Casi 20 años después de que se iniciaron los daños causados por el hotel Las Palmas, su demolición permanece “en veremos”.
El prolongado incumplimiento del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), para desalojar y demoler el hotel Las Palmas en Punta Uva de Limón y acatar así una orden ratificada por la Sala Constitucional desde el 2005, contrasta con la celeridad que tuvo la Municipalidad de Osa para derribar  recientemente la casa y cabinas que tenía en Dominicalito Estela Aguilar, una sexagenaria discapacitada y madre de seis hijos.
Frente a una situación como la anterior y ante la interrogante de si en el país las leyes se aplican a todas las personas por igual, la presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, María Elena Fournier Solano, no dudó en rechazar esta igualdad.
Para la ambientalista, “hay un mensaje muy claro en nuestro país y es que el que tiene el poder económico y político, es el que finalmente se impone. No importa  qué leyes yconvenios internacionales se estén violentando; eso es lo que menos importa. Es la ley del más fuerte”.
Acciones tan disparejas para resolver problemas similares en áreas que son patrimonio nacional -como la Zona Marítimo Terrestre (ZMT)-, dejan en duda la existencia del artículo 33 de la Constitución Política, el cual estipula que: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.
Gracias a estas incongruencias de funcionarios que tienen la responsabilidad de hacer que las leyes se cumplan, los daños ambientales que provocó la construcción del hotel Las Palmas desde 1989, permanecen sin el castigo de demolición que se le impuso a su propietario, el empresario de origen checo Jan Kalina.
Esta situación ha llevado a expresar al vecino de Limón y  presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, Marco Machore Levy, que “las razones y argumentos del Ministerio (MINAET) han sido tan variadas y confusas, que realmente levantan suspicacias en torno a cuáles serán las verdaderas razones por las que no se ha procedido a ejecutar la sentencia No. 220-2007 del Tribunal Contencioso”.
Lo anterior lo dijo Machore Levy en una carta que le remitió el pasado 6 de mayo a la jerarca de la Contraloría General de la República (CGR), Rocío Aguilar Montoya, en la cual le plantea que hasta la fecha y más de dos años después de un fallo judicial, no se ha llevado a cabo el desalojo del citado hotel, lo cual “nos resulta inaudito e inaceptable”.
Igual recriminación hizo a finales del año pasado la Defensoría de los Habitantes, en un oficio que le envió al entonces titular del MINAET, Roberto Dobles Mora, debido a la queja del vecino de Puerto Viejo de Limón, Yoffre Aguirre Castillo, quien también demandó la demolición de Las Palmas.
“Sin ignorar la complejidad del presente caso, se considera que el actuar del Ministerio del Ambiente y Energía en cumplimiento de dichas obligaciones básicas, no ha sido ni lo expedito ni lo acucioso que la gravedad del caso exige. Si bien es cierto se han presentado trabas de todo tipo, a setiembre del 2008, es reprochable que no se haya procedido con el desalojo en cuestión”, puntualizó la Defensoría.
VIEJA HISTORIA
Cabe recordar que la construcción del hotel Las Palmas, se convirtió en una “espina” para el sector ambientalista desde 1989, cuando su entorno natural sufrió diversos atropellos, como la destrucción de corales, la abertura de canales que unían el mar con sus patios, el uso de palmeras como postes de alumbrado, relleno de humedales y remoción de mojones, entre otros.
La fuerte lucha iniciada en la comunidad aledaña al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo –donde se ubica el hotel-, sirvió de motivación para que la escritora Anacristina Rossi escribiera la conocida novela “La loca de Gandoca”.
Hoy, 20 años después, la novela en torno a Las Palmas no cierra sus páginas, pues desde entonces Kalina ha recurrido a un sinnúmero de mecanismos legales tendientes a evitar ser sancionado como lo mandan las leyes costarricenses, para lo cual ha contado con el desinterés del Estado, según lo han denunciado la Defensoría de los Habitantes, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, y otros.
“Lo que realmente preocupa, señor Presidente, es la desidia, conducta omisa y escasa celeridad en responder conforme al mandato constitucional”, afirma Marco Machore en una carta que le remitió al mandatario Óscar Arias en abril del 2008, en la que le reclamaba por la inacción de los jerarcas del MINAET al respecto.
En esa misma misiva, el ambientalista limonense le expone a Arias: “¿Qué paz con la naturaleza puede ofrecer esta Administración, cuando los hechos concretos indican, específicamente demostrable con el ejemplo de lo que está ocurriendo hoy en la Zona de Gandoca-Manzanillo, que es el Estado quien a través de su Ministerio del Ambiente se presta para salvaguardar intereses particulares en daño del ambiente de toda la región y en detrimento de la riqueza biológica del país?”.
Ante el incumplimiento gubernamental de desalojar y demoler Las Palmas, la presidenta de Yiski, María Elena Fournier, reprochó que “lamentablemente el MINAET no hace  caso a los tribunales de justicia, a la Sala Constitucional. Irrespeta a esta autoridad judicial -entre otras- y nos deja con muchas dudas del por qué esto sucede”.
Por su parte, la Defensoría ha reprochado a las autoridades, porque “cada día son más los casos de desarrollo turístico en nuestro país, que representan un deterioro del medio ambiente y un evidente incumplimiento a la normativa nacional que procura su protección”.De acuerdo con el órgano defensor de los habitantes, es fundamental que instancias estatales como el MINAET, “realicen acciones concretas con el fin de conservar estos ecosistemas y buscar soluciones prontas para su protección, ya que están siendo utilizadas en forma irregular, tal y como sucede con el Hotel Las Palmas -ubicado dentro de la zona marítima del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo-, y así proceder a regenerar -de ser posible- las zonas que ya han sido explotadas”.
ALISTAN PROTOCOLO
Respecto de la queja planteada por Marco Machore a la Contraloría General de la República el 6 de mayo pasado, el gerente del Área de Denuncias y Declaraciones Juradas –José Luis Vargas- le respondió que “se ha venido realizando una serie de acciones. No obstante por lo delicado del tema, no es posible en este momento referirse en detalle”.
Al ahondar este Semanario en el ente contralor sobre el requerimiento de Machore, por medio de la oficina de prensa se hizo saber que si bien le están dando seguimiento al caso, el responsable directo de las acciones es el MINAET, por lo que “la CGR no puede sustituir a la Administración, ni en las acciones por desarrollar ni en la información disponible sobre el caso”.
Mientras tanto, al consultársele al jerarca del MINAET -Jorge Rodríguez- acerca de cuándo se realizará el desalojo definitivo de Las Palmas, aseguró a este Semanario que ya tienen definido cuándo lo harán, aunque dijo que por razones de seguridad no podía precisar sobre la fecha.
Al preguntársele si la medida está programada para este año, afirmó que sí, y que está listo el protocolo que deben seguir para el desalojo.
Cabe mencionar que como parte del seguimiento que este medio le ha dado a este caso, hace dos años se hablaba también en ese ministerio de la preparación de dicho protocolo y de la aparente falta de recursos económicos para tal propósito.
En setiembre del 2005 funcionarios del MINAET llevaron a cabo un primer desalojo de este hotel. Sin embargo, Kalina ejerció una serie de acciones legales que le han permitido desde entonces continuar con su operación comercial y sin desocuparlo.
Para asegurarse de que el MINAET hará respetar la orden de restitución a su estado natural en los terrenos del hotel Las Palmas -respaldada por los tribunales de justicia y las entidades del Estado-, la Defensoría de los Habitantes le exigió desde finales del 2008 informarle de la elaboración del protocolo y del programa que este contempla.
De igual manera, no dejó de recordarle que “al tratarse de bienes de dominio público la Administración debe, en ejercicio de sus facultades de autotutela, recuperar la posesión de quien indebidamente la ha tomado”.