A pesar de que incluso la Defensoría de los Habitantes intermedió en busca de una pronta respuesta ante el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) mantiene su posición de que no existe “registro” sobre el periodista Gilberto Lopes o sobre el abogado Carlos Meneses.

Jorge Torres,  subdirector de la DIS, manifestó en un oficio del 27 de marzo, que “se desconocen los parámetros utilizados anteriormente” para que esa Dirección manifestara tener una “anotación” sobre el periodista.
Mientras tanto, Lizbeth Quesada, defensora de los Habitantes, subrayó la necesidad de que la DIS tenga controles “que deben ser transparentes y conocidos por los poderes de la República y por los ciudadanos”.
Cabe recordar que a Lopes, de origen brasileño, se le negó inicialmente la nacionalidad costarricense pues la DIS informó al Registro Civil que aparece “registrado” en sus archivos (Ver UNIVERSIDAD del 10 de febrero). Posteriormente, el periodista apeló ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual solicitó la información a la DIS; cuando ésta se negó a proveerla decidió que el sólo hecho de aparecer “registrado” no es causal para que se le niegue la nacionalidad a una persona.
Desde entonces el periodista y su abogado, Arturo Fournier, se han dirigido a la DIS tanto en persona como por escrito para solicitar la información, de manera infructuosa.
El caso de Meneses es idéntico, con la diferencia de que el abogado de origen colombiano recurrió a la Sala Constitucional, la cual ordenó que se revele la información.
Fournier calificó todo el caso de Lopes como “una barbaridad, se juega con el honor de las personas, eso no se puede hacer y menos por una institución pública que se supone tiene todos los mecanismos para investigar a las personas”. “Han mancillado el honor de don Gilberto, la DIS pone en tela de duda a una persona con algo que no se sabe ni qué es, lo cual definitivamente no es aceptable”, añadió.
Por su parte, Lopes afirmó que “hay que cerrar, esto diciendo que me alegro de que la DIS diga que no hay nada, pues no hay ninguna razón para que lo tenga”. Sin embargo, consideró “extraña” la contradicción entre lo dicho por la dirección anterior, en el sentido de que estaba “anotado”, y la actual que lo niega, “pues las dos responden a una misma política de gobierno, la DIS no es un órgano autónomo”.El periodista también llamó la atención sobre el hecho de que la actual jerarquía de la DIS alegue desconocer los criterios a partir de los cuales actuó la Dirección en el pasado.
“Quien debe aclarar mejor las cosas es el Registro Civil en cómo funcionaron esos contactos entre ambas instituciones en un procedimiento que me parece no estaba autorizado por la ley”, añadió.
Por otro lado, Rafael Ugalde, abogado de Carlos Meneses, confirmó que no ha recibido ninguna respuesta de parte de la Dirección. “Estamos analizando acusar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, informó.
El abogado apuntó que el Estado es el primer obligado a cumplir las leyes, “si es omiso y desobediente a sus propias reglas y leyes, el Estado de derecho se borra y se cambia por la arbitrariedad y la concentración del poder en una persona o grupo de personas”.
Ugalde especificó que en este caso hay una sentencia de la Sala Constitucional que ordena a la DIS a revelar información, “pero ésta se ampara en el Ministerio de la Presidencia y el presidente Óscar Arias  para desobedecer a la Sala, lo que significa que caemos en un Estado arbitrario de concentración de poder”. “Una misma persona dice cómo deben interpretarse las resoluciones de tribunales, en este caso de la Sala Constitucional, y cómo deben aplicarse; más o menos lo mismo que hacían Pinochet o Luis XV, pero en este caso con vestido de democracia”, subrayó.
VIOLACIÓN DE DERECHOS
“Parece que últimamente todo bajo el sol está oscuro”, manifestó sobre el caso de Lopes la Defensora de los Habitantes.Quesada confirmó que el periodista le planteó la queja directamente y que estudió la carta en la que originalmente se dice que en la DIS hay una “anotación” sobre él.
“El meollo del asunto es ¿qué es lo que ha pasado?, ¿que en determinado momento alguien se equivoca y dice la verdad y posteriormente borramos los archivos, para no tener complicaciones decimos que no tenemos nada?”, cuestionó la funcionaria.Quesada destacó el hecho de que “efectivamente se hizo algún grado de investigación, algún grado de intervención, no sé si telefónica o de domicilio, y de alguna manera se usaron criterios para decir que tenía una anotación”.
“Cuando este tipo de sistemas y acciones violan los derechos de las personas, oficinas como la DIS tienen que ser replanteadas y reformadas, el Estado debe generar los controles necesarios para que este sistema llamado de defensa, no se vuelva contra los habitantes, como ha sucedido en otros países de América Latina en que lo único que han hecho ha sido sostener regímenes militares violadores de derechos humanos”, fustigó.
Quesada añadió que si la DIS hubiera mantenido su posición de la existencia de una “anotación” sobre Lopes, “se hubiera podido discutir y aclarar de qué clase era, precisamente para poder discutir cuáles son los controles ciudadanos, estatales y de justicia que se tienen o se deben tener sobre todo esto, para que no se vuelva contra los habitantes”.
Así, calificó el proceder de la Dirección como “poco inteligente”, pues “provoca una mayor necesidad de investigar para saber qué es lo que pasa ahí adentro, la Defensoría está en un proceso de investigación y valoramos otras acciones”.
La funcionaria destacó la importancia de que el Estado mantenga una oficina de inteligencia, ante problemas como el narcotráfico o el terrorismo internacional, pero destacó como problemáticos la falta de controles sobre la DIS y el hecho de que “se vuelve en contra de la ciudadanía”.
“¿Qué es lo que ha dicho don Gilberto que provocó que dijeran que tenía una “anotación”?, ¿que piensa diferente y cuestiona?, ¿no es esa la base de la democracia? Desde ese punto de vista se le estarían violando sus derechos”, apuntó.Por otra parte, el abogado Paul Chaves, especialista en temas de inteligencia y exasesor del Ministerio de Seguridad Pública, destacó en primer lugar que casos como los de Lopes y Meneses se dan porque Costa Rica carece de una verdadera legislación de seguridad nacional que regule la materia.
“El caso de Lopes es más bien el estándar, pues la DIS maneja un criterio caprichoso de lo que es la inteligencia. Por ejemplo, el país no maneja una definición clara de qué es una amenaza a la seguridad nacional, por eso cualquier persona que cuestione al Gobierno es objeto de ese tipo de supuestos”.
Sobre el hecho de que la Dirección niegue tener información tanto sobre Lopes como Meneses, Chaves manifestó que “cuando los servicios de inteligencia tienen que responder por alguna información, es posible que nieguen la misma existencia de ella para proteger a sus fuentes”.
El abogado, quien acaba de publicar un ensayo en un libro compilatorio sobre el tema en el nivel latinoamericano -editado en Estados Unidos-, señaló que “el verdadero problema de la DIS radica en la falta de definición de conceptos básicos como el de seguridad nacional o secreto de estado”.
“Nunca ha habido una discusión teórica conceptual, sino que se definen según lo que le dé la gana al liderazgo político de turno”, apuntó.
Explicó que la “seguridad nacional” debe definirse en torno a problemas como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
Añadió que la DIS adolece de indefiniciones estructurales y conceptuales, y que los dos principales problemas que una reforma debería atender son, en primer lugar, el liderazgo político, que debe encarar la tarea de esas definiciones, pues “ni los ministros de la Presidencia ni los directores llegan a la DIS teniendo idea de esas necesidades conceptuales”. El otro problema es el tipo de personal de la Dirección, “debe hacerse una depuración de cuadros para que haya gente con más preparación universitaria, capaces de hacer análisis sociológicos”.
“La Guerra Fría pasó y la DIS se quedó igual, lo que ahora requiere es una cirugía que pasa por la revisión de todo su funcionamiento, debe ser esencialmente analítica de información tendiente a perseguir el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción”, señaló.
Agregó que “los narcotraficantes, por ejemplo, tienen un nivel de sofisticación en seguridad y eso los hace difíciles de seguir, es más fácil hacerlo con Gilberto Lopes o UNIVERSIDAD”.

Sigue sin contestar
Desde antes de Semana Santa se le enviaron las siguientes preguntas al director de la DIS, José Torres, sin que al cierre de edición se obtuviera respuesta a ninguno de los dos correos electrónicos que de este redactor tiene el departamento de prensa de la Casa Presidencial.
¿Ha hecho alguna diligencia ante las autoridades que le precedieron en el cargo para averiguar cuál fue el origen de la afirmación de que la DIS tenía un registro de Lopes?
 ¿Es la orientación ideológica de las personas un parámetro bajo el cual la DIS las investiga?
¿A partir de qué criterios define la DIS qué tipo de actividades son un riesgo para la seguridad nacional?
¿Qué pasos ha dado para reformar esa Dirección? ¿Ha planteado una renovación del personal?