Informe advierte atrasos en el fortalecimiento de las unidades de fiscalización e incumplimientos en el control de las inversiones en el puerto.
Marvin Rojas, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), pidió a la Contraloría General de la República (CGR) una ampliación del estudio de la entidad, que corroboró deficiencias del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP en la supervisión y control de la ejecución de los contratos de concesión en Caldera.
Rojas dijo que remitiría una carta solicitándole al órgano contralor que investigue además el anuncio hecho por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) de que propondrá permitirle al concesionario construir un muelle simplificado para “abaratar costos” en vez de la terminal granelera especializada que se había licitado.“Ya la CGR viene investigando la situación del INCOP, sin embargo, le vamos a pedir una ampliación de esta investigación en vista de que éstas son cosas nuevas que están saliendo posteriormente al primer análisis que hizo la Contraloría”, dijo Rojas.
Al legislador de oposición le preocupa que la empresa ofreció todos los sistemas de una terminal granelera para ganar la licitación, pero una vez que la ganó ahora le quita lo que era el atractivo y va a construir un simple muelle para que le salga más barato y así mejorar su rentabilidad. Eso significa que el objetivo por el cual se dio la concesión se está perdiendo, señaló.
“Lo que más causa indignación es que nuevamente nuestras autoridades, al igual que lo están haciendo con Alterra (concesionario del aeropuerto Juan Santamaría), vienen a ser complacientes y no están exigiendo a la empresa concesionaria que cumpla con lo comprometido. Al final el país va a seguir sumido en el subdesarrollo, porque nadie obliga aquí a cumplir con las cláusulas contractuales y así poder modernizar este país en el tema portuario.”, protestó Rojas.
Luego de 27 meses de otorgada la concesión, la construcción de la terminal granelera no ha comenzado, y la empresa ahora alega que cuesta $52 millones en vez de los $25 estipulados inicialmente. La empresa adjudicataria, la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera, aduce que por la tardanza de la Sala IV en resolver un recurso de amparo presentado por la Asociación de Empleados Públicos (ANEP), el cual fue rechazado en el 2008, los costos subieron a tal grado que la llevan a un desequilibrio financiero. Como solución propuso una ampliación del plazo de la concesión, actualmente de 20 años, subir las tarifas o que el Estado asuma la diferencia del costo de la obra. Como no se ha llegado a un acuerdo, ahora INCOP dice que propondrá la construcción de una terminal más barata, sin el sistema de silos y fajas transportadoras previsto inicialmente. Para ello habría que modificar el contrato y que la CGR lo apruebe.
La concesión para la construcción de una terminal granelera se presentó como parte del proyecto de modernización portuaria impulsado por el Gobierno, con el fin de crear servicios de “clase mundial” en el principal puerto del Pacífico, por donde pasa el 20% de la carga y descarga portuaria del país. El contrato prevé la construcción de un nuevo muelle de 200 metros de longitud por 12 de ancho, dotado de una profundidad mínima de 12 metros, y equipado con todas las facilidades para el manejo de productos a granel (granos, abonos, cemento). Incluye la instalación de sistemas de descarga, bandas transportadoras y silos de almacenamiento, destinados a garantizar una mayor productividad y a eliminar la contaminación por derrames y pérdidas, asegurando una segregación total entre los productos durante todo el proceso de transferencia entre las bodegas de las embarcaciones y los silos, así como en las entregas a partir de estos depósitos.
Un ingeniero especializado en puertos dijo a UNIVERSIDAD –a condición de conservar su anonimato porque es empleado público- que lo que ahora se propone es un muelle de carga general, que se usaría para la carga y descarga de productos a granel, y no una terminal granelera, que debe cumplir con una serie de demandas de seguridad ambiental, almacenamiento y separación de productos para evitar contaminaciones.
El tema salió a relucir el mes pasado a pocos días de que la CGR publicara el informe DFOE-OP-5-2009, en el que alertó sobre las debilidades de fiscalización y control a cargo de la Secretaría Fiscalizadora y de la Unidad Técnica de Supervisión y Control (UTSC) del INCOP, órganos creados específicamente para supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión en Caldera. Dichos contratos son tres: el de la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC, S.A) para la operación de carga y descarga en el puerto; el de la Sociedad Portuaria Granera (ambas colombianas con socios locales menores) y la chilena Suramericana Agencias Aéreas y Marítimas (SAAM), para el remolque de los barcos.
SUPERVISIÓN
Según el mencionado informe, el INCOP no ha ejercido las labores oportunas de supervisión y control sobre la ejecución de las obras de inversión y de mantenimiento de infraestructura realizadas por la SPC, S.A., que le permitan verificar que los procesos constructivos y la calidad de los materiales utilizados cumplan con los requerimientos técnicos correspondientes y que las obras sean ejecutadas en los plazos establecidos y a costos razonables. Esto, a pesar de que en el 2008 se presupuestaron $4.344.953 para inversión en obras y $567.910,20 para mantenimiento.
También determinó que algunas actividades del contrato de servicios de consultoría para el fortalecimiento de las unidades de fiscalización y control tienen más de un año y medio de atraso, a pesar de que el plazo original para su conclusión era de seis meses. Además, la gestión de control de dicho contrato por parte del INCOP ha sido deficiente, por lo cual no se han cumplido los objetivos de fortalecimiento de estas unidades en cuanto a la definición de sus funciones y el suministro de los recursos tecnológicos apropiados para su funcionamiento.
Se ha  presentado un atraso considerable en la conclusión de las actividades 3, 8 y 9 por parte de la consultoría, que son fundamentales en la conformación y fortalecimiento de las unidades de fiscalización, supervisión y control, pues la Actividad 3 consiste básicamente en la elaboración de los manuales de procesos para ambas unidades, con lo cual se definen y establecen claramente las funciones que le competen a cada unidad. Por su parte, las Actividades 8 y 9 están relacionadas con la recomendación, adquisición e implementación del software y equipo de cómputo apropiados para mejorar la calidad de las acciones de fiscalización y control.
Al respecto, se determinó que la Administración no ha aplicado ningún tipo de sanción a la Consultora por estos atrasos, y que a su vez ha sido lenta en revisar y aprobar los productos entregados por la Consultora, lo cual ha contribuido a extender el tiempo de ejecución de esta etapa del contrato, que en principio debió terminarse en un plazo de seis meses, señala entre otros puntos la CGR.
La CGR emitió disposiciones a la Junta Directiva del INCOP para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios, y que se ejerzan las labores oportunas de supervisión y control sobre las obras de inversión y mantenimiento.
El órgano contralor se reservó la posibilidad de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones.
El radar de la CGR no detectó, sin embargo, un escándalo ocurrido en el período objeto de estudio –enero del 2007 a diciembre del 2008- y que fue centro de comentarios en corrillos populares de Puntarenas. Esto estuvo relacionado con miles de toneladas de varilla, láminas de hierro y otros enseres del puerto de Caldera que fueron sacados y vendidos como “chatarra” por el gerente y otros funcionarios de la concesionaria, sin que fuera registrado en las cuentas de la empresa, y sin que el INCOP se diera por enterado (ver recuadro “Chatarra” millonaria).
Es de mencionar que los señalamientos de la CGR sobre los incumplimientos del contrato de asesoría para mejorar la capacidad de supervisión y control del INCOP en Caldera confirmaron informes de UNIVERSIDAD dados en la edición del pasado 14 de enero, donde se mencionaban algunos incumplimientos de los concesionarios y las fallas de control por parte del INCOP.
Entre otros puntos se mencionaban los atrasos en la asesoría para mejorar la capacidad de fiscalización del INCOP, contratada por $2 millones a la empresa IMNSA Ingenieros Consultora S.A., donde uno de sus consultores era el representante de Royal Haskoning, la misma firma que elaboró el estudio para la concesionaria sobre los nuevos costos de la terminal granelera. Esta misma empresa había hecho también los estudios para la concesión de Caldera, así como los que se hicieron para la concesión de los puertos de Limón, actualmente en vías de licitación pública.
A su vez, IMNSA obtuvo un contrato de $3.5 millones para realizar la supervisión de la construcción de la carretera San José-Caldera, donde según otro informe de la CGR (DFOE-OP-6-2009, del pasado 31 de marzo) también hay graves incumplimientos, sin que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), ente encargado de velar por su cabal ejecución, haya aplicado las sanciones correspondientes, previstas en el mismo contrato.
El CNC está integrado por la Ministra del Obras Públicas y Transportes, Karla González; el Ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga; el Ministro de Planificación, Roberto Gallardo; y el Presidente Ejecutivo del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez.

“Chatarra” millonaria
Por instrucciones de los directivos y socios locales de la SPC S.A., Gerardo Ramírez y José Pablo Chaves, y del director Javier Sandoval, se conformó una comisión para investigar el caso de “la venta de chatarra.”
Según el informe rendido por la comisión, al cual tuvo acceso UNIVERSIDAD, desde diciembre del 2007 a mayo del 2008 se vendieron toneladas de material de “desecho” a chatarreras, por los que se extendieron recibos de dinero a nombre de la empresa, por un monto cercano a los ¢12 millones, pero no ingresaron a los registros contables de ésta. Además, se comprobó que sobre una de las ventas hechas no había recibo, por lo que no se descarta que las cantidades vendidas y los montos hubieran sido mayores.
Al margen del informe, una de las personas que conoció de cerca el caso dijo que solo en láminas de hierro eran alrededor de 8.000 m2, y si se considera que en las chatarreras venden cada lámina entre ¢8.000 y ¢10.000, se podría estar hablando de más de ¢30 millones, solo en ese tipo de material.
La venta irregular se destapó cuando el ingeniero encargado de la infraestructura mostró inconformidad respecto al hecho de que el material que se sustituyó en las bodegas se hubiera vendido como chatarra, cuando con anterioridad había indicado que dicho material iba a ser reutilizado para la construcción de zonas de parqueo y cobertizos y para sustituir láminas deterioradas en otras zonas.
Al ser cuestionado el gerente general, Julio Ospina, señaló que él asumía toda la responsabilidad por el manejo que se le había dado al tema, y que el procedimiento utilizado había sido sugerido por el auditor interno y el gerente administrativo. Dijo que el dinero en efectivo, producto de la venta, lo tenía guardado en los archivos de la gerencia, con el fin de que sirvieran para donaciones de la empresa. Sin embargo, aseguró que no tenía consigo la llave, y que al día siguiente entregaría el dinero, cosa que hizo en una reunión en presencia de directivos y otros funcionarios en la gerencia, donde puso los fajos de billetes sobre la mesa y llamó la atención que hubiera una diferencia de ¢2.798.000 respecto a los documentos aportados.
La comisión investigadora concluyó que los hechos demostraron una violación flagrante a los procedimientos administrativos referidos al manejo y registro contable de ingresos de dinero en efectivo, y que las razones alegadas por los involucrados para justificar el procedimientos estaban basadas en premisas falsas. En efecto, aquellos alegaron que procedieron de esa forma, para que los ingresos no fueran objeto del pago del canon al INCOP (15%) y porque iban a ser utilizados en donaciones a nombre de la empresa. No obstante, señala el informe, dicha clase de ingresos no son objeto de pago del canon, y por otro lado solo consta una donación de útiles escolares realizada en febrero del 2008.
Añadió que es evidente que estas actuaciones de funcionarios de alto rango de la empresa han puesto en un estado de gran vulnerabilidad al concesionario frente a diversos escenarios, por lo que propuso, entre otros puntos, establecer sanciones contra los involucrados, llevar a cabo una investigación en las chatarreras, exigir explicación respecto al faltante de dinero y establecer la estrategia respecto a la comunicación oficial al INCOP de los hechos.
UNIVERSIDAD quiso conocer si la empresa había aplicado las recomendaciones, pero el vicepresidente de la junta directiva, Gerardo Ramírez, no devolvió las llamadas que se le dejaron con ese objeto.
Tras el incidente, tanto el gerente financiero como el director de Relaciones Públicas y Comunitarias de la empresa, Emilio Vargas, fueron obligados a poner la renuncia, según aseguró éste ante una consulta de UNIVERSIDAD, pero en cambio Ospina se mantuvo en la gerencia general, hasta hace unas semanas cuando  fue relevado por un nuevo gerente del mismo apellido.
Al ser preguntado Vargas sobre las razones de su salida de la empresa de la cual fue su portavoz desde el inicio de la concesión,  dijo que cuando le pidieron la renuncia “no lo podría creer”, puesto que él, lo mismo que el gerente financiero, fueron en todo momento diligentes y más bien estuvieron interesados en que las cosas se investigaran.
Vargas dijo que deseaba aclarar en relación con la publicación hecha por UNIVERSIDAD el pasado 14 de enero en la que se mencionó su nombre, ya que podría interpretarse que él estuvo involucrado cuando no es así, pues mantiene una trayectoria laboral limpia.En cuanto al presidente del INCOP, Urías Ugalde, ante una consulta del diputado Marvin Rojas le restó importancia a la venta irregular del material, al responder por escrito que “los desechos o chatarra que se generen como producto de cualquier mejora o remodelación que realicen, es de injerencia de los concesionarios”.
A su juicio eso es lo que se desprende de la cláusula 1.6.1 del contrato de concesión, la cual dice que el concesionario “… se obliga a mantener y conservar las instalaciones preexistentes donde prestará los servicios públicos objeto de la concesión, de forma que se asegure la continuidad y eficiencia del sector público que a través de las mismas se presta.
Esta obligación se mantendrá aun en los casos en que algunas de estas obras deban ser demolidas o aprovechadas solo parcialmente en el proyecto…”
“La administración concedente se compromete a ser vigilante y fiscalizadora en todo momento del contrato, por lo que el compromiso con el Estado costarricense se centra en que una vez finalizada la concesión, éstos devuelvan las instalaciones en iguales o mejores condiciones que las suministradas en el año 2006”, explicó Ugalde al diputado.