El bosque tropical seco que alberga Punta Cacique, en Guanacaste, podría desaparecer bajo el desarrollo de un megaproyecto hotelero (Foto cortesía de elpais.co.cr).
Un nuevo decreto de conveniencia nacional pretende habilitar el cambio de uso de suelo para talar un bosque y dar paso a un megaproyecto hotelero.
Con un recurso de amparo, el profesor universitario y especialista en derecho ambiental, Álvaro Sagot, pretende proteger decenas de hectáreas de bosque tropical seco en Guanacaste de un nuevo decreto de “conveniencia nacional”, emitido por el gobierno.
Similar a lo sucedido con el decreto que declaró de “conveniencia nacional” el proyecto de minería a cielo abierto en Las Crucitas, el gobierno otorgó esta misma condición al proyecto turístico que se pretende construir en Punta Cacique, Guanacaste.
Al igual que con Las Crucitas, este decreto permitiría a los desarrolladores realizar un cambio en el uso de suelo y arrasar decenas de hectáreas de bosque para construir dos hoteles de lujo y una cancha de golf.
SIN ESTUDIO
El decreto Nº 34701-MINAE-TUR, publicado en La Gaceta el 6 de agosto del 2008, señala que este proyecto creará 2.500 empleos directos durante la etapa de construcción, más de 1.300 empleos permanentes de manera directa, y 8.000 empleos permanentes indirectos.
Sobre el área de  bosque que se talará, el decreto dice que para la conservación de especies forestales que puedan verse afectadas, la empresa “repondrá y dará mantenimiento a dichas especies de acuerdo a las recomendaciones que establezcan las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”.
Para Álvaro Sagot, la escueta exposición de motivos del decreto no da razón suficiente para que el proyecto sea declarado de “conveniencia nacional”, por lo cual presentó el recurso de amparo en noviembre pasado, el cual fue acogido recientemente por la Sala Constitucional para su estudio.
Sagot indicó que es clara la intención del gobierno de facilitar el desarrollo de este proyecto con el decreto, ya que de otra forma no sería posible autorizar el cambio de uso de suelo y tumbar el bosque.
“Se utiliza la vía de los decretos para legislar y hacer muchas cosas que no se podrían lograr de otra forma. Esta declaratoria de conveniencia es inclusiva de aplicación para las municipalidad involucrada, por lo que se violenta la autonomía municipal, ya que se les dice qué es lo que deben hacer”, expresó Sagot.
En el recurso, el especialista argumenta que el decreto no está respaldado por estudios técnicos adecuados que permitan establecer de manera objetiva la conveniencia nacional del proyecto.
Si bien en el decreto se indica que el proyecto de Punta Cacique ya cuenta con la viabilidad ambiental aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) desde abril del 2008, de acuerdo con Sagot, esto no implica que se haya realizado la valoración necesaria para hacer tal declaratoria.
De acuerdo con el especialista, el artículo 3 de la Ley Forestal, señala que se puede declarar una actividad de conveniencia nacional si los beneficios sociales son mayores que los costos socioambientales. “El balance –dice la ley- deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados”.
En criterio de Sagot, el MINAET tiene una metodología para valorar y cuantificar el valor de la biodiversidad, suelo, paisaje, etc, la cual claramente no fue utilizada en este caso, y no hay mención alguna de su aplicación en el decreto.
“Es groseramente evidente que el decreto no se fundamente en un estudio de costo- beneficio ambiental, pues solo se ponderó posibles puestos de trabajo, donaciones de la empresa, e ingresos por turismo”, dice Sagot en el recurso.
VIEJA LUCHA
La lucha contra el desarrollo turístico en Punta Cacique no es algo nuevo, pues según comentó Gadi Amit, de la organización Confraternidad Guanacasteca, la intención de derribar este bosque data de unos 10 años atrás.
Amit recordó que el proyecto obtuvo una concesión para tres tomas de agua, de 57 litros por segundo cada una, que vienen del acuífero de Playa Panamá; las cuales fueron otorgadas a pesar de la oposición de Acueductos y Alcantarillados.
“Esa concesión está por vencer y nos oponemos a que se renueve. En un momento la empresa que pretende desarrollar dijo que iban a utilizar 25 litros por segundo para regar el campo de golf y el resto se utilizaría en un acueducto privado, pero cuando se dieron cuenta de la “metida de pata” dijeron que el agua la iban a regalar a sus usuarios”, manifestó Amit.
De acuerdo con el ambientalista, existe un estudio que señala que la recarga anual del acuífero de Playa Panamá es de 115 litros por segundo, lo que significa que las concesiones otorgadas a este proyecto exceden en 45 litros por segundo la capacidad del acuífero; lo que dejaría sin agua a otros diez hoteles y dos pueblos cercanos.
Agregó que el sitio, además de estar cubierto de bosque, es de importancia arqueológica por la presencia de vestigios de la cultura chorotega; y es histórico porque perteneció al expresidente Daniel Oduber Quirós.
“Un vecino ecologista solicitó formalmente que se declare Punta Cacique como zona protegida, ya que está en la zona marítima terrestre y es un lugar con clara vocación forestal. Pero aquí la ley se borra con el codo y es por eso que para permitir que se eche abajo el bosque, el Ministro de Ambiente firmó ese decreto de conveniencia nacional”, opinó Amit.
Añadió que es “una locura” poner un campo de golf, que consume mucho agua, en un lugar donde este recurso es escaso y donde deberían estar primero las necesidades de las personas.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del Ministro de Ambiente, Roberto Dobles, pero al cierre de esta edición no fue posible ubicarlo; por su parte el viceministro Jorge Rodríguez, remitió las consultas al departamento legal de MINAET, del cual hasta el momento no se ha recibido respuesta.
Caciques de otra tierra
Detrás del proyecto en Punta Cacique hay una millonaria inversión de la empresa estadounidense Revolution LLC, la cual es encabezada por el exdueño de American on Line (AOL), Steve Case; y de la pareja de ex tenistas profesionales Steffy Graf y André Agassi.
Case estuvo en Costa Rica en el 2007, cuando en compañía del presidente Óscar Arias, anunció un plan de $800 millones para construir un “resort“ de lujo en un terreno de 263 hectáreas, que según se estimó entonces, estaría listo para finales del 2010.
De acuerdo con el gobierno, este proyecto generaría $20 millones por año en impuestos, además de los 2500 empleos directos y 8000 indirectos que se anunciaron.
Este hermoso lugar, ubicado entre las playas del Coco y Hermosa, tendría unas 500 villas distribuidas en dos hoteles de lujo, además de un gran campo de golf como principal atractivo.
Las obras se retrasaron luego de que la SETENA rechazó la solicitud de vialidad ambiental en el 2007, aunque esta se le otorgó un año después.
Posteriormente, el vocero de la empresa, Jorge Cornick, dijo a varios medios de comunicación que el proyecto no arrancaría ante los problemas de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, por lo que lo más prudente era esperar a que la economía de ese país se recupere.
Hasta el momento no se han iniciado obras en Punta Cacique, y la Sala IV no determinó medidas precautorias mientras analiza el recurso de Sagot.