Complacidos pero no del todo satisfechos salieron los representantes de las organizaciones sociales tras la cita que tuvieron el pasado 5 de mayo con el presidente Óscar Arias y varios ministros en Casa Presidencial –la primera que logran en tres años del actual Gobierno- a fin de exponerles su plan para buscar salidas a la crisis económica mediante un diálogo nacional.
Valoraron positivamente el que fueran escuchados por el Gobierno, pero consideraron prematura la propuesta oficial de integrar de inmediato mesas de trabajo con especialistas para discutir las propuestas del plan.
El encuentro en Casa Presidencial fue solo un primer, y antes de decidir el método de trabajo hay que ponerse de acuerdo sobre la ruta del proceso, del que nadie debe ser excluido, dijo el obispo luterano Melvin Jiménez, a quien las organizaciones designaron como enlace con el Ejecutivo.
“Creemos que hay muchos temas que deben ser abordados, no solo con las organizaciones sociales y productivas, sino también con otros sectores que han estado proponiendo y pensando”, añadió el líder religioso.
Dijo que el propósito de las organizaciones “era presentar un plan integral a todos los sectores de la sociedad, a fin de sentarnos a dialogar para buscar las soluciones. Por eso nosotros pensamos que debe haber un diálogo nacional con la participación de todos aquellos que tengan propuestas para lograr soluciones en conjunto, porque hay medidas que nosotros planteamos desde las organizaciones sociales que ya empresarios las están viendo con muy buenos ojos, aunque tal vez otros no.”
Respecto a la propuesta que les hizo el Gobierno de integrar mesas de discusión por temas de la propuesta, con los especialistas que designen los ministros, Jiménez dijo que no descartan que en algún momento se pueda empezar a trabajar en los temas específicos, pero primero debe haber una etapa donde se debe marcar los horizontes.
“Estamos sosteniendo que la crisis es económica y financiera, además es una crisis de participación y una crisis ética que hay que abordarla por muchos sectores. En ese sentido la preocupación nuestra es que en una primera fase no se puede fragmentar, no se puede excluir a nadie en este diálogo que estamos proponiendo”,  puntualizó Jiménez.
Acompañados en calidad de testigos por el Consejo Nacional de Rectores, de las universidades públicas, y un representante de la Iglesia Católica, los representantes de organizaciones sindicales, productivas, ambientalistas y otras fueron recibidos por el Consejo de Gobierno, para presentar el documento “Diez medidas para enfrentar la crisis con inclusión solidaria y productiva.”
El plan había sido propuesto el 28 de mayo de abril por unas 20 organizaciones durante un acto en el Hotel Ambassador de San José, donde estuvieron presentes los precandidatos presidenciales y líderes de los diferentes partidos políticos, que aplaudieron la iniciativa de un diálogo nacional para buscar salidas a la crisis.
El documento propone medidas para recuperar la función socio-productiva del sistema financiero, garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario, un sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente, creación de trabajo decente mediante una infraestructura social de cuidados, y una redefinición de la política del Banco Central en materia cambiaria y de balanza de pagos. Asimismo, un plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas, la promoción del consumo responsable de producción nacional, estabilidad en el empleo, política de recuperación de poder adquisitivo y salarios crecientes, y propiedad comunitaria en las comunidades costeras y otras formas de acceso a la propiedad.
 “Nos alegramos mucho que Casa Presidencial le diera la importancia a la reunión, y la vemos como el primero de una serie de pasos que habría que dar hacia el gran diálogo que se ocupa para incorporar a toda la sociedad”, dijo el obispo Jiménez.
TEMAS
La vocera de la Casa Presidencial, Mayi Antillón, anunció al día siguiente del encuentro que se integrarían mesas de trabajo con especialistas en las diferentes áreas temáticas mencionadas en el documento, para ver que medidas podrían incluirse en el Plan Escudo elaborado por el Gobierno para enfrentar la crisis.
“Esta dinámica lo que buscará es que de una manera eficiente podamos dar respuesta y sobre todo (que se dé) un proceso de sensibilización de una muy buena propuesta, porque sinceramente tenemos que valorar que el documento que ayer se nos presentó es un documento serio, responsable”, dijo Antillón.
Antillón dijo que notificaría a Jiménez el nombre de las personas especializadas en cada materia que participarán por parte del Gobierno, para que el obispo le indique a su vez cuáles son las contrapartes de las organizaciones.
“Queremos dar fe de que hay propuestas, que el Gobierno tiene mucho interés de recibir sugerencias para un plan que ya está en ejecución, que es el Plan Escudo”, afirmó Antillón, tras señalar que el gobierno no solamente se había reunido con los sectores sociales, sino que también con el sector empresarial, con la banca estatal, el presidente del Banco Central y con los reguladores. “Hemos abierto todo este proceso seguros de que la crisis solamente podrá atenuarse con el aporte de todos los costarricenses”, aseguró.
Preguntado el obispo Jiménez, cómo recibía la propuesta del Gobierno de integrar las mesas de trabajo temáticas, dijo que “en algún momento eso hay que hacerlo, pero hay que arrancar por ponernos de acuerdo (…). Si bien es cierto que Casa Presidencial nos recibió, todo el mundo entiende que ante la magnitud de la crisis, en dos horas en nosotros hablamos y también hablaron los ministros, lo que hicimos fue apenas empezar a intercambiar criterios, pero ahí no logramos iniciar una discusión y determinar en qué estamos de acuerdo y en qué discrepamos para poder ver los caminos por seguir.”
Aseguró que en los próximos días presentarán a la Casa Presidencial su visión de cómo conciben el proceso, para iniciar un intercambio de posiciones y sumar los aportes metodológicos que tenga el Movimiento Social.

Tras acuerdo para levantar huelga en puertos de Limón
Sindicato pendiente de que Gobierno cumpla este mes
Tras un rápido acuerdo logrado con el Gobierno el pasado 4 de mayo, los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) levantaron la huelga que habían iniciado ese día, con la expectativa de que el 20 y el 21 de mayo quede definitivamente resuelta la revaloración salarial que le debe la institución y el mecanismo para que la entidad invierta $80 millones en la modernización de los puertos de Limón y Moín. De lo contrario no descartan una nueva huelga, dijo Liroy Pérez, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP).
Esas fueron las fechas señaladas en el acuerdo para resolver los dos puntos que quedaron pendientes, de un total de cuatro demandas que el sindicato planteó al inicio del conflicto laboral. Los dos puntos restantes tenían que ver con la reinstalación de un dirigente sindical, la restitución de derechos a otro, y la exigencia del sindicato de que fuera separado el intendente de la terminal de contenedores, por su mala gestión y por maltrato al personal.
Pérez dijo que se logró solucionar favorablemente estos dos últimos puntos, y quedaron pendientes los otros dos para una reunión el 20 de mayo con los representantes del Gobierno, donde éstos deberían definir el mecanismo de inversión en los puertos, mientras que el 21 la directiva de JAPDEVA aprobaría el plan de revaloración salarial.
“Vimos que había disposición a hablar (el 4 de mayo) y salimos avante con el acuerdo. Esto no significa que aquí terminó todo, si el 20 y el 21 no vemos que hay voluntad, es muy probable que vayamos a huelga de nuevo”, afirmó.
El Gobierno del presidente Oscar Arias pretende dar en concesión privada los puertos de Limón y Moín, por donde pasan el 80% de las exportaciones e importaciones del país, y les ofreció a los trabajadores y trabajadoras de JAPDEVA una indemnización de $80 millones para que acepten el plan, pero éstos la han rechazado.
Ante ello, el Gobierno decidió postergar la primera fase del plan, que era la concesión de los muelles actuales, pero sigue adelante con la concesión de obra nueva en Moín, para lo cual tiene listo el cartel de licitación.
El sindicato insiste en pedir que se garantice la inversión pública de por lo menos $80 millones para la construcción de los puestos 5-7 y 5-8 en Moín, previstos en la I Fase del plan maestro portuario, y la compra de grúas y otro equipo especializado para la movilización de contenedores, dragados para atender barcos de mayor calado, compra de un remolcador y otras inversiones con las cuales JAPDEVA podría atender las demandas de carga y descarga en los puertos.