El monto de las multas, la enajenación del vehículo aunque el conductor ebrio no haya, por azar, causado daño material alguno, su asociación ligera con el ‘peor’ de los criminales (en un país de impunes, en especial de cuello blanco), la chapucera composición jurídica de la ley, el eventual castigo a peatones cuyo delito es no tener auto ni veredas para transitar, el ‘desvelo’ por niños no extendido a taxis ni autobuses públicos son, aunque polémicas, tibias debilidades de la “nueva” Ley del Tránsito aprobada por la Asamblea Legislativa desde finales del año pasado.
Más “hot” es su unilateralidad. Ni Estado ni empresa privada, en sus órdenes respectivos, asumen deuda penal o civil alguna por el tránsito de personas o cosas. La responsabilidad política, a diferencia del unicornio azul famoso, no se pierde porque, a lo que parece, nunca ha existido. Pero este punto caluroso, no lo es tanto como su supuesto y uno de sus alcances prácticos. El supuesto, que los desafíos sociales pueden resolverse unilateralmente con legislación dura. El candente efecto, la transferencia de poder a una policía del tránsito “a la tica”.
‘A la tica” quiere decir insuficiente en número, con salarios y condiciones de trabajo impropias, despreciada por poderosos (y, si es posible, por los otros) y no preparada de manera alguna para desempeñar su nuevo papel. Ni éste ni la transferencia de poder fueron solicitados por esta policía. Se le conceden graciosa e irresponsablemente por norma legal.

No es cuestión de personas. Los policías del tránsito participan de la cultura política básica y generalizada del país. No vienen de otro planeta. En lo que aquí interesa, rasgo de esta cultura es su baja institucionalización y su muy rolliza personalización. Digamos, una recepcionista del ICE no se siente primariamente funcionaria del ICE, sino que sigue siendo Magnolia Pérez. El presidente no se ve como el más alto funcionario público sino como Óscar El Grande o El Plañidero. Y así.
No existe mayor lío en otorgar capacidades y fueros a policías del tránsito. Pero en Costa Rica se los transfiere (sin preparación; no es factible darla) al “oficial” Hordalio ‘Macho’ Saldívar, no a un policía. Macho Saldívar puede ahora vigilar, amenazar, acosar, expropiar, enviar a la cárcel, quitar licencias por años (en Costa Rica equivale a pena de muerte y fortalecerá el mercado de falsificaciones) porque la ley torna socialmente a papás, mamás, conductores y peatones ‘de a pie’ en pre-criminales u ofensores. Para ejercer esta furia batmánica no está preparada ni la Sala Cuarta. Macho también puede no ver nada nunca.
Por aquí entra la descomposición contenida en la ley. Coimas, chantajes, “mordidas”, “vigilancias”, negligencias son parte y efecto menores de un desorden básico. Ya se ve. Durante El Chinamo (antes Navidad) la policía cercó a ebrios para exhibirlos. Algún oficial se quejó de que “insistían en seguir tomando” sin enfatizar “y conducir”. No se supo de detenidos por “piques”. Se esfumaron. En un país clientelista y con baja institucionalización, “la policía” sabe a quien caerle y a quien no. Así uno sigue de Macho Hordalio. Y todos, por ley, contentos y disfuncionando.