Está visto: vienen por el FEES. En un acto de atropello al convenio presupuestario, a la autonomía universitaria y a la misma Constitución Política, el Gobierno Arias anunció el mes pasado la subejecución (recorte inmediato) de  ¢7 mil millones del presupuesto de las universidades públicas.
Sólo en la UCR esto implicaría subejecutar unos ¢2 mil millones, alrededor de un 3% de su presupuesto anual 2009.
La respuesta de la comunidad universitaria de la UCR no se hizo esperar. El Consejo Universitario se pronunció inmediatamente repudiando el anuncio gubernamental. Otro tanto hicieron la FEUCR y el SINDEU y similares pronunciamientos se hicieron en las otras universidades estatales. El Gobierno tuvo que echar atrás provisionalmente en lo que era su intención de aplicar la subejecución a partir de marzo. No era para menos: corría el riesgo de toparse con las universidades en pie de lucha al inicio del curso lectivo.
La intentona se da en un contexto de especial preocupación, amenaza e impacto en las universidades públicas. Por un lado, la implementación de un pragmático “Plan Escudo”, que el Gobierno Arias anuncia para paliar “la crisis” que se supone nos viene de afuera, del colapso de la economía mundial (como si el mismo Gobierno Arias no fuese un cogestor de esa crisis en el nivel nacional ). Por otro lado, la inminente negociación de un nuevo convenio presupuestario dado que el convenio vigente vence este mismo año.
Al mismo tiempo que se anunciaba el recorte presupuestario, la respuesta del CONARE dejó ver su anuencia a reconocer la deuda de los ¢7 mil millones en que – se supone – han incurrido las universidades con el Gobierno, deuda que se genera precisamente por un menor crecimiento de la economía nacional (el PIB), menor al proyectado por el Banco Central. Esto supone una especie de “giro de más” en los presupuestos institucionales (el monto del FEES se estima con la referencia del PIB anual proyectado).
Bastaba entonces con leer las manifestaciones de los Rectores y la Rectora en la prensa nacional, para percatarse del impacto fulminante de ese recorte en las universidades: reducción de los programas de becas, paralización de los planes de inversión y regionalización, menos residencias estudiantiles, menos ingreso y todo lo que ello implica en las condiciones de vida, estudio y trabajo (salarios, estabilidad) para las comunidades universitarias.     Pensamos que la respuesta del CONARE a esta intentona debe ser categórica en términos políticos y en términos morales: ¡Ni un solo cinco menos a las universidades!  Ni siquiera cabe especular sobre recortes en programas institucionales y esto por varias razones:
1- Las universidades no son responsables de la crisis, la crisis se debe al modelo de desarrollo de “libre comercio”, recolonización capitalista del país y “economías de mercado” propio de las transnacionales y sus cipayos locales;
2- El Plan Escudo sigue protegiendo las obscenas tasas de ganancia del gran capital transnacional e intenta, con la flexibilización,  una mayor superexplotación de la fuerza laboral del país; 
3- El Gobierno Arias – destilando corrupción – no tiene moral para quitarle presupuesto a las universidades estatales, pues más bien no ha cumplido con elevar los presupuestos de la educación pública al 8% del PIB tal y como engañó al país en su campaña presidencial;
4- Las universidades estatales aportan con creces al desarrollo científico y cultural y constituyen un factor determinante y democratizante en la movilidad social de este país;
5- legal y constitucionalmente No existe ninguna “deuda” de las universidades con el Gobierno y por el contrario, el artículo 85 de la Constitución obliga al Gobierno a buscar y dotar rentas nuevas a estas universidades aún y precisamente ante crisis reales o eventuales como esta que el mismo Gobierno ha propiciado y sigue propiciando.