Los cambios que proponen los diputados del PUSC y el PLN hacen inoperante la lucha contra la delincuencia, según el fiscal Francisco Dall’Anese.
El fiscal general, Francisco Dall’Anese, salió al paso de un texto sustitutivo para el proyecto de Ley contra la delincuencia organizada redactado por diputados de los Partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), y que según legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC) busca favorecer a personajes influyentes de la política nacional.
El proyecto sustitutivo contiene inconstitucionalidades y ata las manos de los jueces y la policía en el combate del crimen organizado, insistió el fiscal, tras polemizar sobre el tema la semana pasada con el diputado socialcristiano Jorge Eduardo Sánchez.
El texto sustitutivo sería presentado esta semana a la Comisión especial de seguridad ciudadana de la Asamblea Legislativa, que desde hace un año inició la discusión del proyecto contra el crimen organizado. Esta última ya había logrado consenso sobre el texto definitivo, pero los socialcristianos Jorge Eduardo Sánchez y Bienvenido Venegas le achacaron inconstitucionalidades y presentaron más de 130 mociones para modificarlo.
Olivier Pérez, del PAC, dijo que esa actitud causó extrañeza, ya que Ana Helena Chacón, representante del PUSC en la comisión, había estado de acuerdo en todo, y allí los diputados habían logrado consenso en la discusión y aprobación de los artículos del proyecto, tras consultar con los expertos sobre los distintos temas.
Según el legislador, “aquí hay algo raro” y la falta de transparencia, da para pensar muchas cosas.Dada la controversia desatada por el texto, al cierre de esta edición se hablaba de la posibilidad de que fuera sustituido por otro que incluyera las propuestas de las diferentes fracciones.
El borrador sustitutivo surgió luego de una reunión hace tres semanas con el ministro de la Presidencia Rodrigo Arias, en la que además de Sánchez y Venegas participaron el liberacionista Jorge Méndez y el libertario Luis Barrantes, presidente de la comisión.
Dall’Anese, autor del proyecto de ley original, dijo que lo que se busca con esta iniciativa es montar una estructura que sirva para reaccionar rápidamente ante la delincuencia organizada, pero eso no va a funcionar si se aprueba el texto sustitutivo.
En su criterio, esta propuesta contiene varias inconstitucionalidades y aspectos que harían inoperante la lucha contra la delincuencia. Por ejemplo, no otorga a los jueces autorización para levantar el secreto bancario. Lo que hace es obligar a los bancos a retener capitales que estén depositados cuando haya alguna investigación sobre crimen organizado, pero aunque los retengan, “si no se puede ordenar el levantamiento del secreto bancario no podemos hacer nada”, señaló el fiscal.
Por otra parte, se le resta agilidad a la plataforma de información policial que se pretende crear, al imponerle al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la coordinación con autoridades del Poder Ejecutivo. Ello representa además una intromisión inconstitucional de un poder en otro, señaló.
El centro de intervención de las telecomunicaciones seria inoperante porque se quita la obligatoriedad de las empresas telefónicas privadas para empatar sus sistemas con los del centro judicial, añadió.Entre las críticas el fiscal incluye el que se eliminara la lista taxativa de delitos para considerar que hay crimen organizado, lo que impediría hacer escuchas telefónicas, pues el artículo 24 de la Constitución Política exige que exista la lista para que se puedan hacer las intervenciones.
Dall’Anese dijo que esas son solo algunas de sus objeciones, y en una polémica que sostuvo la semana pasada con el diputado Sánchez por Radio Monumental, se las fue indicando una a una, a lo que éste le fue diciendo que eran elementos que por error se habían incluido y se comprometió a corregirlos todos, salvo lo relativo a la plataforma de información policial.
“Mientras no se corrija lo de la plataforma de información el proyecto seguiría siendo una herramienta muy corta para responder a la delincuencia organizada, aparte que sería la injerencia de unos poderes en otros”, insistió el fiscal.
¿A qué cree que se debe el interés de meter esos cambios? “No sé –respondió el fiscal-, don Jorge Eduardo Sánchez dice que es para superar los problemas de inconstitucionalidad que señalan los dictámenes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, pero precisamente uno de los cambios que se le hizo fue quitar la lista de delitos, y servicios técnicos dijo que esa lista tenía que estar ¿por qué la quitaron entonces?”
El fiscal explicó que el proyecto original está basado en las experiencias sobre el funcionamiento de la plataforma de información en países como Francia, y sobre la investigación de legitimación de capitales en Colombia y Gran Bretaña, y aquí estuvo un fiscal antimafia italiano tratando el tema.
“Los diputados Sánchez y Venegas dijeron que el proyecto original estaba hecho a mi medida, que me convertiría en un superfiscal. Eso no es cierto, porque no hay una sola norma en el proyecto que le dé al fiscal más facultades de las que ya tiene. A quien se le da facultades es a la policía y a los jueces”, resumió Dall’Anese.
ARREGLOS
El diputado Sánchez aseguró que en la discusión sostenida con Dall’Anese éste “lo que hizo fue darme la razón de que había que hacerle arreglos al proyecto, y los señalamientos que él hace son subsanables” en el borrador sustitutivo. “No puede él satanizar el procedimiento que se está llevando a cabo, porque el procedimiento ni siquiera ha llegado a la comisión. O sea, que es un texto borrador que se puede arreglar sin necesidad de mociones, si es que le faltó un par de detalles.”
¿No se había logrado subsanar los defectos del texto en la comisión?, se le cuestionó.“No; es que cuando se dictaminó no estaban todavía los informes de Servicios Técnicos. Estuvieron posteriormente. Entonces estamos en buen tiempo; el proyecto tiene un lugar preferencial; todos queremos el ataque al crimen organizado. El problema es que algunos lo queremos sin violentar los derechos civiles de todos los ciudadanos.”
Preguntado, si tras su posición, como algunos afirman, estaría el interés de defender a personajes de la política y evitar que se investigue el origen de ciertos capitales, Sánchez replicó: “¿Por qué razón? Tan perverso es pensar que nosotros estamos favoreciendo algo, como perverso es pensar que se está haciendo (la ley) solo para un caso específico.”
“No creo que uno legisle para un caso específico. El fiscal hoy está y mañana no está. Hoy estoy yo y mañana no estoy. Estamos legislando para el futuro y me parece que el que tenga una duda al respecto pues pone la denuncia, pero no hace insinuaciones perversas”, añadió.
En sentido contrario la diputada Elizabeth Fonseca (PAC) afirmó que ha analizado el borrador sustitutivo “y puedo decirle con toda certeza que ese texto lo que pretende es beneficiar a algunos personajes de la política, a los que interesa defender los diputados Jorge Eduardo Sánchez y Bienvenido Venegas.” A su juicio eso se ve en la forma como se incluyeron ciertos transitorios en el texto, para que los procedimientos que se aprueben solo puedan ser aplicados en procesos que inicien luego de que entre en vigencia la ley.
El exfiscal general José María Tijerino dijo que la Ley en discusión viene a dotar al sistema represivo de herramientas para enfrentar el flagelo de la delincuencia organizada. “Obviamente los sectores comprometidos con el crimen organizado, que ya los tenemos en el país, se opondrán con todo su potencial político y económico a que la sociedad se prepare para defenderse, y procuran la impunidad”, dijo
Comentó que Costa Rica hace rato dejó ser un jardín idílico. Porque en la guerra contra los carteles en Colombia y México, ahora Centroamérica se vuelve un objetivo para el crimen organizado, y ya tenemos en el país gente involucrada, sicariato, asesinatos, ajusticiamientos, todo lo cual se había anunciado que sucedería si no se tomaban medidas a tiempo.
La sociedad percibe estos cambios radicales en la seguridad, está temerosa y busca respuestas, para lo cual están los criminólogos y otros especialistas que analizan estos fenómenos, y ante los cuales se han aprestado herramientas que se plantean en la ley contra el crimen organizado, señaló Tiberino, quien en una audiencia ante la comisión legislativa dio su apoyo al proyecto.
Reconoció que en este tema es difícil mantener un equilibrio entre la defensa del sistema de garantías individuales que le ha costado conseguir a una sociedad democrática, y la alarma social que es aprovechada por sectores autoritarios para cargar contra las garantías individuales. Sin embargo, el sistema de garantías no tiene por qué ser obstáculo para la lucha contra el crimen organizado, señaló.