La Contraloría General de la República debe escribir el final de la novela en las próximas semanas.
Prevista para terminar en el 2004, la modernización del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) fue alargada en su final por cinco años más como cualquier novela mexicana o venezolana, y ahora el Gobierno finalmente ha dicho que abortará el “despegue” de la empresa constructora Alterra, si la Contraloría General de la República (CGR) no da su visto bueno a la adenda que promueve.
La Ministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y presidenta del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), Karla González, anunció el pasado 3 de marzo en una conferencia de prensa que realizó en el Juan Santamaría, que el Estado asumirá las obras inconclusas de dicha terminal aérea, si fracasa la adenda para que la administradora del aeropuerto: Alterra Partners, traspase sus acciones a la empresa que la sustituiría.
A pesar de que Alterra asumió el contrato en el 2001 y debía entregar listas las obras en agosto del 2004, los “capítulos” de la novela dedicados a la consecución de una adenda (agregado al contrato),  prolongaron la historia al doble de lo pactado y el final está “en veremos”, sujeto a lo que diga la Contraloría.
Las numerosas adendas que las partes (Alterra y el CETAC –contraparte estatal del contrato-) han impulsado desde el 2004 ante la CGR, buscan que el desarrollo del proyecto supere el supuesto desequilibrio financiero que se arrastra desde entonces. A esta última se la ha llamado “plan de remediación del contrato”.
Un esfuerzo desesperado por lograr la “bendición” del órgano contralor y así concretar el traspaso de acciones de Alterra, lo constituye la inyección de fondos por $40 millones que hizo el consorcio interesado en completar las obras.
Los detalles sobre este aporte lo comunicó el pasado 3 de marzo la ministra González y Jeff  Scheferman, presidente y consejero principal de la firma Airport Development Corporation of Canada (ADC), la cual operaría el Juan Santamaría mediante un consorcio del que también forman parte la compañía brasileña Andrade&Gutierres Concesiones, y HASDC (HAS Development Corporation, afiliada a Houston Airport System (HAS), que es el tercer mayor operador aeroportuario del mundo.
Vale mencionar que HAS es una empresa del municipio de Houston y fue creada para atender los tres aeropuertos internacionales que allí hay. Su ámbito legal de acción se circunscribe a esa comunidad y por lo tanto, aunque aquí se ha hecho creer que esta sería la encargada del aeropuerto, la responsabilidad legal del contrato estará más bien en manos de HASDC-ADC, empresas privadas afiliadas a la HAS. Esto fue confirmado a este Semanario por Scheferman.
De acuerdo con el plan de remediación enviado a la Contraloría, el consorcio HASDC-ADC-Andrade&Gutierres Concesiones, se encargaría de saldar las deudas de Alterra con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y con el Estado costarricense, para luego comprar el 95% de sus acciones e iniciar la gestión del aeropuerto.
Alterra obtuvo de la IFC $90 millones para construir obras en la terminal aérea y le suspendió la entrega de $30 millones más por incumplimiento de los pagos. La contratista alegó tener desequilibrio financiero, por lo que requería de reajustes al convenio original que no fueron aceptados como válidos por el ente contralor.
Esta situación llevó a la empresa constructora a demorar las obras y a una suspensión total desde mediados del año pasado. Como condición para continuar y alcanzar el equilibrio en sus finanzas, exigió una extensión en la duración del contrato por 5 años más, que lo llevaría a 25 en lugar de los 20 originales. Para sectores que cuestionan el papel jugado por Alterra desde el 2001, ampliar el contrato por 5 años más era inadmisible, pues eso implicaría que el país prácticamente le regale sus ingresos por ese quinquenio: cerca de $300 millones (más de ¢170.000 millones).
“Si el Gobierno procediera conforme a derecho y dictara la resolución del contrato por incumplimiento grave de Alterra, esos fondos le quedarían al país y permitirían no solo concluir las obras en un par de años, sino crear una reserva financiera para construir el futuro aeropuerto internacional requerido para el 2018, cuando el actual estará saturado”, advierten personas que propugnan la “recuperación” de este aeropuerto.
HABEMUS DINERUS
La ministra Karla González, quien representa los intereses costarricenses frente a la contratista Alterra, dijo que “hemos logrado conseguir el financiamiento para continuar con la segunda y tercera etapa que están previstas en el plan de remediación”.
El apoyo económico proviene del consorcio y es para pagar a la IFC, organismo que –según González- continuará financiando las etapas pendientes. “Eso lo que significa es que hemos cumplido con la condición que nos puso Contraloría, es decir, tener financiamiento, para poder firmar el addéndum y lograr el traspaso de las acciones de Alterra a HAS”, acotó.
Cabe mencionar que en una carta con fecha del 16 de febrero pasado del órgano contralor a la Presidenta del CETAC, le reiteró que una condición para aprobar la adenda era que con antelación se debía lograr “el cierre financiero con los bancos o entidades que aportarán los recursos económicos”.  De igual manera, le recordó que “la obligación de financiamiento del proyecto es exclusiva del contratista, siendo ese deber un `elemento fundamental´ del Contrato”.
En esa misma misiva, se le enfatiza a la Ministra que “para este órgano contralor lo relevante es que se cuente con financiamiento cierto, concreto y efectivo, pues la promesa de lograrlo en algún momento futuro no remedia el incumplimiento imputado al contratista, sino que prolonga las dudas acerca de la factibilidad del proyecto, tal y como bien lo estimó la propia Administración a la hora de aprobar la propuesta de remediación planteada por el contratista”. La jerarca tiene esperanza de que para la primera semana de mayo próximo, se dé el traspaso de las acciones y que de inmediato se reinicien las obras, las cuales acabarían unos 18 meses después. La nueva adenda la presentarían en el transcurso de marzo.
Por su parte, casi convencido de que la Contraloría avalará la adenda, Scheferman explicó que el consorcio está en un proceso de transición para reiniciar las obras del Santamaría y por eso tienen ya maquinaria, materiales y personas que empezaron algunas labores en el lugar.
Ante la pregunta de qué pasa si se rechaza la adenda, Scheferman respondió en tono jocoso que entonces perderán la inversión hecha, mientras que la Ministra afirmó que “no habrá ninguna posibilidad de hacer nada más con el contrato de gestión interesada y el Gobierno tendría que asumir de inmediato el aeropuerto, para terminar las obras en la manera en que podamos conseguir el financiamiento”.
Como se ha dicho que el CETAC tiene fondos para esto, aclaró que en una situación como esta de escasos recursos, se presenta la disyuntiva de dedicar $30 millones del CETAC al aeropuerto o paralizar los otros proyectos aeroportuarios del país en los que se trabaja. 
ALCAHUETERÍA  Por otro lado, un grupo de profesionales que se ha opuesto con vehemencia a la mala gestión de Alterra, califica como alcahuetería la actitud del Gobierno, al no rescindir el contrato incumplido. Entre este grupo se encuentran el expiloto Otto Escalante, el abogado Juan José Sobrado y el exministro de Transportes, Rodolfo Silva, quienes se preguntan: “¿A cuenta de qué vamos a pagar las deudas de Alterra, incurridas por su propia irresponsabilidad?”
Al ser consultado por UNIVERSIDAD, Silva cuestionó el hecho de que en lo que queda de contrato, dicha empresa recibirá $1.100 millones, a cambio de $40 millones en obras y de unos costos de operación anuales del aeropuerto que apenas cuestan unos $10 millones. “Este es un negocio redondo para el contratista, pero no le veo la ventaja para el país”, advirtió.
Según el exministro, el Aeropuerto recibirá este año ingresos por unos $60 millones y con eso se pagarían los $40 millones de las obras y hasta sobraría para invertir en otras terminales, incluida la futura en Orotina, “sin necesidad de arriesgar nuestra soberanía aeroportuaria”. Algo criticable de la extensión del contrato (hasta el 2026) que se quiere hacer, es que -de acuerdo con estudios hechos- en el 2018 debería operar un nuevo aeropuerto internacional. Pero, el contrato con Alterra establece que si antes de que el convenio concluya se pone a funcionar otro aeropuerto internacional, se le deberá indemnizar los usuarios que pierda.
Otra situación que Silva catalogó de peligrosa e inconstitucional, es que la propuesta del nuevo consorcio operador del Santamaría, establece que en caso de controversia legal, el contrato queda sujeto a las leyes estadounidenses y del Estado de Texas, en donde tiene su sede el grupo HASDC.
Entretanto, el gerente de asuntos corporativos de Alterra Partners, Fernando Lara, en un artículo que publicó en Diario Extra (3 de marzo) atribuyó a una “resistencia al cambio”, la actitud de Rodolfo Silva y del grupo que cuestiona a esa empresa.
Lara indicó que “las obras no se han detenido por falta de financiamiento, ni por decisión de la empresa; son los acreedores, 11 bancos internacionales que han considerado `que el Estado costarricense les cambió las reglas del juego, y que ya no hay seguridad jurídica para recuperar sus créditos y por eso pararon los desembolsos del crédito aprobado en el año 2000”.
El Gerente sostiene que Alterra ha invertido más de $124 millones en obras y que “de lograrse el traspaso a ADC/HAS/AGC, el Gobierno seguirá percibiendo recursos de un negocio muy rentable para Costa Rica, sin que se tenga que preocupar por la modernización, el mantenimiento, administración u operación del aeropuerto, y además tendrá la garantía de que las obras estarán terminadas en el menor tiempo posible”.
El próximo capítulo de esta telenovela, tendrá como protagonista a la Contraloría General, cuya decisión otorgará un final feliz, ya sea para Alterra, o para el país.
 

“Atrasos son responsabilidad del Gestor”
Los atrasos en las obras del Juan Santamaría son responsabilidad de Alterra, aseguró Roy Ramos, asesor legal del Órgano Fiscalizador de la Gestión Interesada (OFGI) –ente que vigila el cumplimiento del contratista-, quien respondió un cuestionario enviado a la titular de Transportes y presidenta del CETAC, Karla González. A Ramos se le remitieron además preguntas relacionadas con aspectos financieros del aeropuerto, las cuales al cierre de esta edición no las había contestado.
¿En qué consistió su viaje reciente a Estados Unidos, con quiénes se reunió para buscarle  financiamiento a la empresa HASDC, y cuál fue el resultado?
-El viaje de la Ministra se realizó para participar en la Conferenciainternacional sobre seguridad vial, un encuentro que incluyó representantesde 40 países del mundo. Al estar en Washington acudió además a  verificarlos avances logrados por el Consorcio interesado en asumir el Contrato deGestión Interesada con respecto al financiamiento. El resultado de estasgestiones se expuso en la conferencia de prensa brindada recientementeen el Juan Santamaría.
¿Viajó a Europa para una gestión parecida? ¿Con quiénes se reunió y cuál fue el resultado?
-El motivo fue la participación del Foro Iberoamericano y del Caribede Seguridad Vial. Los gastos del viaje fueron cancelados por la SecretaríaGeneral Iberoamericana.
¿Es responsable Costa Rica del atraso de las obras en en Aeropuerto?
-Los atrasos en las obras son responsabilidad del gestor, precisamente poreso se está en una etapa de remediación.
¿Por qué se establece en la adenda que se gestiona ante la Contraloría General de la República, que Costa Rica debe renunciar a 5 años de ingresos –equivalente a más de $300 millones- del Aeropuerto, con tal de que Alterra pueda traspasar sus acciones al nuevo gestor?
– (No respondió a esta pregunta)
En caso de que la Contraloría acepte la adenda y se haga el traspaso de acciones, ¿piensa el CETAC iniciar después una acción legal contra Alterra, para resarcir al país por el incumplimiento del contrato?
-El objetivo del plan de remediación está encaminado a una solución del temadel Aeropuerto Juan Santamaría, sin perjuicio del cobro de multas que prevéel contrato.
¿Por qué fracasó el Gobierno en concluir la modernización del AIJS, durante sus cuatro años de gestión?
-No se ha fracasado, por el contrario, se está a la espera de una soluciónsatisfactoria a la situación del contrato.