Expertos coinciden en que la población podría disfrutar de una mayor calidad de vida si se respetara el ordenamiento territorial.
Más que ordenamiento territorial, lo que impera es un desorden en esta materia, y un ejemplo de ello que resulta paradójico, es que la sede de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) se ubique en un terreno de alto riesgo de deslizamiento, junto a un cañón del río Virilla.
Para los expertos en este campo, un adecuado ordenamiento territorial se traduce en una mayor calidad de vida para la población y en una reducción de los impactos que pueden ocasionar los eventuales desastres naturales. Se entiende el ordenamiento territorial como aquella normativa que regula el uso del territorio y define sus posibles empleos para diversas actividades, a partir de las políticas que establezca el Estado dentro de un concepto de desarrollo sostenible.
El caso de las instalaciones de la CNE, es para el ingeniero civil Jaime Brenes-especialista en planificación territorial y uso del suelo- una muestra del deficitario manejo del territorio aplicado en Costa Rica. Otro ejemplo de cómo el desorden territorial genera desastres para la población, fue señalado por investigadores de la Universidad Nacional en un informe sobre el terremoto reciente de Cinchona, en el que expusieron: “Resulta claro cuando observamos que algunas viviendas y carreteras estaban ubicadas en lugares tan poco adecuados, que fueron afectadas por el deslizamiento de masas de material rocoso, lo cual ocurre en áreas de alta pendiente y con altas precipitaciones, deslizamiento obviamente acelerado por el movimiento sísmico”.
Por su parte, el director del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) –Rosendo Pujol- califica las debilidades en el ordenamiento como “una mancha negra en la historia del país”. Mientras tanto, el director del proyecto Planificación Regional y Urbana del Gran Área Metropolitana (PRUGAM) –Eduardo Brenes Mata- considera que el ordenamiento es una herramienta que está en proceso de desarrollo y se le están haciendo ajustes.
PROYECTOS PREOCUPANTES
Jaime Brenes, quien además es docente en la UCR y trabajó por muchos años en la oficina de permisos de construcción del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), expresó preocupación por algunos casos que son parte del ordenamiento territorial poco riguroso que ha tenido el país.
Uno de ellos es el acueducto de Orosi que abastece a la ciudad de San José, cuya enorme tubería se extiende alineada a una falla tectónica, y el cual podría ser ampliado en un futuro cercano.
También es objeto de desvelo el gran desarrollo inmobiliario en playas como la de Jacó, donde construcciones y poblaciones están expuestas a un alto riesgo sísmico y marejadas (“tsunamis”), en caso de sismos fuertes.
Para Brenes, aparte de la necesidad de que las comunidades estén bien informadas de los eventuales peligros que podrían enfrentar, es necesario que entes como la Comisión Nacional de Emergencias tenga bien capacitados comités operativos técnicos en cada lugar, con protocolos que les permitan hacerle frente de manera óptima.
Uno de los casos más antiguos recordado por él y que es un claro testimonio del poco interés de las instituciones estatales por ajustarse a un ordenamiento territorial, es el de la comunidad de Los Diques, situada -en Taras- a la entrada de la ciudad de Cartago y sobre las márgenes del río Reventado.
Desde 1963 ese sitio fue declarado de alto riesgo, cuando se produjo una avalancha, ocasionada por el taponamiento del río con la gran cantidad de ceniza que lanzó el volcán Irazú durante su erupción de aquel año. Brenes recordó que en 1986 la entidad antecesora de la CNE, Defensa Civil, declaró una emergencia en el área de Los Diques por el peligro latente de inundación y se emitieron unos decretos de zonificación que al poco tiempo no se respetaron e incluso la empresa de electrificación de esa provincia comenzó a poner tendido eléctrico en el área, lo cual favoreció la construcción de nuevos viviendas sobre el cauce de dicho río,  expuesto a uno de los deslizamientos más activos de Centroamérica.
Una situación similar se percibe en Turrialba –provincia de Cartago-, en Parrita –cantón Aguirre, Puntarenas-,  y en Ciudad Neily –cantón de Corredores, Puntarenas-, en donde los ríos que las atraviesan o circundan en cualquier momento superan los diques de defensa.
También es motivo de preocupación para el ingeniero civil, la represa que planea construir en la zona sur el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobre el río Térraba –con un gran lago artificial-, cercana a una falla tectónica local.
En lo que se refiere a construcción de urbanizaciones que irrespetan el ordenamiento territorial, mencionó una construida en Cartago con 3.000 viviendas y ubicada contiguo al río Agua Caliente, que es parte de una falla activa. El INVU compró el terreno, pero solo pudo desarrollar una etapa, debido a que se descubrió este inconveniente, aunque otros siguen construyendo.
Al referirse a situaciones que pueden servir de ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas en materia de ordenamiento, Jaime Brenes rememoró que después de los estragos que causó el huracán César en 1996, una comisión -de la cual formó parte- puso en práctica una estrategia para hacerle frente de manera integral, al problema de inundaciones frecuentes que sufría Ciudad Cortés. Fue así que mientras se analizaba cómo solucionar el impacto de las inundaciones, se congeló con el apoyo del Registro Público de la Propiedad todo movimiento de segregación de tierras en la zona, por lo cual nadie podía venderlas, comprarlas, o construir en ellas. Gracias a estas acciones, se hizo un nuevo diseño de la ciudad y se logró reubicar a la nueva población en un lugar más seguro.
Por otra parte, el docente destacó que cuando hay desorden territorial, esto influye para que se generen frecuentes desastres naturales. Entonces algunas personas se aprovechan de las emergencias para beneficio personal, pues son contratadas por montos millonarios para realizar obras como diques, los cuales al poco tiempo no sirven y el riesgo se mantiene para el lugar.
En este sentido, recordó que cuando el huracán César golpeó el país, al hacer una evaluación de los daños en una localidad de la zona sur, apenas dos días después de los estragos ya había una empresa con maquinaria nueva, en la limpieza del cauce de un río. Tengo fotos de eso y “es todo un negocio lo que está de por medio”, acotó.
“MANCHA NEGRA”
Por su parte, el director del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la UCR, Rosendo Pujol, aseguró que “hay de todo”, en relación con la calidad de  ordenamiento territorial que existe en el país, aunque el principal obstáculo es que en muchos ámbitos no existe.
Comentó que en términos generales, las deficiencias en materia de ordenamiento son “una mancha negra” en la historia del país y si se le contrapone con el alcanzado por  países desarrollados, el nacional es un desastre. Esto hace que en muchos cantones no haya  ordenamiento, al igual que en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT); en otros casos sí existe, pero es muy malo; mientras, en otras áreas no es tan malo, aunque son excepciones.
Pujol aclaró que el ordenamiento territorial no es solo el tradicional que se incluye en los planes reguladores, sino que también están otros, como la protección de cuencas que hace el ICE, los parques nacionales, y otros.
Un ordenamiento que ha sufrido ataques, es el cinturón de contención del Gran Área Metropolitana que impide construir urbanizaciones más allá de este límite. “Ese anillo ha tenido un montón de ataques y se ha ido debilitando. El más grande fue el que tuvo durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, con apoyo de cuatro ministros. El ataque fue paralizado por una acción ante la Sala IV, pero en los 15 días en que el decreto estuvo vigente, se autorizaron urbanizaciones en Santo Domingo, Escazú y muchos lugares”.
En vista de lo anterior, el Director de ProDUS dijo que cuando “oigo hablar a ciertos personajes del sector privado de medidas temporales y de eliminar tramitología, me preocupa mucho, porque eso no se justifica y no va a resolver la crisis del país, mientras que sí da pie a que se construyan proyectos inconvenientes”.
Acerca de si hay una relación entre programas de prevención de desastres y ordenamiento territorial, el experto afirmó que ésta debería ser mayor.
Al ahondar al respecto, comentó –con conocimiento de causa- que toda la gente habla de ordenamiento, mas cuando llega la hora de que se les aplique se resisten, y esto incluye a los funcionarios municipales que tienen que aplicarlo.
En su opinión, con el tiempo a las personas se les olvidan los desastres ocurridos y un ejemplo de esto es el caso de Los Diques, citado también por Brenes.
Pero, en algunos casos el riesgo se pueden aminorar con algunas medidas y así evitar consecuencias mayores. Un ejemplo de esto podría ser la construcción de casas sobre pilotes, en zonas propensas a inundarse.
Una de las medidas que podría evitar muchos daños personales, a comunidades y a la economía nacional, es el respeto a la normativa que prohíbe cualquier construcción en los primeros diez metros de los márgenes de cualquier cauce de agua, indicó Pujol.
Al preguntársele por qué no hay una cultura de ordenamiento entre la población, el ingeniero civil dijo creer que los ticos son indisciplinados y rebeldes frente al Estado, por lo que es normal que en muchas partes del territorio no se sienta su presencia.
Asimismo, son pocos los buenos ejemplos que la población puede copiar, a pesar de que las personas aprenden rápido y cuando puede copiar lo bueno lo hacen con rapidez. “Ni las autoridades nacionales ni las locales, entienden la importancia del ordenamiento territorial”, lamentó.
No obstante, Pujol hizo un “mea culpa” por la extendida ignorancia en torno a esta temática, debido a que universidades como la UCR no están produciendo profesionales en este campo y quizás esto se dé cuando las generaciones futuras exijan una mejor calidad de vida urbana, sin que se descuiden las bellezas naturales.
Por otro lado, el director del ProDUS detalló que uno de los factores que influye para que se cumplan las regulaciones sobre ordenamiento es el desarrollo inmobiliario, el cual presiona para que cambie el uso del suelo y con ello se irrespete lo planificado.

Ordenar es un proceso
Según el director del PRUGAM, Eduardo Brenes Mata, si bien el ordenamiento territorial está en un proceso de construcción, al menos en el Gran Área Metropolitana se ha hecho un gran esfuerzo y ya el programa que dirige presentó un plan a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la cual deberá validar su viabilidad en los próximos meses.
El arquitecto puntualizó que el país cuenta con unas 25 leyes que tienen que ver con ordenamiento territorial; pero, “lo que no ha habido es una conjunción de todos esos elementos técnicos-legales, que nos puedan decir con toda certeza, que a nivel nacional sí tenemos una política nacional” sobre este tema.
Brenes Mata considera que los desastres naturales “son parte de esa de falta de ordenamiento territorial y creo que tanto golpe tiene que enseñarnos, aunque exista este ordenamiento”.
En su opinión, hace falta institucionalidad, en el sentido de que si bien el Ministerio de Ambiente, Energía Telecomunicaciones es el responsable -por su naturaleza-, hay mucho marco jurídico disperso y que necesita ser conjuntado en una visión institucional.
Con el proyecto PRUGAM, Brenes estima que se tendría un plan regional para el Gran Área Metropolitana y 31 planes reguladores para cada cantón, que incluyen la parte ambiental y la planificación local. “Este modelo sentimos que debería ser replicado (copiado) en otras regiones del país”.
Estudios elaborados por este programa, dan cuenta de que “el GAM le cuesta al país el 4.23% del Producto Interno Bruto (PIB) en desperdicio en viajes, desperdicio de combustibles, gastos innecesarios en salud porque nos enfermamos por vivir en una ciudad estresante, porque las aguas siguen contaminadas. Esto representa $830 millones por años”.
“¿Qué no podríamos hacer –añadió- si esta plata se comenzara a invertir en esa política de Estado, orientando las inversiones, la infraestructura y el desarrollo, que está previsto en un plan? Esto es como una paradoja, una contradicción”.
También destacó como aspecto contradictorio para Costa Rica, que por un lado se pueda ufanar de muchos logros, mientras que por otro presenta vacíos que no ha podido llenar, como la desprotección de las costas, las limitaciones presupuestarias de los parques nacionales, el tratamiento de las aguas negras, un desarrollo urbano con pocos controles.
Brenes resaltó que dada la multiplicidad de instancias vinculadas con el ordenamiento y de la imposibilidad e inconveniencia de que una sola institución asuma este control, sí es necesario contar con un ente que se encargue de coordinar, y el indicado en este caso sería el Ministerio de Planificación Económica, que podría ligar su acción con el Plan Nacional de Desarrollo.  En referencia al papel de las municipalidades en el ordenamiento, aseveró –en coincidencia con Jaime Brenes- que a dichos funcionarios les falta mucha capacitación técnica y político-técnica para hacer bien las cosas y tomar las decisiones correctas.
En el ámbito académico, Brenes piensa que a pesar de que falta profesionales en planificación –como lo dijo Pujol-, no hay aún un mercado laboral y que sea atractivo para estas personas, quizás por el poco desarrollo que tiene el país en materia de ordenamiento.