Sin la presencia de representantes del Estado, diversos sectores analizaron la necesidad de cambios para regular la radiodifusión.
Crear una normativa de regulación para los concesionarios de frecuencias de radio no es un “buen negocio” y por eso no existe mucho interés en sustituir o reformar la vieja ley de radio de 1954, dejaron entrever participantes en el foro “Futuro de la radiodifusión en Costa Rica: necesidad de un nuevo marco regulatorio”.
La radiodifusión como vehículo de responsabilidad social para el ejercicio de las libertades de expresión y de comunicación, es algo que difícilmente conceptúan los dueños de radioemisoras comerciales, según hicieron ver algunas de las personas que expusieron en este foro, al cual no acudieron representantes del sector empresarial, pese a que se les invitó.
Esta actividad fue organizada por la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) y tuvo lugar en el auditorio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), el pasado 12 de junio entre las 8 a.m. y 6 p.m.
Además de los empresarios que integran la Cámara Nacional de Radio (CANARA), la mencionada comisión invitó desde el 30 de abril a autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
En dichas entidades dieron diversas excusas, aunque sí participaron en un foro similar que hubo un día antes (véase “MINAET, SUTEL y CANARA  rehúsan asistir a foro en UCR”, en la edición anterior de este Semanario). ¿Será que a la radiodifusión comercial le interesa mantener la obsoleta ley actual que tanto les beneficia?, fue una de las dudas que quedó en el ambiente.
Durante el análisis del eventual marco regulatorio que se podría dar pronto, se realizaron tres mesas redondas. Una de ellas fue “Radiodifusión y derecho a la comunicación”, con Manrique Jiménez, Eduardo Ulibarri, Giselle Boza y Enrique Villalobos, como panelistas, y moderados por Carolina Carazo.
Otro tema discutido fue “Dimensiones de la radiodifusión: servicio público y actividad comercial”, con los expositores Vicente Lines, Sylvia Carbonell, Sandra Salazar  y Beatriz Pérez; la moderación estuvo a cargo de Carlos Araya.
El debate se cerró con la mesa redonda “Radiodifusión y cambio tecnológico”, a cargo de Ana Xóchitl Alarcón, Gustavo Miranda, Juan Manuel Campos, y Adolfo Veiga. Su moderador fue German Vargas. 
HAY QUE REFORMAR
Para el exdirector del diario La Nación, Eduardo Ulibarri, es urgente hacer una reforma de la ley de radio de 1954, para adaptar la legislación a los cambios y avances de la tecnología, y al desarrollo jurídico nacional e internacional sobre el tema.
Aunque el tema de la mesa redonda era “Radiodifusión y el derecho a la comunicación”, el periodista prefirió centrarse en el concepto de la libertad de expresión, “porque es más preciso y consecuente con el desarrollo general de los derechos humanos y los derechos constitucionales, que el concepto del derecho de la comunicación”.
En su opinión, el concepto del derecho a la comunicación no es el mejor punto de referencia para discutir las libertades ciudadanas, en relación con la radiodifusión, y por eso prefirió enfocarse en la libertad de pensamiento y expresión que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.
Para Ulibarri, es indiscutible que el espectro radioeléctrico es un bien público y debe ser regulado por el Estado. Sin embargo, “la intervención del Estado debe ser la mínima posible, precisamente para hacer una buena asignación”.
Debido a que el espectro es limitado, las nuevas tecnologías digitales ofrecen la oportunidad de ordenar y optimizar su distribución entre los usuarios, comentó.
Es en este contexto de un espectro escaso, que cobra mayor relevancia la necesidad de contar con un nuevo marco de regulación, que distribuya frecuencias con justicia, transparencia, respeto a las libertades públicas, y los derechos colectivos e individuales.
Ulibarri considera que un nuevo marco debe partir del respeto a los derechos adquiridos y que hayan sido adquiridos apegados a la ley. Asimismo, que una parte del espectro se dedique a actividades sin fines de lucro, y que para fines comerciales las frecuencias se saquen a subasta pública.
Por su parte, el abogado Vicente Lines –vinculado con el sector de telecomunicaciones privado- destacó que la radiodifusión es una actividad de carácter comercial, pero con un interés de servicio público.
A su parecer, las regulaciones que tiene el país en esta materia son suficientes y lo que hace falta es que se dé un reordenamiento del espectro, para que sea mejor aprovechado.
INTERÉS SOCIAL
Por otro lado, la periodista y directora de las Emisoras Culturales de la UCR –Giselle Boza- aclaró que a la hora de hablar sobre un nuevo marco de regulación para las radioemisoras, se inclina por hacerlo desde el concepto del derecho humano, tanto de la libertad de expresión como de comunicación.
Boza, quien además es abogada, denunció que en el país existe un acaparamiento del espectro radioeléctrico que lesiona su ejercicio libre y el derecho a la comunicación, lo cual ha originado grupos económicos que acumulan frecuencias de radio y televisión, otorgadas por el Estado “sin rendición alguna de cuentas”. Esta situación –en su criterio- ha propiciado la ausencia de equidad y diversidad de voces y actores sociales, en los procesos de comunicación.
“Tanto la radio como la televisión en Costa Rica deben cumplir con un fin público, de especial significado para la democracia (…). Este modelo se consolidó al amparo de la ley de radio y televisión de 1954, instrumento legal que ha propiciado un modelo de libre transacción y de enriquecimiento personal de parte de un grupo de empresarios, en el uso del espectro radioeléctrico, propiedad de todos los costarricenses”.
Boza recordó que la recientemente aprobada ley de telecomunicaciones –como parte de la agenda del Tratado de Libre Comercio (TLC)con Estados Unidos-, dejó la misma legislación de 1954 para la difusión de radio y televisión, lo cual “sin duda evidenció el compromiso de este gobierno, para mantener el estatus actual a los empresarios de televisión y radio”.
De cara hacia el futuro, la periodista instó a que cualquier propuesta de normativa, debe reconocer la especificidad de un sistema dimensional de medios en igual de condiciones: medios públicos, no gubernamentales y comunitarios.
Según Boza, las mismas libertades que ampara la Constitución Política, han sido llevadas por las empresas ligadas al poder económico, “a un nivel de normas supraconstitucionales, autorreguladas, autotuteladas, sin pesos ni contrapesos, ni ponderación frente a otros derechos fundamentales”.
Entretanto, Enrique Villalobos, abogado y periodista, coincidió con Boza en que el Poder  Ejecutivo no quiso aprovechar las leyes del TLC, para reformar la vetusta ley de radio de 1954, que “no regula nada”.
Comentó que dadas las ventajas que tienen los empresarios en el modelo vigente de concesión de frecuencias, pensó en denominar su ponencia “La radiodifusión en Costa Rica: el edén hecho realidad”.
Ante dichas prerrogativas, se preguntó cuál empresario va a querer se reforme la ley, y citó el canon de ¢3.000 anuales que deben pagar quienes tengan en concesión una frecuencia de radio en frecuencia modulada (FM), mientras que las de televisión no pagan nada.
Lamentó que la ley actual tiene disposiciones “descaradas” a favor de los empresarios y en detrimento del Estado, al tiempo que exhortó a no permitir que el cambio de la tecnología analógica a la digital, sea aprovechado por los actuales concesionarios para disponer de más frecuencias y enriquecerse más.
Por su lado, la periodista Sandra Salazar detalló que el 70% de la radiodifusión en Costa Rica es comercial, un 15% corresponde a emisión cultural, y el otro 15% es de carácter religioso, lo cual plantea la duda de si hay una distribución democrática o equitativa del espectro.
De igual manera, indicó que la libertad de expresión no guarda una relación proporcional con la existencia de muchas radioemisoras.