Recientemente la FEUCR convocó a iniciativas con el fin de calentar la lucha por la defensa de la educación pública, tales como la reciente marcha del 27/4/09, cuyo balance a priori es positivo.
Sin embargo, lamentablemente su planteo cuasi-tecnocrático de la cuestión (énfasis excesivo sobre el aumento del 6 a  8% del PIB para la educación), sin referencia a la situación de crisis que vive el país, no logró romper la indiferencia de la mayoría de las personas estudiantes.
Si por una parte la presentación del argumento no parecía cuajar mucho con la subjetividad de la comunidad estudiantil, por la otra tampoco lograba hacer evidente su relación con el momento socio-político costarricense. Es necesario hacer un diagnóstico en 2 niveles: la crítica de la política educativa implementada por el Gobierno y los pasos para la táctica de la lucha.
La crítica de la política. Por diferentes motivos la política gubernamental asistencialista del los Arias (Avancemos, p. ej.) no mejora los problemas coyunturales y estructurales de la educación nacional. El ya de por sí desfavorable mercado laboral y la no-política de generación de empleos de calidad, hace de los subsidios a las familias meros dizque-amortiguadores de los efectos que sobre el ingreso familiar ha provocado la crisis. Por otra parte, no contemplan la problemática de las jóvenes madres que no tienen donde dejar sus infantes, los problemas sociales que se viven en la barriadas populares de Costa Rica. En pocas palabras, termina reproduciendo el carácter excluyente de la educación costarricense.
La lucha por la defensa de la educación. Aquí viene lo preocupante: ¿Qué análisis de fondo han hecho las dirigencias estudiantiles? Queda claro que el solo planteo de la consigna del 8% si bien es importante, no logra llegar al fondo de las problemáticas de acceso e inexistencia de oportunidades educativas de las personas excluidas.
Y en un plano más general, esta política errática tampoco suma en la ampliación de la base social del movimiento estudiantil,  ni en la construcción de las alianzas sociopolíticas necesarias para enfrentar la crisis.
Otro gallo cantaría si a diferencia del planteo tecnocrático de la cuestión, se hiciera uno más desde la base de reivindicaciones más concretas, en clave de afirmación-ampliación de lo necesario para hacer efectivo el derecho universal a la educación. Si a la lucha presupuestaria acompañáramos una agenda de políticas con propuestas que apunten más a la problemática general de la juventud –empleo, cuido, marginación, ocio, etc., por una parte pondríamos la movilización acorde con las necesidades concretas de las personas, mientras que por la otra podríamos establecer puentes con otros sectores sociales para construir tejido social y defender eficazmente las condiciones de vida del pueblo ante la crisis.
Ojalá que dichas inquietudes puedan seguir discutidas democráticamente por el colectivo del movimiento estudiantil.