En la misma línea de exigencia al CONARE, no debe aceptarse “tirar la bola hacia delante”, es decir, diferir el recorte presupuestario para el año o los años próximos.
De momento, el Gobierno ha sido derrotado en su intención inmediata pero no en su intención estratégica e insistimos que moral, legal y constitucionalmente no existe ninguna deuda con este Gobierno y más bien el Gobierno está en deuda con todo el país al incumplir con el 8% del PIB para la educación.
Se sabe que en el CONARE se manejan al menos dos tesis. Una sería “pagar” la supuesta deuda en el tiempo, algo así como en “abonos de polaco”. Otra lo sería “pagar” la deuda re-direccionando recursos, algo así como “partidas” con destinos específicos en los presupuestos institucionales.
Ambas tesis lesionan la autonomía universitaria. Pagar en el tiempo es al fin y al cabo conculcar los presupuestos. Y, comprometer destinos específicos – si no es conculcar – sí es permitir que el Gobierno imponga directa o indirectamente sus directrices en las políticas de planificación y presupuestación de las universidades, lo cual es potestad única y exclusiva de las propias universidades en virtud de su autonomía.
Hay que establecer que no se negociarán deudas. Esta debe ser una exigencia de las comunidades universitarias no sólo al Gobierno sino también al CONARE (los rectores y la rectora son simples depositarios de la representación universitaria. Hay entre ellos proclives al Gobierno).
La negociación debe darse en consulta con las comunidades universitarias, informándolas y decidiendo con su participación democrática. Debe definirse entre las comunidades universitarias cuál sería la fórmula de financiamiento que mayor garantice presupuesto justo y creciente a las universidades. El CONARE aún no ha propuesto ni informado nada al respecto.
En el contexto de una crisis especulativa, con variables macroeconómicas oficialmente manipulables y fuera del control nacional, la actual referencia al PIB debe redimensionarse (el FMI recién proyectó crecimiento cero de la economía mundial este año, el Banco Central proyecta una inflación anual por arriba del 11% y una desaceleración mayor en el crecimiento económico, es decir, en el PIB, etc.). En nuestra opinión, las universidades públicas en este contexto deben garantizar sus presupuestos mediante la exigencia del 8% del PIB para toda la educación nacional.
Esto aumentaría su propio porcentaje de financiamiento y permitiría encontrar a un gran aliado en todo el sector de la educación costarricense. El 8% del PIB no requiere una reforma constitucional, basta la decisión política de incluirlo en los presupuestos nacionales. En fin, aquí todo se vale menos los discursos falaces de “socarse la faja”.