Tras un exhaustivo análisis, el Consejo Universitario de la UCR, acogió las recomendaciones recogidas en un Informe Especial sobre el proyecto minero en Crucitas y no desperdició la oportunidad para denunciar que “las autoridades ambientales de Costa Rica omitieron hacer uso de las herramientas legales y técnicas existentes para evaluar el impacto ambiental real del proyecto Crucitas”.
El Informe fue elaborado por una Comisión Especial nombrada al efecto que analizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Industrias Infinito, gestora del proyecto minero. El Consejo Universitario emitió su pronunciamiento el pasado 21 de mayo (Ver UNIVERSIDAD del 27 de mayo).
Esa Comisión fue integrada por diez especialistas de diferentes áreas, y el coordinador fue Alberto Cortés, miembro del Consejo Universitario.
Jorge Lobo, biólogo y profesor de la Escuela de Biología de la UCR, quien formó parte del grupo de trabajo, manifestó que el estudio de impacto ambiental es “incompleto y no sirve para valorar la pérdida ambiental y la ganancia social”, elementos que supuestamente mediaron en el decreto presidencial que declaró el proyecto de interés público y conveniencia nacional.
El científico puntualizó que ese documento “no establece cuántas especies o poblaciones se verán afectadas, por ejemplo, no presenta ningún dato sobre el tiempo que le toma al árbol de almendro en llegar a ser adulto”.
Señaló que el trabajo de la Comisión también exploró la experiencia de la mina Bellavista, que cerró sus operaciones en Montes de Oro, Puntarenas, hace dos años por problemas de deslizamientos. Además, se hizo una visita a Crucitas para hablar con la gente de las comunidades, aunque la Comisión no pudo entrar al terreno de la empresa para conocer de primera mano el proyecto (Ver UNIVERSIDAD del 25 de febrero). El Informe también incluye un análisis de experiencias con minería a cielo abierto en otros países.
La Comisión fue integrada por los especialistas Gustavo Gutiérrez, director  de la Escuela de Biología; Mario Arias, director del Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas; Nicolas Boeglin, Profesor de la Facultad de Derecho, y Yamileth Astorga, Coordinadora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI) del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), de la UCR.
Ese análisis les llevó a recomendar, entre otras cosas, que se solicite una declaratoria de moratoria sobre la minería química a cielo abierto, recomendación que también fue acogida por el Consejo Universitario.
“RETROCESO”
La minería química a cielo abierto es una técnica relativamente nueva en la que se recurre a procesos químicos para extraer metales de rocas que los contienen en baja concentración.
“Este tipo de minería se aplica cada vez más a yacimientos de menor concentración, lo que implica áreas cada vez mayores. El oro es un ejemplo de esta práctica, pero también se usa para extraer plomo, cobre o zinc”, explicó Lobo.
En el caso del oro, objetivo del proyecto en Crucitas de San Carlos, en la Zona Norte del país, se utiliza el cianuro para disolverlo de la roca que lo contiene, pero se trata de una sustancia sumamente peligrosa de la que un derrame mínimo podría tener nefastas consecuencias. (Ver UNIVERSIDAD del 29 de octubre del 2008).
La mina en Crucitas es propiedad de Industrias Infinito S.A., “empresa costarricense de capital canadiense subsidiaria de la compañía minera Infinito Gold Ltd asentada en Canadá”, de acuerdo con la información enviada a UNIVERSIDAD por la misma empresa.
Desde 1993 esa empresa inició el proceso de exploración en el sitio y en el 2005 logró la aprobación del EIA. Sin embargo, dos años después introdujeron una “ampliación” a este. “La empresa adujo que desde Canadá las exigieron aumentar la profundidad de trabajo en el terreno, lo cual implica impacto en el acuífero más profundo, que tiene circulación hacia el Río San Juan, y además requiere el uso de explosivos”, señaló Lobo.
En octubre del 2008, el entonces jerarca del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Roberto Dobles, y el presidente Oscar Arias, sorprendieron al país con el decreto que declaró de “interés público” y “conveniencia nacional” el proyecto minero, además de facultar a la empresa para talar el almendro amarillo, una especie cuya explotación es vedada por ser crucial para la sobrevivencia de la lapa verde, en peligro de extinción.
Consecuentemente, la empresa inició la tala masiva de árboles en el bosque, la cual fue detenida gracias a recursos de amparo presentados por diversos ciudadanos.
Fue en ese momento cuando el Consejo Universitario decidió crear la comisión especial que ahora entregó su informe, cuyas recomendaciones fueron acogidas.
El informe concluye que los cambios introducidos en el 2007 al EIA duplican el volumen de extracción y multiplican seis veces la profundidad de excavación, lo cual “requiere de la realización de un nuevo EIA”.
También apunta el riesgo geológico que representan la sismicidad del país y la lluvia en la Zona Norte, pues constituyen “riesgos difíciles de controlar con la tecnología existente” para la minería a cielo abierto, sobre todo si utiliza cianuro.
Tras destacar que el proyecto minero pretende remover 33 millones de metros cúbicos de material para obtener cerca de 800.000 onzas de oro, el estudio apuntó que el equipo y maquinaria pesada “consumen grandes cantidades de combustible y aceites, liberando fuertes emisiones al ambiente producto de la combustión”, además de que el EIA “no incluyó la valoración del impacto del uso de explosivos sobre la biodiversidad de la zona”.
Lobo llamó la atención sobre el hecho de que el material de desecho químico de la empresa pueda ir a dar al Río Infiernito, que desemboca en el San Juan.
El Informe apunta que Crucitas es un remanente de bosque deforestado de la región norte y forma “parte importante” del corredor biológico San Juan-La Selva y del Corredor Biológico Mesoamericano. “Es parte del hábitat que aún le queda a la lapa verde, especialmente por la sobrevivencia de árboles adultos de almendro”.
Tras apuntar que no existen protocolos para la siembra de “muchas de las especies de flora que serán eliminadas por el proyecto”, el documento establece que la restauración de los ecosistemas hídricos que serían removidos “es todavía más improbable”, pues el ambiente físico del que dependen “desaparece con la mina”.
Finalmente, la comisión puntualizó que la  ejecución de un proyecto de  minería química en la zona norte del país, “es un retroceso significativo” en el modelo de desarrollo humano sostenible en el que Costa Rica ha incursionado.
El estudio de este proyecto, sumado a la experiencia de la mina Bellavista y otras similares en otros países, llevó a la comisión a solicitar una moratoria nacional sobre la minería química a cielo abierto.
Así, entre las acciones acordadas por el Consejo Universitario tras acoger el Informe, figura la de “demandar” al gobierno la derogación del decreto ejecutivo sobre el proyecto minero Crucitas, pues “contraviene la legislación ambiental nacional y (…) el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme al artículo 50 de la Constitución Política”.
También demanda el restablecimiento de una moratoria indefinida de la minería química a cielo abierto, “no solo por ser una actividad que contraviene la política de Paz con la Naturaleza, sino porque amenaza gravemente el tradicional compromiso del país con el desarrollo sostenible y la preservación de la biodiversidad”.
Finalmente, al respecto de todo lo acordado Lobo puntualizó que en proyectos como este, “la variable ambiental es impredecible y muy riesgosa”.
Se intentó obtener una reacción de Industrias Infinito sobre el Informe y el pronunciamiento del Consejo Universitario. Vía telefónica, el vocero de la empresa, Andrés Soto dijo conocer la información, pero solicitó se le enviaran las preguntas por escrito. Así se hizo y se le preguntó su opinión sobre el informe de la Comisión y las demandas que el Consejo Universitario hace al gobierno en el sentido de derogar el decreto ejecutivo a favor del proyecto minero y declarar una moratoria indefinida sobre el tema.
Sin embargo, al cierre de edición no se contó con ninguna respuesta del comunicador ni se logró comunicación con la oficina en San José de Industrias Infinito, donde se le localizó originalmente.

“Sostenible, seguro, moderno”
En las oficinas de UNIVERSIDAD se recibió un portafolio enviado por Industrias Infinito con información sobre el proyecto.
La empresa asegura que ha estudiado “minuciosamente cada árbol, cada planta, cada especie de fauna” en las 1474 hectáreas que posee, que su modelo de minería es “sostenible, seguro y tecnológicamente moderno”.
Además, apunta que un análisis externo encontró que el potencial de drenaje ácido es bajo y señala que el país percibirá un beneficio económico directo de $102,9 millones e indirecto de $226,7 millones.
También presenta un estudio elaborado por el químico Sherman Thomas, quien a partir de los informes técnicos facilitados por la empresa concluyó que la mina contará con “eficientes controles” en el manejo del cianuro.