Luego de que los tribunales de casación de San Ramón declararan sin lugar la solicitud de extradición de la norteamericana Nicole Karter, distintas entidades señalan los efectos positivos de este resultado.
Organizaciones a favor de la defensa de las mujeres celebraron el 26 de junio el rechazo de la solicitud de extradición de Nicole Elise Kater, de 29 años, quien desde hace un año y dos meses se encontraba recluida en el centro penal Buen Pastor.
Este pronunciamiento fue dado por el Tribunal de Casación de San Ramón, cerca de las seis de la tarde, momento en que la mujer fue puesta en libertad.
Acusada por sustracción de una menor, la norteamericana arribó a Costa Rica en el 2005 con su hija de 8 años, proveniente del condado de Humboldt, California, con el fin de huir de las constantes agresiones de su compañero John Gehl.
El tribunal de jueces conformado por Doris Arias, Gerardo Alfaro y Jazmín Rodríguez; acogieron los argumentos presentados por la Defensoría de los Habitantes, entidad que se basó en que la aprensión de Kater era una violación a los derechos humanos, y en las posibles consecuencias de su extradición, como dejar a dos menores desamparados (también es madre de un niño de 3 años).
La Oficina de Migración y Extranjería le había negado anteriormente la petición de refugio, por lo que pasó a ser analizada por el Ministerio de Seguridad Pública.
Sus dos hijos son nacidos en Costa Rica, por lo que ella podría pedir la residencia en el país. Con el fallo en contra de la extradición, ya no requiere el estatus de refugiada.
VOTO DE APOYO
Kater fue representada por su abogado David Aguilar, el Defensor Adjunto de los Habitantes Daniel Soley y Adina Castro, integrante del equipo técnico del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). El Fiscal General de la República, Francisco Dall’Anese, se presentó por parte del Ministerio Público. 
Instituciones como el Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) y Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) se trasladaron hasta San Ramón para brindar soporte, por medio de carteles y exclamaciones de apoyo.
Asimismo, un grupo de 28 diputados había enviado en mayo una carta al Director de la Oficina de Migración y Extranjería, en la que clamaban por la protección a la mujer. Encabezados por la legisladora del Partido Unidad Socialcristiana, Ana Helena Chacón, exponían que debido al desbalance en la sociedad, las mujeres son víctimas de violencia, como en este caso, por lo que solicitaban que se le otorgara el estatus de refugiada.
Chacón mencionó a UNIVERSIDAD que solicitaron a las autoridades que tuvieran con Kater las mismas consideraciones que con otras mujeres que han pasado por circunstancias similares.
Hace un año, Chere Lyn Tomayco, también de Estados Unidos, llegó al país para escapar de las agresiones de su pareja, y el 25 de julio del 2008, la ministra Jeannina del Vecchio le otorgó el refugio.
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
Uno de los alegatos a favor de Kater fue que la falta cometida no consistió en la sustracción de una menor, pues ella contaba con la patria potestad, sino de desacato. Por orden de un juez, ella no podía llevar a la niña fuera del condado de Humboldt, California, pero salió de Estados Unidos. Sin embargo, el haber sido violentada por su pareja se consideró como argumento que justificara la salida de su ciudad de proveniencia. Alejandra Mora, directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, comentó que ella es una mujer que huye de la violencia y a la que se debe defender, sin importar el lugar de donde venga.
Criticó la posición del Ministerio de Seguridad, al no darle la condición de refugiada, pues considera que así se invisibilizan los casos de violencia. Igualmente, la desintegración familiar perjudicaba la vida tanto de Nicole como de sus hijos. En caso de haber sido extraditada, los pequeños quedarían abandonados.
La mayor (quien cuenta con la doble nacionalidad) se encontraba en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia, y solo podía verla una vez a la semana. El niño estaba con su madre en el centro penal.
Adina Castro, abogada del INAMU, refutó que ha habido una interacción tímida por parte de la administración, lo que le da poca credibilidad, pues aún no dimensiona cuál es el impacto real de estas agresiones.
“El estado nacional debería estar preparado. Ella sentía que no podía confiar en las autoridades de Estados Unidos, la violencia es institucionalizada a través de la indiferencia”.Al negarse la solicitud de extradición, Castro indicó que se marcó un hito, porque la resolución contempla los derechos humanos de las mujeres.
Francisco Dall’Anese, en representación del Ministerio Público, aseveró que la mujer no podía ser extraditada, ya que tenía la custodia de su hija. Si desobedeció la orden de un juez, fue para proteger la vida de ambas, subrayó.
Indicó que de darse una pena por desobediencia, ya la cumplió. La legislación nacional establece que es de tres años, pero cuando fue apresada, era de un año.
Añadió que las amenazas eran motivo que justificaba su salida, pues su compañero le advirtió que le mentiría a las autoridades estadounidenses para quitarle a la niña.
La directora de CEFEMINA, Ana Carcedo, afirmó que hay una incapacidad técnica de la Oficina de Migración, debido a que ya se había presentado una situación casi idéntica con el caso Tomayco. No obstante, reprochó que se le haya dejado la solución a los tribunales, actuando “a la ligera” sin razonar sobre derechos humanos que se violentaban.
Añadió que la resolución de situaciones de violencia debe ser parte de una política nacional, para que se reconozcan oficialmente.
Días antes de que se llevara a cabo la audiencia, organizaciones a favor de los derechos de las mujeres hicieron un llamado internacional para solicitar su libertad, por medio de una campaña de recolección de firmas por Internet.
Ahora que Kater está libre, se encuentra arreglando los trámites de recuperación de su hija con el Tribunal de Familia, ya que siempre tuvo la custodia legítima de la menor.

Ministerio de Seguridad responde a críticas
UNIVERSIDAD buscó la posición del Ministerio de Seguridad respecto al caso Kater, antes del pronunciamiento de los Tribunales de San Ramón.
Luego de varias llamadas a la Oficina de Prensa para concertar una entrevista con la titular Jeannina del Vecchio, el Director de este departamento, Ricardo González, aseguró que por asuntos personales, no podía conceder una cita, pues este era un tema que no tenía la importancia suficiente para atenderlo. Se concordó enviar un cuestionario por correo electrónico, enviado el viernes 26 a tres cuentas distintas, el cual fue respondido el lunes 29 a las 11:03 a.m.
Según la contestación enviada por González a nombre de la ministra, ahora la estadounidense podría replantear la solicitud de refugio por la de residente, al ser madre de dos niños nacidos en Costa Rica.
Sobre los motivos de un pronunciamiento lento a pesar del antecedente del caso Tomayco, contestó que en esa resolución no se generó jurisprudencia, y que cada solicitud de refugio se resuelve en forma separada. 
Respecto a las críticas al Gobierno sobre el peligro que corren las mujeres que huyen de su país debido a que alegan ser víctimas de violencia, y que más bien se les encarcela, señaló que Kater enfrentaba una petición de extradición emanada de su país de origen. Agregó que en un país de leyes como Costa Rica, la situación debía dirimirse y resolverse en los Tribunales de Justicia.