El tiempo que le tomó a la Sala Constitucional rechazar los argumentos presentados por el diputado liberacionista Fernando Sánchez, y la negativa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de pronunciarse pronto sobre el caso, son las razones por las que académicos consultados por UNIVERSIDAD citaron para fundamentar el descontento por la falta de celeridad para resolver el caso.
EL TSE debe decidir si acoge las conclusiones de la Procuraduría de la Ética Pública, la cual determinó que Sánchez, al redactar el célebre Memorándum Casas-Sánchez junto al exvicepresidente Kevin Casas, faltó a principios establecidos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y que, según lo establece la misma legislación, ello implica la cancelación de sus credenciales como diputado.
Desde diciembre se conoció un “por tanto”, es decir, lo resuelto por la Sala Constitucional, que rechazó los argumentos expuestos por Sánchez en una acción de inconstitucionalidad contra esa ley y dos recursos de amparo; sin embargo el TSE  aún no decide sobre el caso.
Según explicó Luis Antonio Sobrado, Magistrado Presidente del TSE, “el Tribunal está jurídicamente inhabilitado para actuar mientras no reciba la redacción completa de la resolución de la Sala y nuestro expediente del caso”, que le fue remitido a la Sala cuando ésta inició el estudio de los argumentos del diputado.
LARGAS
El origen del caso se remonta a julio del 2007, cuando el entonces vicepresidente Kevin Casas y el aún diputado Fernando Sánchez redactaron un “Memorándum”, en el cual delineaban toda una estrategia para lograr los votos a favor de la campaña del “Sí” al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC).
Entre ellas destacó de manera notoria la de “incentivar el miedo” entre la población. El 6 de setiembre UNIVERSIDAD dio a conocer el documento tras el reconocimiento de su autoría por parte de Sánchez, quien sin embargo trató de presionar a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica en un intento por frenar la polémica publicación en este semanario. (Ver UNIVERSIDAD del 6 de setiembre del 2007).
El escándalo que se generó implicó la renuncia de Casas como vicepresidente y ministro de Planificación, mientras que Sánchez, quien es primo del Presidente de la República, se aferró a su curul aduciendo que con disculparse bastaba.
Sin embargo, tras una denuncia presentada por la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría de la Ética Pública resolvió que con la redacción del célebre Memorando Casas y Sánchez “definitivamente se han violentado Principios Éticos fundamentales en el ejercicio de la función pública (…) y el mismo deber de Probidad”, señalado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Dicha norma define que la observancia de ese deber de probidad implica la demostración de «rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de  sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la  institución (…) y administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente».
La Ley contra la Corrupción señala esto como una causal para que a un diputado se le retiren sus credenciales, lo cual implicaría la pérdida del puesto  de Sánchez (Ver UNIVERSIDAD del 6 de diciembre del 2007 y del 17 de enero del 2008).
La Procuraduría hizo llegar su resolución oficialmente al TSE el 13 de noviembre del 2007. Ni bien se habían hecho públicos sus argumentos cuando el diputado presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Contra el Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, además de dos recursos de amparo.
El primer recurso le fue rechazado rápidamente y tras un año de espera, en diciembre pasado, el tribunal constitucional rechazó todos los argumentos de Sánchez.
Los comités patrióticos de la provincia de Heredia, de donde es originario Sánchez, desde un principio han mantenido una posición muy beligerante en espera de que se acaten los criterios de la Procuraduría.
Roberto González, del Movimiento Patriótico Félix Arcadio Montero, de Santo Domingo, mostró su preocupación por la impunidad que considera se ha dado en este caso. “Si hubo una instancia institucional como la Procuraduría de la Ética que señaló que a Sánchez se le deben quitar sus credenciales como diputado, ¿cómo es posible que no se atienda con celeridad ese planteamiento?”, cuestionó.
Así, una vez que se conoció la decisión de la Sala, por iniciativa de ese Movimiento, los comités patrióticos entregaron el pasado 21 de enero una carta a Sobrado, en la que se solicitó al Tribunal que, en vista de que ya estaba el “por tanto”, “proceda a lo que señaló la Procuraduría de la Ética Pública, en el sentido de que con la redacción del Memorando del Miedo Sánchez faltó al deber de probidad y ello, entre otras cosas, es causal para que se le retiren sus credenciales como diputado”.
“Todos los movimientos patrióticos de la provincia de Heredia con respeto solicitamos que a la mayor brevedad se resuelva esto, pues nos indigna que el exvicepresidente Kevin Casas tuviera que dejar su cargo, mientras que a Fernando Sánchez se le permite continuar en el suyo por ser familia del presidente”, manifestó González.
“DILATAR EL ASUNTO”
Sobrado puntualizó en primer lugar que en el momento en que la Sala Constitucional dio curso a la acción de Fernando Sánchez, ordenó al TSE que le remitiera su expediente del caso, “estamos a la espera de que nos lo devuelva”.
“En diciembre la Sala votó, pero aún no se ha redactado el texto completo de la sentencia. Tengo entendido que la redacción del voto estará pronto y entonces empezará a notificar”, señaló.
Consultado Jorge Enrique Romero, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UCR y profesor de derecho público en esta misma institución, expresó que durante años la práctica de la Sala Constitucional ha sido emitir el “por tanto” y luego la redacción completa de las resoluciones con la relación de hechos y los argumentos; “hay muchos votos que se quedaron sólo en el por tanto”.
Según el abogado, el hecho de que no se puedan apelar las decisiones de la Sala Constitucional implica que por sí sólo el “por tanto” de sus resoluciones implica que los asuntos están resueltos, “es el criterio definitivo de la Sala y lo que hay que hacer es cumplir”.
A ello añadió que no existe una instancia jurídica que obligue a la Sala a emitir su sentencia completa en un plazo corto. “Lo importante para tener resuelto un tema es el “por tanto”, y con él basta para que el TSE se dé por notificado, más bien lo obliga a resolver, no tiene por qué esperar y debe pedir a la Sala el expediente”.
“No estoy de acuerdo con el criterio del magistrado Sobrado, pero lo respeto. Según ese argumento, cualquier empresa privada o institución pública puede quedarse con los brazos cruzados antes de cumplir un mandato de la Sala Constitucional, mientras esperan la redacción completa”, señaló.
El también abogado Walter Antillón coincidió en que conocer la redacción completa es necesario para un abogado litigante que prepare una apelación, pero en vista de que las decisiones de la Sala Constitucional no se pueden apelar, cuestionó “al TSE ¿qué le importa?, si ya tiene la decisión del rechazo a los argumentos de Sánchez”.
“Aunque sólo se cuente con el “por tanto”, ese es el fallo. En mi criterio, esta argumentación es un subterfugio, son decisiones que le hacen el juego al Gobierno. Hay razones para separar a Sánchez de su cargo, pero cada uno de ellos, la Sala IV y el TSE, siguen el juego para dilatar el asunto”, sentenció.
Antillón opinó que “se han demorado mucho, la Sala Constitucional, cuando se trata de los intereses del Gobierno, por ejemplo las consultas de constitucionalidad sobres las leyes de implementación, resuelve con mucha brevedad cuestiones endemoniadamente complejas, mientras que el caso Sánchez es tan sencillo, que Casas renunció casi inmediatamente”.

Meter el hombro
Luego de que el diputado Fernando Sánchez presentara su acción de inconstitucionalidad a la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, varios de sus colegas en la Asamblea Legislativa presentaron coadyuvancias positivas, es decir, argumentos ante la Sala cuestionando la constitucionalidad de esa Ley.
El diputado Jorge Eduardo Sánchez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) manifestó que a partir de la autonomía de los miembros de los supremos poderes, “ni el TSE ni la Sala Constitucional nos pueden cancelar las credenciales, porque somos electos popularmente”.
El liberacionista y compañero de fracción de Sánchez, Federico Tinoco, manifestó que “por principio, toda persona tiene derecho al debido proceso, pero ha estado muy lenta la resolución de este caso”.