesa con la formulación de  estas preguntas es que sirvan para que, como ya lo han expresado muchísimas personas como Rodolfo Cerdas, Arnoldo Mora, Constantino Urcuyo, entre otras, puedan contribuir para conocer lo que realmente sucedió».
 
 

 
Cruz Prado:
«También deberían investigar nexos con paramilitares»

LORNA CHACÓN [email protected]

Cruz Prado manifestó su esperanza de que la Comisión Legislativa que investiga nexos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y políticos costarricenses también indague los posibles vínculos con los paramilitares colombianos en Costa Rica. «La esperanza es que, así como los diputados están investigando estos nexos, también investiguen los nexos de los paramilitares», declaró Prado a UNIVERSIDAD. La académica aseguró que, en su criterio, «la mayor penetración del narcotráfico aquí en Costa Rica es por los paramilitares, no creo que sea por las FARC». «No le quito ninguna responsabilidad a las FARC con el narcotráfico, pero pienso que el volumen grande es de los paramilitares. Como bien lo dice Rodolfo Cerdas en una columna en el periódico La Nación ¿Qué es lo que está pasando que no estamos investigando realmente las grandes lavadoras que hay en este país?», cuestionó. En su edición 1755 (del 24 al de abril del 2008), UNIVERSIDAD informó sobre el hecho de que Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», uno de los reconocidos líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien se reunió en agosto de 2006 con el presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, fue encarcelado pocos días después y luego extraditado a Estados Unidos por actividades ligadas al narcotráfico y lavado de capitales. Jiménez formó parte de un grupo de representantes de las AUC quienes estuvieron en la Casa Presidencial con el mandatario, tres meses después de haber asumido funciones. Cabe recordar que el exministro de seguridad Fernando Berrocal levantó un polvorín con el tema de la penetración del conflicto colombiano en Costa Rica, tras declarar que personalidades de la política estarían vinculadas con las FARC, aunque informó poco sobre la presencia de representantes de los grupos paramilitares colombianos en el país. Esa poca información sobre los paramilitares se dio a pesar de que el pasado 8 de abril fue detenido el senador colombiano Humberto de Jesús Builes Correa por tener nexos con Carlos Mario Jiménez y otro paramilitar llamado Freddy Rendón, alias «El Alemán». UNIVERSIDAD citó una nota de la revista colombiana Semana, según la cual Builes es productor de tilapia en Costa Rica. La publicación también lo vinculó a Builes con importación de electrodomésticos en Centroamérica y fuertes inversiones en ganadería en Honduras. Pero ese no es el primer indicio de negocios de los paramilitares colombianos en el país. El 11 de febrero del 2007, el matutino El Universo de Ecuador consignó una información de El Tiempo, de Bogotá, según la cual varios jefes paramilitares colombianos desmovilizados «tienen parte de sus fortunas obtenidas mediante su accionar violento invertidas en Venezuela, Panamá y Costa Rica».

COMPUTADORA ES PRUEBA ESPURIA
Cruz Prado también aseguró que la forma como fue recuperada la presunta computadora de Raúl Reyes fue ilegal, por lo tanto ese aparato no podría ser utilizado como una prueba legítima. «No queremos contestar a nada que provenga de la computadora porque eso sería legitimarla», aseguró Prado, para quien «esa computadora es una prueba espuria». «Está recuperada ilegalmente en una violación a un país y, por otro lado, no hubo ninguna cadena de custodia desde marzo hasta este momento», añadió. «Yo considero que esto fue un show mediático, tanto en Colombia como acá, porque nosotros no hemos cometido ningún delito, no nos pueden judicializar, pero sirvió para lo que querían que sirviera: para hacer un show con los medios», agregó Cruz Prado. En ese sentido, la intelectual dijo que «como encontraron el dinero, se supone que todo el resto de lo que se dice en la computadora también es cierto». Prado también cuestionó el hecho de que únicamente ella fue llamada a comparecer ante la Asamblea Legislativa y no así su esposo, Francisco Gutiérrez. Finalmente, la académica hizo un llamado público a los miembros de las FARC para que entreguen, sin condición alguna, a todas las personas que mantienen en cautiverio. «Pensamos que las FARC tienen que dejar libres a los secuestrados, porque no se puede decir que uno está luchando por la defensa de los derechos de un pueblo violando los derechos humanos de otras personas. Eso no justifica ninguna lucha», aseguró. Prado dijo que «las FARC deberían revisar eso y entregar a los secuestrados sin ninguna condición porque en Colombia no va a haber paz mientras se haga uso de la fuerza». «¿Y quiénes somos nosotros para decir esto? Pues los chivos expiatorios que estamos pagando todo esto, por lo cual algún derecho tenemos de decirles (a los miembros de las FARC) que por favor entreguen a estas personas», puntualizó la intelectual costarricense.