Mientras que la ministra de Seguridad Pública (MSP), Janina del Vecchio, asegura que la iniciativa de instalar un costoso sistema de videocámaras para la policía la impulsó el anterior ministro Fernando Berrocal, éste afirma que el proyecto se lo propuso el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde el tema lo conversó con Alfredo Ortuño, representante de Costa Rica en esa entidad regional.
Según del Vecchio en unos siete meses estará funcionando la primera fase de la red de cámaras, que se alquilarían a costo estimado entre $300.000 y $500.000 mensuales, para lo cual se requerirá la aprobación de presupuesto extraordinario.
La contratación del servicio se hará en forma directa, no por licitación pública, “porque en seguridad no se puede hacer eso. No le podemos decir al mundo entero qué es lo que estamos requiriendo en seguridad, sino que llamaremos a tres o cuatro (compañías conocidas como)  integradoras para que ellos nos provean”, explicó del Vecchio.
La ministra negó que el representante de Costa Rica en el BCIE, el empresario Alfredo Ortuño, sea el impulsor del proyecto. “No lo ha impulsado él; este proyecto nace con el anterior ministro, y lo que se hizo fue buscar organismos financieros que pudieran darnos ese soporte. Una entidad financiera que nos podría vender ese servicio, por leasing o por outsourcing, es el BCIE, donde está el señor Ortuño, pero también lo podría dar la banca nacional”, y aún no se ha definido qué banco sería, aseguró la ministra.
Por su parte, el exministro de Seguridad y actual precandidato del gobernante Partido Liberación Nacional, Fernando Berrocal, dijo que el proyecto “me lo presentó el BCIE.”
“Me pareció un proyecto importante y bueno para el país, siempre y cuando se cumpliera con la normativa en materia de contratación pública que rige en Costa Rica y en esos términos se habló siempre”, señaló Berrocal. Aclaró que en su tiempo se habló que el alquiler costaría alrededor de $50.000 dólares mensuales, lo que obligaba a una autorización por parte de la Contraloría General de la República (CGR). En este proyecto las cámaras no son lo más costoso, sino la interconexión y el softwere para integrarlas, lo que se estimaba en unos $35 millones, comentó.
Ante la pregunta de quién específicamente le había hecho la propuesta y si había sido Alfredo Ortuño, la respuesta de Berrocal fue: “Nosotros tuvimos varias reuniones de trabajo con don Alfredo Ortuño en su despacho, y también se integró una comisión en la que participaron varios funcionarios del Banco.”
Asimismo participaron funcionarios del MSP y el BCIE designó como una especie de ejecutivo del proyecto, el ingeniero Edgar Salgado; sobre eso se establecieron los prolegómenos o principios de lo que sería el proyecto, explicó.
Insistió que éste “siempre fue un proyecto del BCIE”, que estaba interesado en impulsar varios proyectos, entre los que se mencionaba el financiamiento para una nueva casa presidencial, financiamiento para una nueva sede de la Asamblea Legislativa, financiamiento para Alterra, a fin de terminar el aeropuerto Juan Santamaría, y un proyecto que tuviera incidencia en el ámbito de la seguridad, que eran las mencionadas cámaras.
“Era una idea que surgía para resolver los problemas de seguridad y dotar de cámaras a la policía, pero obviamente nosotros no teníamos los recursos para poder impulsarlo, tenía que haber alguien que lo financiera e iba a ser el BCIE. Si comprometía fondos públicos por parte del MSP o del ICE (que también participó en esas conversaciones iniciales) tenía que haber aprobación de la CGR, y si era un proyecto de leasing, ellos (el Banco) tenían que asumir el riesgo, pero el Ministerio tenía entonces la opción de decidir si le parecía o no le parecía la tecnología y si el costo a pagar por el leasing era un costo razonable.”
Era una idea que se estaba manejando Edgar Salgado, quien hizo varios viajes a Inglaterra y a varias ciudades en EE.UU. para ver lo del proyecto. “Yo no consideré oportuno que como ministro debiera viajar, ni con fondos del MSP, ni con una invitación de algún proveedor interesado; se consideró la posibilidad de enviar un oficial, pero eso no se concretó”, amplió Berrocal.
Del Vecchio anunció el plan de colocar las cámaras luego que el pasado mes de diciembre viajó a Inglaterra junto con Roberto Sasso, experto que asesorará al MSP pagado por el proyecto de Gobierno Digital.
En el viaje que la jerarca hizo a Londres, los jefes de Scotland Yard le mostraron cómo  funciona el centro de inteligencia de la policía británica que recibe la información de una red de miles de cámaras instaladas a lo largo y ancho del país, dijo la ministra.
DECISIÓN
Del Vecchio manifestó que viajó a Londres, porque es una decisión del presidente Oscar Arias de darle mayor capacidad tecnológica a la policía, “y es un trabajo que he venido impulsando desde que llegué al Ministerio, no solamente dándole mayor formación a la policía, sino dotándola de herramientas de información y tecnología.”
“Traje ese proyecto y me reuní con  Pedro Pablo Quirós (presidente ejecutivo del ICE), la ministra de Obras Públicas y Transportes (Karla González) y con todos los que tienen que ver con una utilización de las cámaras, dígase OIJ, Fiscalía General y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (Luis Paulino Mora)”, añadió.
Ya se está trabajando en el proyecto, que tendrá más de 3.000 cámaras de la policía, y luego se verá la posibilidad de extenderlo para que cámaras privadas y de municipalidades puedan ingresar al sistema y la policía pueda tener acceso a la información de todo el país.
“De aquí a unos siete meses espero que podamos tener una primera fase con 500 cámaras en unos cuatro cantones importantes, digamos unos dos que sean de alta incidencia delictiva y otros dos que sean más de tipo rural, que no tengan tanto conflicto, para poder ir enseñándole a la policía y a la población cómo se puede trabajar con un recurso inteligente”, comentó la titular de Seguridad.
Sin embargo, consultado Sasso dijo que apenas es una iniciativa en ciernes que está manejando la Ministra y ni siquiera se ha nombrado un director.
Berrocal opinó para echar a andar una iniciativa como ésta primero hay resolver una serie de problemas legales, y la policía debe recibir capacitación.
“Es demasiado complicado desde el punto de vista del derecho público costarricense como para simplemente aventurarse a un proyecto de esta envergadura y de este costo para el país, sin que haya una posición clara y transparente por parte de la CGR, en cualquiera de los escenarios, ya sea por la vía de la licitación, ya sea por la vía del pago de un leasing, puesto que están de por medio cuantiosos recursos públicos”, consideró.
Añadió: no se trata solo de adquirir tecnología, sino que el proyecto no es viable si el Ministerio no está suficientemente preparado con una buen centro para recibir toda la información de las cámaras, con patrullas y personal suficiente y capacitado para tener reacción inmediata.
Asimismo, debe haber coordinación con el OIJ, porque la Fuerza Pública es policía preventiva y debe tener capacidad de respuesta, pero también la debe tener el OIJ para poder apresar a los delincuentes una vez consumado el delito.
Otro punto señalado por el exministro es que el uso de esta tecnología ha generado polémica en países como España y Alemania, donde se discutió mucho el derecho a la intimidad.
“El derecho a la intimidad tiene que garantizarse prioritariamente y la Sala IV lo ha dicho con mucha precisión. A mí me parece que con los niveles de criminalidad que están pasando en el país priva la garantía del derecho público a la seguridad, pero eso no quiere decir que el sistema pueda ponerse de una manera que afecte el derecho individual a la intimidad. Hay que encontrar un punto de vista razonable para que esto funcione”, señaló.
En España se promulgó una Ley de Videovigilancia que regula el uso de los medios de grabación de imágenes y sonidos por parte de los cuerpos de seguridad, que introduce garantías “para que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución sea máximo y no pueda verse perturbado con un exceso de celo en la defensa de la seguridad pública”, dice la ley.
Entre las disposiciones de la ley se establece, por ejemplo, que el público será informado de la existencia de videocámaras fijas y de la autoridad responsable y todas las personas interesadas podrán ejercer el derecho de acceso y cancelación de las imágenes en que hayan sido recogidas.