Después de un largo y costoso proceso de selección por parte de la Oficina de Recursos Humanos de ciento ocho trabajadores ocasionales, que mantiene la Universidad  por años en forma fraudulenta bajo la  modalidad de contrato ocasional, ocho son despedidos, se les rescinde el contrato, llámese como quiera, despedidos al fin y al cabo.
Ellos  están fuera bajo el pretexto de no aprobar el famoso examen o prueba psicológica, por lo tanto no son elegibles; algunos de ellos tenían uno, dos y hasta tres años de laborar para esta institución.
Ello parece una situación contradictoria, procesos viciados, malas prácticas en  la forma de  administrar personal en esta institución. ¿Cómo imaginar que hay un porcentaje de trabajadores que no son aptos emocionalmente y socialmente para desempeñar su trabajo, cuando en la práctica se demuestra lo contrario?  ¿Cómo pensar que en el perfil de estas plazas no se tome en cuenta la experiencia, la sencillez y la humildad de estas personas, quienes en su mayoría  el sistema excluyente capitalista les ha cerrado las oportunidades, ya que son hijos de obreros y campesinos forjadores de la Costa Rica de hoy? Es una excusa muy pobre de parte de esta oficina para el despido, apoyándose en una prueba proyectiva en donde abunda la subjetividad y la interpretación ambigua. Por otra parte,  se especula por el “correo de brujas” que la mayoría de estos despidos obedece a que son personas “conflictivas”, de ser así: ¿Por qué no se siguió el debido proceso como dice la ley?  Ahora se corre el riesgo de que un  recurso de amparo ante la Sala Constitucional se traiga abajo todo un  proceso, y que la “cuerda se rompa por la parte más delgada” y  con ello los anhelados derechos laborales, estabilidad laboral, anualidad, escalafón,  salario escolar, sentido de pertenencia y un sinfín de derechos más que tendrían estos trabajadores si hubieran quedado en propiedad.
Se podría pensar también que existe desinterés y apatía por parte de algunas autoridades universitarias de tener una población trabajadora incentivada y motivada.  Quizás no se dan cuenta  de la brecha  cada vez más distante  entre una población considerada  “de tercera categoría”, la plebe, los iletrados, los jornaleros, -en  dinámica de grupo- “los leprosos” los que no riman con  la academia  y otra población de cuello blanco, la élite, las grandes autoridades, los que manejan “el discurso del amo”, los papudos.
No hay duda de que este tipo de contratación viola todo lo estipulado en la Convención Colectiva, sobre los derechos del personal. Los ocho compañeros despedidos son chivos expiatorios de un  mal manejo de las relaciones laborales y de la falta de una política de parte de una  oficina de recursos humanos, que obedece  a un modelo de explotación y privatización de neoliberales enquistados en esta universidad desde hace ya bastante tiempo, encubiertos en la máscara del humanismo y la igualdad.