A dos años de que Caldera, el principal puerto del Pacífico, fuera dado en concesión a la empresa privada, no se ha iniciado la construcción de la terminal granelera también dada en concesión (Foro Katya Alvarado).
Un proceso disciplinario fue iniciado contra la secretaria de fiscalización de los contratos de concesión en Caldera –más tarde archivado- luego de que la funcionaria informara sobre incumplimientos que acarreaban cobrar multa a la concesionaria.
La Dirección de Fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) tiene avanzada una investigación iniciada en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), en relación con presuntos incumplimientos contractuales de las empresas  concesionarias del Puerto de Caldera. Aún no hay conclusiones pero la investigación está avanzada, dijo Mónica Murillo, de la oficina de prensa de la CGR.
Contrario a lo que afirman otras fuentes, e incluso informes de la Secretaría de Fiscalización del mismo INCOP, el gerente general de la entidad, Whitman Cruz, aseguró que no ha habido problemas de incumplimientos con la entrega de informes, ni con los pagos a que están obligadas las concesionarias como parte del contrato.
Las empresas demostraron que han cumplido y no se ha dado cobro de multas, dijo Cruz ante la pregunta de qué había pasado con algunos procesos de cobro iniciados por la administración (ver recuadro “No hay problema”).
Hace dos años fueron cesados los 1.200 empleados del INCOP en Caldera al ponerse en marcha la concesión del puerto a empresas privadas. Se hizo mediante tres contratos: uno con la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC S.A.) para el movimiento de carga y estiva, otro con Sociedad Granelera de Puerto Caldera (SGPC) para la construcción de un muelle para granos (ambas firmas colombianas) y el tercero con la chilena SAAM, para el servicio de remolques de los barcos.
Las empresas quedaron obligadas a proporcionar a la administración y la inspección técnica la información de la gestión durante todo el período de vigencia de la concesión, de 20 años. Dicha información incluye, entre otros, informes técnicos trimestrales sobre avance de la gestión ambiental, estadística mensual de movimientos de atraque y desatraque, informes sobre cumplimiento del plan de mantenimiento y  normas de calidad.
Por los incumplimientos en la entrega de la información se prevén multas de $5.000 mensuales, y hasta $1.000 diarios, en el caso de los compromisos de pago al INCOP asumidos en la oferta económica del cartel de licitación.
En la documentación del INCOP figuran informes del anterior secretario de fiscalización, Juan Carlos Borbón, así como de la actual fiscalizadora, Leda Aguilar, donde advierten a la junta directiva sobre incumplimientos de las concesionarias, e incluso hay acuerdos de la directiva sobre el inicio de procesos administrativos para el cobro de multas, procesos que fueron apelados por las empresas; entre ellos el cobro de $15.000 dólares a SAAM.
Curiosamente el pasado 5 de junio las autoridades del INCOP le abrieron una investigación administrativa a la fiscalizadora Aguilar, con miras a sancionarla, luego que la funcionaria informara a la directiva sobre incumplimientos de una de las empresas, lo que implicaba el cobro de multa.
A Aguilar se le acusó de que había hecho incurrir presuntamente al INCOP en “eventuales inversiones de recursos humanos y económicos” con la apertura de un procedimiento administrativo que era improcedente.
Sin embargo, el procedimiento contra la funcionaria fue archivado el 17 de julio, 15 días después que ella presentara una “litis consorcio pasiva necesaria”, para que también fueran llamados a investigación el gerente general y dos abogados de la asesoría legal  del INCOP.
Adujo que dichos funcionarios habían avalado la acción por la que se le pretendía sancionar a ella. La acción la presentó luego que le fueran rechazadas, por el órgano director del procedimiento, una apelación y otros recursos de defensa, y luego de que hubiera puesto queja ante la directiva por el “cúmulo de atropellos procedimentales” cometidos en su contra.
La fiscalizadora alegó que ella se había limitado a entregar a la directiva el informe sobre el incumplimiento que generaba el pago de una multa, lo que era “precisamente parte de mis obligaciones laborales.” Esto fue reconocido así en la resolución final que archivó el proceso disciplinario.
Según personas enteradas, no es raro que en algunas instituciones funcionarios celosos del cumplimiento de su deber en la defensa de los intereses públicos sean presionados con mecanismos de este tipo para silenciarlos.
SIN RESPUESTA
UNIVERSIDAD quiso preguntar a la fiscalizadora si se habían corregido los incumplimientos denunciados, pero la funcionaria se excusó diciendo que debía “coordinar” primero con el presidente ejecutivo del INCOP, Urías Ugalde.
Ugalde no respondió la consulta que se le dejó con su secretaria en dos ocasiones, con el fin de preguntarle, entre otras cosas, qué ha pasado con el decomiso de equipo en desuso que el INCOP tenía en el puerto y fue sustraído como “chatarra”, y luego fue interceptado mientras era llevado a una localidad próxima al puerto. Entre el personal circuló la versión que tras el incidente fueron despedidos el gerente financiero de la concesionaria, así como el vocero corporativo, Emilio Vargas, hermano de Marco Vargas, ministro de Coordinación Institucional. La nueva vocera, Angélica Rubio, no devolvió la llamada para conocer la versión de la empresa.
Al presidente ejecutivo del INCOP se le quería consultar asimismo, si es cierto que en la institución aún no hay sistemas de control y seguimiento de las concesiones, pese a la consultoría de $2 millones por seis meses que se contrató hace un año a la empresa IMSA para crear dichos sistemas.
Coincidentemente, al menos uno de los consultores de IMSA, Olman Elizondo, ha sido representante en el país de Royal Haskoning, empresa consultora holandesa contratada por la concesionaria de Caldera para hacer un nuevo estudio de factibilidad de cara a renegociar con el INCOP el contrato para la construcción de la terminal granelera, que luego de dos años, no se ha empezado.
Según ese estudio, la obra ahora cuesta $52 millones, más del doble de lo previsto en la concesión.
“No hay problema”
El gerente general del INCOP, Whitman Cruz, aseguró que no ha habido incumplimientos del contrato por parte de las concesionarias de Caldera, por lo que tampoco se han cobrado multas.
Según documentos del INCOP, la entidad inició varios procesos administrativos a las empresas concesionarias por incumplimientos en la entrega de informes a que obliga el contrato ¿qué pasó con esos procesos?Lo que hubo fue problemas por la forma en la presentación de los documentos, después de la presentación viene el proceso de revisión nuestra, de solicitar algunas aclaraciones y demás. Los procesos (administrativos) se iniciaron debido a que en una ocasión la fiscalización había dicho que habían faltado informes, pero se hizo todo el procedimiento administrativo y se vio que no, que ellos (los concesionarios) lo habían presentado en forma y no había problema.
¿Entonces no se han cobrado multas a los concesionarios por incumplimientos en la entrega de los informes?No, ellos salieron bien de esos procesos.
¿Por qué se inició proceso a la secretaria de fiscalización?Lo que se había solicitado en su momento era que se hiciera un análisis de algún posible incumplimiento de parte del concesionario, pero se hizo el procedimiento de parte de los abogados y nuestros técnicos y se concluyó que no había ningún problema en ese sentido, que la información sí se había dado.
¿Pero por qué se abrió proceso a la fiscalizadora?En estos momentos no preciso el porqué, pero me parece que se había solicitado tal vez porque no informó bien al jerarca respectivo, o no hizo el análisis adecuado. En estos momentos no preciso en que se fundamentó el proceso.
¿Pero no era usted el gerente general?Sí
¿Quién propuso el proceso disciplinario?Eh…le quedo mal, porque no quiero mentirle, tendría que ver de dónde fue que provino.
El proceso fue archivado ¿ya no hay problema con la fiscalizadora?No, no, con la fiscalizadora nunca hemos tenido problema. Eso es común y corriente en materia administrativa. Si yo tomo una decisión que tal vez fue incorrecta, la junta directiva o mi superior tiene toda la potestad de abrirme un procedimiento administrativo para investigar si tuve una equivocación, un error o un mal análisis, pero actualmente en eso no hay ningún problema.
¿Los contratos con las concesionarias de Caldera se están cumpliendo, los pagos del canon se están haciendo?Totalmente, nosotros tenemos un control del pago del canon y eso, no hay ningún tipo de problema.