El Ministerio de la Presidencia asegura que estudiará el caso del periodista Gilberto Lopes, para responder a las consultas de este Semanario.
Son muchas las personas que debido a su pensamiento crítico y pluma disidente han sospechado lo que el periodista Gilberto Lopes logró comprobar: la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) tiene un expediente con su nombre.
Lopes, de origen brasileño, tiene 30 años de vivir en Costa Rica, donde ha trabajado como periodista de este Semanario y colaborador de diversos medios de comunicación extranjeros, por lo que decidió el año anterior optar por la nacionalidad costarricense. Sin embargo, al realizar los trámites ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil, la solicitud fue rechazada porque la DIS informó que esta persona “aparece registrada” en sus archivos.
Así quedó consignado en el oficio COP-110-2008 del 11 de junio del 2008, donde el entonces subdirector de la DIS, Roberto Guillén, responde a Ricardo Chavarría Barquero, jefe de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil.
El abogado del periodista, Arturo Fournier, aseguró que esta consulta del Registro Civil a la DIS es improcedente e ilegal, ya que lo que se establece en la ley para el caso de las naturalizaciones, es que la persona interesada demuestre que no ha sido condenado por delito alguno en Costa Rica, para lo cual presenta su hoja de delincuencia.
“Esto fue un atropello a los derechos humanos de Gilberto. El Registro Civil, como consta en los documentos, interpretó que aparecer en los registros de la DIS es señal de “mala conducta” y así lo expresó”, explicó el abogado.
Tras apelar al Tribunal Supremo de Elecciones, este solicitó a la DIS informar sobre el contenido de los archivos de Lopes, a lo cual se negó argumentando que se trata de “secreto de Estado”.
SIN SORPRESA
Al no haber denuncias contra Lopes, el TSE ordenó que se le otorgara la nacionalidad costarricense, quien a pesar de la satisfacción de haber completado exitosamente su trámite, quedó con el sinsabor de haber confirmado sus sospechas.
“A mí no me sorprende, se sabe que la DIS la usan para buscar disidentes, gente que discrepa con las políticas de gobierno y yo me manifesté abiertamente contra el Tratado de Libre Comercio, por lo que no me sorprende que la DIS tomara nota, aunque no sé si esa es su función”, comentó.
Consideró inconveniente que otros órganos del Estado se tomen atribuciones que la ley no les otorga, como lo hizo la Sección de Naturalizaciones al consultar a la DIS, para luego rechazar el trámite, a pesar de cumplir con todos los requisitos.
Para Lopes, es grave que exista una entidad como la DIS que no tiene límites ni controles en su accionar, y que además responde a los intereses particulares de una administración, al estar bajo la tutela del Ministro de la Presidencia.
“Resulta que tenemos en el gobierno una persona que ha tenido uno de los honores más grandes que puede recibir un ser humano, pero se da el lujo de manosear la Constitución en beneficio propio.  Si esa persona se permite eso,  ¿dónde deben detenerse los demás?”, cuestionó Lopes.
QUE CIERREN LA DIS
El caso del periodista Gilberto Lopes generó diversas reacciones en sectores políticos, autoridades y periodistas, que coincidieron en la inconveniencia de mantener una unidad de investigación como la DIS, que opera como una “policía política”.
El diputado del Frente Amplio, José Merino, indicó que este tipo de denuncia confirma lo que él mismo como diputado ha sufrido como objeto de investigación y persecución por parte de la DIS
“Como en este caso y en el mío, no dudo de que en el archivo de la DIS habrá más expedientes sobre todas las personas comprometidas con la lucha popular y la defensa de los derechos humanos, lo cual es muy lamentable”, aseguró Merino.
Agregó que tiene listo un proyecto de ley para disolver esa “policía política” y obligar a hacer públicos los archivos que esta unidad ha creado sobre personas que militan en organizaciones civiles o han sido investigados por otros motivos, en clara violación a sus derechos humanos.
El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Luis Barrantes, coincidió con Merino en la necesidad de cerrar la DIS y aseguró que aún está a la espera de un informe prometido por el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, sobre las actividades de la DIS.
“El gobierno no ha actuado respecto de la DIS. Creo que tener un órgano político investigativo es muy peligroso, y si está adscrito al Ministerio de la Presidencia, es más peligroso todavía”, manifestó Barrantes.
El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Francisco Molina, lamentó lo ocurrido en el caso de Gilberto Lopes y aseguró que todo ciudadano tiene derecho a conocer por qué motivo es investigado.
“No puede ser que a una persona se le deniegue o se le intente denegar  un trámite diciendo que aparece en un archivo, sin dar la información porque es “secreto de Estado”; ya lo hemos dicho, lo mejor que le puede pasar al país es que se cierre la DIS porque no sé a qué están jugando, ellos deciden quién es bueno y quien es malo”, afirmó Molina.El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Oscar Núñez, reconoció que se actuó en contra de los derechos del periodista Lopes, pero aseguró que no se puede cuestionar una política de Estado en materia de seguridad por un caso particular.
“La política en materia de seguridad de Estado no concierne a una persona en particular, es una política que debe ir sobre otros temas de seguridad que también se investigan en el país, y si aquí hay delitos de narcotraficantes, de gente que ha incursionado en armas y se les sigue la pista, pues por supuesto que vale la pena tener una unidad de inteligencia”, expresó Núñez.
El Fiscal General, Francisco Dall ‘Anese, reiteró su criterio de que la DIS debe cerrarse, pues el país no puede tolerar un tipo de policía como esta, en la que no existe control.Es inconstitucional que la DIS declare la información “secreto de Estado”, cuando para eso existe un procedimiento definido por la Constitución Política; y no por decisión arbitraria de una unidad como esta.
“No puede ser que aquí se investigue a un periodista porque es de izquierda o porque es de derecha, eso es muy peligroso para el país y no tiene fundamento jurídico”, manifestó el fiscal.
PELIGRO PARA EL PERIODISMO
El presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Costa Rica (APEX) , George Rodríguez, indicó que este tipo de investigaciones como las sufridas por Gilberto Lopes, son incómodas para el ejercicio de la prensa extranjera en el país.
“Es preocupante que haya un control del cual el periodista no tenga conocimiento, que pueda generar algún tipo de inseguridad al no saber si se considera bien o mal el trabajo que un corresponsal internacional desarrolla”, consideró Rodríguez.
El periodista Eduardo Ulibarri, integrante del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), dijo que el caso es preocupante desde el punto de vista de los derechos civiles de cualquier persona, independientemente de su profesión.
Esto tiene  un tufo político que es inconveniente cuando se trata de los derechos ciudadanos. El periodista trabaja con símbolos y con versiones y su actividad pública tiene que ver con la libertad de expresión, por lo que me preocupa una investigación de este tipo”, comentó Ulibarri.
El presidente del Colegio de Periodistas, Raúl Silesky, aseguró que la actuación de la DIS es antidemocrática y que el país debe velar por el derecho de todas las personas por tener acceso a su información personal guardada en las instituciones públicas.
“Me parece indignante que tengamos archivos registrados donde se estigmatice a personas por su forma de pensar y que esto  sea instrumento para decidir a quién se le otorga una nacionalidad. Esto recuerda a las dictaduras y sienta un pésimo precedente”, concluyó Silesky.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, y del director de la DIS, José Torres; Pablo Guerén, encargado de prensa de su oficina aseguró que el caso será estudiado para dar una respuesta a nuestras consultas.

George Rodríguez, periodista:
“Es preocupante que haya un tipo de control del que el periodista no tenga conocimiento, que puede generar inseguridad al no saber si se considera bien o mal el trabajo de un corresponsal.”
Eduardo Ulibarri, IPLEX:
“Esto tiene  un tufo político que es inconveniente cuando se trata de los derechos ciudadanos. El periodista trabaja con símbolos y con versiones y su actividad pública tiene que ver con la libertad de expresión, por lo que preocupa una investigación de este tipo”.
Raúl Silesky, presidente Colegio de Periodistas:
“No es bueno tener archivos registrados donde se estigmatice a personas por su forma de pensar y que esto sea instrumento para decidir a quién se le otorga una nacionalidad. Esto recuerda a las dictaduras y sienta un pésimo precedente”.
Oscar Núñez, Jefe de Fracción PLN:
“La política de seguridad de Estado no concierne a una persona en particular, es una política que debe ir sobre otros temas de seguridad que también se investigan en el país.”