Dentro de los aniversarios que se cumplieron el año pasado en la Universidad de Costa Rica se encuentra el de los treinta años de la apertura de la carrera que forma a los archivistas que requiere el país, no solamente en el ámbito de lo público, sino también en el de lo privado.
Si bien es cierto en 1978 se abrió como un pre-grado, ya que se otorgaba el título de Diplomado en Archivo Administrativo, posteriormente se amplió al grado de Bachillerato y Licenciatura en Archivística.
Entre las razones que se dieron para la apertura de esta carrera estuvieron la necesidad puesta de manifiesto por diagnósticos efectuados por expertos de la OEA y de la UNESCO de contar con personal, con una formación universitaria que asumiera el tratamiento de los documentos en el Archivo Nacional.
Por lo tanto, en los primeros años el enfoque iba dirigido a la organización de las fuentes primigenias del historiador; de ahí que el Diplomado se abriera en la Escuela de Historia.
Conforme transcurrió el tiempo se fue creando la necesidad de dar tratamiento a los documentos desde el momento mismo de su creación para abarcar todo su ciclo de vida, en sus etapas de gestión, administrativa y final.
Esto se vio reforzado con la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202 el 24 de octubre de 1990, con lo cual se puso a derecho una situación que de hecho venía funcionando desde hacía varios años, especialmente por lo que se establecía en los artículos 41 y 43 en cuanto a la obligatoriedad de la existencia de archivos de gestión y centrales en el ámbito de la administración, a cargo de personal con formación en Archivística.
Sin embargo, la ampliación al nivel de grado se dio hasta 1995, conservando el Diplomado como salida lateral hasta 1999 cuando se elimina, de conformidad con las políticas universitarias de concentrar la formación en el grado y el posgrado, enmarcado dentro de las Ciencias de la información, con un carácter interdisciplinario y acorde con las últimas tendencias en cuanto a la normalización de los procesos.
Con las necesidades y demandas que se fueron generando, tanto de parte de los profesionales en ejercicio como de las mismas instituciones, a las que se sumó el ámbito privado, se crearon las condiciones para la apertura de la Licenciatura, con el objetivo de posicionar aún más a los archivistas, especialmente para dar respuesta a los retos que planteaban las tecnologías de la información y la comunicación, manifestadas en la presencia del soporte electrónico como registro de información.
Finalmente, en 2003 se abrió la Licenciatura, con un perfil enfocado a la investigación, una necesidad cada vez más ingente en nuestro contexto -de generar conocimiento-, acorde con nuestra realidad; a lo que vino a sumarse una serie de normativa como lo son: la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, la Ley General de control interno, la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, la Ley de certificados, firmas digitales y documento electrónico y la nueva ley del Código Procesal Contencioso-Administrativo, lo que vino a reforzar el papel de los archivos y de los archivistas en la administración pública, como garantes de la rendición de cuentas, la transparencia administrativa y el derecho ciudadano a la información.
En este año, la Carrera ha emprendido un proceso de autoevaluación en distintos ámbitos, consciente de que el siglo XXI ha traído nuevos retos, más allá de ser meros custodios del patrimonio documental para asumir una función más proactiva en la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos inmersos que demanda una mayor proyección y satisfacción de las necesidades del usuario tanto interno como externo.
Por último, es importante destacar que el bachillerato y la licenciatura en Archivística que se imparten en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, es la única formación en el nivel universitario que se imparte a los archivistas en el país, lo que tiene grandes implicaciones y responsabilidades para el futuro de la memoria institucional y nacional, especialmente ante la presencia de otros soportes, además del tradicional en papel, frente a los cuales se debe asumir una actitud vigilante, sin perder de vista la especificidad de la disciplina frente a otras ciencias de la información.