El presidente del Perú, Allan García, desató la represión contra indígenas en la Amazonia, quienes se resistían a decretos de implementación del TLC que entregaban sus tierras a transnacionales.
Una voracidad sin límites, un afán de hacer negocios hasta con el último recurso natural de la Tierra y el enorme desprecio por las comunidades indígenas de la Amazonia peruana expresado por el presidente del Perú, Allan García, culminaron la semana pasada con una rebelión en la selva que dejó un saldo – aun provisional – de 34 muertos: 24 policías y nueve nativos.  Asimismo se habla de decenas de indígenas desaparecidos.
La rebelión tuvo su origen el 5 de junio pasado, ante la demora del congreso en anular dos decretos que afectaban el manejo de los recursos hídricos y el patrimonio forestal de la Amazonia occidental peruana, dictados por el presidente García el año pasado, en el marco de las facultades especiales que le otorgó el congreso para adecuar la legislación del país a las exigencias del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
RIQUEZA PETROLERA
Detrás de esos decretos está el interés de explotar la enorme riqueza petrolera y gasífera de la zona, como lo revelan estudios de diversas instituciones internacionales.
En cuanto a la riqueza de la zona, una investigación publicada por el periódico ambientalista PLoS One reveló que por lo menos 35 corporaciones transnacionales de petróleo y gas operan más de 180 bloques o áreas zonificadas para exploración y desarrollo insertas en el corazón de selva occidental de cinco países suramericanos – entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil– y que abarcan un territorio de más de 688 mil km2, un espacio tan extenso como el estado de Texas.
Estos bloques, señala el artículo, se superponen a las áreas amazónicas con la mayor diversidad conocida de árboles, insectos y anfibios. “Muchos bloques cubren también áreas protegidas –como parques nacionales en Ecuador y Bolivia y una variedad de áreas protegidas de menor nivel en Perú– creadas para proteger la biodiversidad”.
Muchos bloques de gas y petróleo están en áreas remotas, especialmente en territorios indígenas.  Destaca el estudio, al señalar también que la explotación de esos recursos “ya causó grandes impactos ambientales y sociales” en la zona, y advirtiendo que la magnitud de las actividades programadas “parecen no tener precedentes. Por ejemplo, de los 64 bloques en la Amazonía peruana, todos, salvo ocho, fueron creados desde 2004”.
El periodista Ernesto Carmona, por su parte, destaca que “por más de tres años, investigadores de instituciones sin fines de lucro de los Estados Unidos, como Save America’s Forests y Land Is Life, junto con científicos de la Universidad de Duke han elaborado un mapa de las actividades corporativas en busca de gas y petróleo a través de la Amazonía occidental.
El resultado ha sido una evaluación alarmante de las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad y la población indígena de la región. El trazado muestra en detalle los proyectos de extracción de petróleo y gas de 35 compañías transnacionales en las áreas del Amazonas más propicias para la vida de diferentes especies de mamíferos, pájaros y anfibios”.
EL “PERRO DEL HORTELANO”
A esos intereses se sumó la visión del presidente García, expresada en un famoso artículo publicado en el diario El Comercio, de Lima, el  28 de octubre del 2007, con el título “El síndrome del perro del hortelano”.
El artículo, que ha sido reproducido hasta la saciedad a raíz del conflicto con los indígenas, no tuvo en el momento de su publicación las repercusiones que ha tenido ahora, cuando decenas de peruanos han perdido la vida en el intento de García de aplicar sus teorías.
En su artículo, el presidente peruano afirma, entre otras cosas, que “hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción…”. “Para que haya inversión se necesita propiedad segura (de la tierra), pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir…”.
“Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”. “Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero…”.
La ideología contraria a lo que García califica de “perro del hortelano”, implícita en los tratados de libre comercio firmados en América Latina, viene a reforzar un modelo de desarrollo privatizador de explotación de los recursos naturales que están en el origen mismo de la pobreza de países mineros tan ricos como Perú y Bolivia.
Los manifestantes consideran que esos decretos permiten la venta o la concesión de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas a empresas transnacionales.
Honorato Viañagrande, analista y estudioso universitario español del continente latinoamericano, dijo, en un artículo sobre “el perro del hortelano” que: “El gobierno aprovechó la coyuntura de la adecuación de la legislación a las exigencias derivadas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú, y el presidente acudió al mecanismo de las facultades legislativas, que le otorgó el congreso para acometer su revolución amazónica por la vía de los decretos-ley, nada menos que ocho en pocas semanas, saltándose el debate y, por supuesto, la indispensable consulta a los afectados que era preceptiva en varios de los asuntos, concretamente en los que cambiaban las reglas del juego de la propiedad de tierra, agua y subsuelo en la Amazonia.
Tales decretos desataron las iras de las organizaciones indígenas amazónicas”.
VIOLENCIA
El resultado de esa política fue lo que la BBC de Londres calificó como “el peor estallido de violencia en Perú desde el fin de la lucha armada de las guerrillas, en los años 90”, y que “sorprendió al gobierno del presidente Alan García en pleno proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos”.
Un TLC que, según otro analista, “significa, entre otras cosas, dar seguridad jurídica a toda costa, para que el capital transnacional se convierta en propietario de tierras de las poblaciones originarias donde haya petróleo, cobre, gas, oro, plata, madera, minerales, etcétera”.
Cuando la crisis parecía sin salida, aumentaron las presiones para que el gobierno rectificara. El Primer Ministro, Yehude Simón, dijo que estaba dispuesto a pedir «un millón de veces perdón» por los enfrentamientos del pasado 5 de junio que causaron la muerte de 34 personas. Anunció también su decisión de renunciar una vez resuelta la crisis.
El jueves 18, el Congreso peruano, finalmente, derogó los dos decretos por 82 votos a 12, luego de un conciliador discurso del presidente García en el que proponía esa medida, aunque no la quiso adoptar a tiempo.
Como resultado de esa aprobación, los indígenas anunciaron el fin de las protestas, pero también su decisión de seguir la lucha contra otros decretos de García, quien reconoció su “error de cálculo” al insistir en sus decreto.
Sin embargo, sectores parlamentarios aliados y opositores a García, entre ellos el legislador Hildebrando Tapia, calificaron como un retroceso la decisión de derogar los dos decretos y estimó que esta reacción “tardía” deslegitima al gabinete.
Otra consecuencia del conflicto fue el deterioro de las relaciones de Perú con la vecina Bolivia, por considerar que el presidente de ese país, el líder indígena Evo Morales, se había inmiscuido en los asuntos del Perú. García atribuyó, más de una vez, a intervenciones extranjeras el alzamiento en la amazonía, sin presentar nunca evidencias de esa afirmación.