Desmedido endeudamiento y creciente morosidad podrían explosionar en una crisis, según estudios.
El posible estallido de una burbuja financiera en el mercado de tarjetas de crédito está latente por el endeudamiento creciente de los usuarios y la morosidad, advirtieron economistas de la Universidad Nacional, mientras que el subgerente del Banco Popular, Geovanni Garro, admitió que esa posibilidad es “una variable” para considerar.
Un estudio realizado en el Observatorio de Coyuntura de la Universidad Nacional detectó un preocupante aumento de los saldos y la morosidad de pagos en las tarjetas de crédito. Asimismo, una tendencia a usar cada vez más la tarjeta de pagar alimentos y otras necesidades básicas, indicador que hace pensar en el riesgo de que estalle una crisis de pago en ese sector financiero, dijo el economista Carlos Arguedas.
En el análisis se encontró que de cada diez tarjeta-habientes,  siete solo están haciendo el  pago mínimo, lo que significa que la mayoría se financia con tarjeta y paga intereses. La morosidad ronda el  5% (lo que equivale a unos  ¢29.000 millones), mientras que en diciembre pasado era de 2%, apuntó Arguedas, lo que repercute en un aumento de alrededor 150% en lo que va del  año.
El estudio tomó en cuenta los últimos informes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sobre tarjetas de crédito, así como los de la Superintendencia General de Entidades Financieras ( SUGEF) y la Asociación Bancaria Costarricense. Vemos que es un tema sensible y esperamos completar el trabajo en diciembre con un análisis más específico”,  dijo Arguedas.
Uno de los datos preocupantes, comentó,  es el  crecimiento en tarjetas de crédito, cuyos saldos rondaban el año pasado los ¢400.000 millones, y en febrero llegaba casi a los ¢600.000. El incremento para el primer trimestre del año fue de  43 %, puntualizó.
En el mercado se ofrecen un total de 401 tipos de tarjetas, lo cual implica un aumento de 51 tipos respecto al mes de febrero, según el último estudio comparativo del MEIC dado a conocer en mayo, que incluyó a un total de 26 emisores de tarjetas.
En el país existen 1.204.660 tarjeta- habientes, y el número de “plásticos” (tarjetas)  colocados en el mercado suman 1.384.953. No necesariamente el  número mencionado de tarjeta-habientes corresponde al número de personas que poseen tarjeta, dado que esa es la suma de las personas con tarjeta reportadas por las empresas emisoras, y una misma persona  puede tener dos o más tarjetas.
El saldo de la deuda efectiva que tenían los tarjetas- habientes con las empresas emisoras era de casi ¢572.000 millones , incluidas las deudas de quienes pagan a la fecha de corte, es decir, de contado y sin pagar intereses, así como los que utilizan la tarjeta como medio de financiamiento. Dicho monto equivale a 3,70% del producto interno bruto (PIB) en cifras del 2008, y alcanzaría para construir 29.000 viviendas de interés social por un valor aproximado de ¢20 millones cada una, ejemplifica el estudio del MEIC.
 Geovanni Garro, subgerente del Banco Popular, reconoció que ha habido un aumento de la morosidad en el sistema financiero en general, a causa de la crisis internacional,  y de las tarjetas en particular. Sin embargo, dijo que dicha entidad no ha sido muy afectada. Este banco se ha centrado en el negocio de tarjetas de débito y el crédito personal , mayormente en el sector público, que ha sido menos golpeado por la crisis, además de que ha desarrollado un sistema de deducir de la planilla el pago mínimo a los clientes de tarjetas de crédito, explicó (ver recuadro “Bien librado pese a  la crisis”.)
 “Sí, esa es una variable por considerar”,  expresó Garro cuando se le consultó  si cree posible el estallido de una burbuja en el sistema de tarjetas de crédito.
“Se habla de eso y veo que puede ser una de las posibilidades del sistema, porque en este país el sector financiero fue muy agresivo con la emisión de tarjetas, entraron competidores cuyo negocio principal fue colocar tarjetas y hasta se las mandaban a la gente al trabajo, sin requisitos ni  garantías”, comentó.
Detalló que se ha comenzado a ver una tendencia a usar la tarjeta para necesidades básicas, como pagar la comida de la semana, o pagar solo el mínimo y a sacar efectivo del cajero. Con esto posiblemente lo que se está haciendo es sacar efectivo para pagar otra tarjeta, señaló.
“En el caso del Banco Popular hemos tenido un ventaja, y es que cuando a la gente se le ha hecho muy difícil el pago de la tarjeta, nosotros le convertimos la deuda en crédito personal, le cancelamos la tarjeta, le damos más plazo, la cuota se le baja y se lo deducimos de planillas, entonces se le acomoda mejor la situación. Pero desde luego que no podemos evitar que esa persona vaya a sacar otra tarjeta con otro emisor, y por ahí puede venirse alguna morosidad excesiva”, expresó.
El indicador de morosidad se ha deteriorado un poco porque hay gente que ha quedado desempleada o el salario se le ha reducido y no le alcanza para pagar la tarjeta.  Por ello, el banco ahora tiene más cautela en la autorización de tarjetas, detalló.
CAMBIOS
Según el economista Arguedas, se notan cambios “interesantes” en el  uso de las tarjetas crédito. Antes se empleaban  principalmente para comprar electrodomésticos, ir a ver la selección fuera del país, pagar hoteles de playa y en la compra de los llamados artículos de “belleza y vestuario”.
Sin embargo, desde diciembre se observa que la gente está usando la tarjeta para pagar alimentación, la educación de los hijos y servicios médicos.
Entre la gente de ingresos más bajos, como conserjes y similares, se está usando incluso para pagar consumo de agua y luz. Un rubro muy sensible también es que se empezó a usar mucho para pagar combustible, lo que antes no era tan frecuente, pues el combustible se pagaba preferiblemente con tarjeta  de débito o en efectivo.
Igualmente se ha observado un cambio en “la lógica” de las empresas de tarjetas de crédito, que estuvieron  “muy bondadosas” en los últimos seis meses, ofreciendo arreglos de pago a los clientes para que no entraran en morosidad,  pero ahora están endureciendo nuevamente los términos del pago.
“Me imagino que se debe al aumento de la morosidad y a que los ingresos de la actividad financiera han bajado, y están viendo a ver cómo recuperan ingresos por intereses de tarjetas.” Ellos saben que los saldos nos los van a recuperar;  si en estos momentos piden que les paguen los saldos a todos los que tienen tarjetas, simplemente lo que va a ocurrir es una crisis de tarjetas, porque les van a decir, pues lléveme a cobro, y muchos están sin garantías, por el óleo de tarjetas que hacían hasta hace un año. Por eso se la juegan con la presión para que les paguen  los intereses, a la espera de que la economía se reactive para, ahora sí, ir subiendo el cobro mínimo.
O bien, esperar a que un banco les refinancie a los endeudados para cancelar las cuentas de la tarjeta, comentó Arguedas.
Los usuarios se quejan de las excesivas tasas de interés, cargos administrativos por cobros y acoso de los emisores de tarjetas. Algunos emisores cobran intereses de alrededor de 50%, como en el caso del Banco BCT, Medio de Pago y Credomatic, mientras que entre los más bajos están los de Citi y el Banco Nacional, con 20 y 22% respectivamente, según el estudio del MEIC.
Para defender al usuario de los “abusos”, el diputado Oscar López, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), presentó un proyecto de ley, que entre otras cosas establece un tope a los intereses, reglas de transparencia en los contratos, y  prohíbe los cargos administrativos por cobro.
Pese a que un asesor de López aseguró que el proyecto no recibió apoyo de los diputados y fue archivado en la subcomisión que lo tramitaba, donde argumentaron que “atentaba contra la libertad de comercio”, el diputado Rónald Solís, presidente de la subcomisión, lo negó. El legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC) dijo que lo que hubo fue un dictamen negativo de mayoría, de los diputados Jorge Eduardo Sánchez (Unidad Social Cristiana) y la diputada Evita Arguedas (independiente), pidiendo que el proyecto se archivara. Sin embargo, “yo hice una propuesta de texto sustitutivo para que el proyecto se siga discutiendo. En la comisión de económicos se va a resolver si se vota a favor el archivo o si se sigue discutiendo sobre la base de texto sustitutivo”, explicó.
Aseguró que ha sentido una gran presión de las empresas financieras para que no se hable del asunto, pero “yo espero que haya ecuanimidad en los diputados y que el tema se discuta, porque es  un tema que tiene fuertes implicaciones en la población. Hay muchos abusos con los consumidores, se les acosa y se les da información ‘en letra pequeñita’ y las tasas de interés son ‘bárbaras’.  Si  este proyecto se entierra, lo que queda en evidencia es el poder de los entes financieros sobre los diputados, los círculos políticos de este país y hasta de la misma prensa”, afirmó Solís.

Bien librado pese a la crisis
Geovanni Garro relató que como efecto de la crisis se acabó la bonanza en el sector financiero que había hasta hace un año, con crecimientos de 30 y 40%, y aumentó la morosidad, en algunos casos en más de 100%.  A fines del  pasado e inicios de éste donde se sintió el mayor aumento de la morosidad fue en el crédito personal, que es el principal negocio del Banco Popular. Se comenzó a ver que las empresas estaban recortando personal, o redujeron jornadas, y  eso afectó el ingreso de personas que tenían crédito con el banco. Hoy el proceso se ha revertido y quienes más dificultad tienen para pagar son los dueños de casas y las pequeñas y medianas empresas.
Eso porque a causa del aumento de las tasas de interés la gente se quedó sin capacidad de pago. Al principio hizo la lucha y empezó a pagar con parte del ahorro que tenía, pero eso tiene un límite y hoy ha disminuido el ahorro.
Con la activación del “Plan Escudo” anti-crisis del Gobierno de alguna forma se palió la situación, y hoy el banco está concentrado en la atención personalizada para resolver casos individuales, principalmente las operaciones de mayor tamaño y que causan el mayor problema. Por otra parte, debido  a que el Banco Popular tiene una mayor concentración del crédito en el sector público, que ha sido menos afectado por la crisis que el privado, se ha logrado un mejor control de las carteras de crédito personal.
El indicador de morosidad cerró en mayo en  2,72%, cuando tradicionalmente había sido entre 2 y 2,5%, mientras que uno de los bancos privados más grandes, al corte de abril tenía un indicador superior al 3%, que es el límite de riesgo considerado normal por la SUGEF, señaló el banquero.Garro resaltó que el Popular fue el único banco que incrementó utilidades en el primer trimestre del año (11,30%), lo que significa ¢7.850 millones. (En contrate, los demás bancos públicos registraron en mayo una reducción de 17% en sus utilidades, en relación con el mismo mes del año anterior, según datos de la SUGEF).
 La entidad mantiene abiertas líneas de crédito para 120 actividades económicas en micro y pequeñas empresas, en campos  tales como el agrícola, comercial, servicios, industria. Tiene una cartera importante de organizaciones sociales, cooperativas, asociaciones solidaristas, colegios profesionales y municipalidades, para el desarrollo local, en condiciones muy favorables.
Este es el único banco que tiene actualmente fondos especiales para financiar a emprendedores que no cuentan con garantías, por ejemplo recién graduados de la universidad que tengan una buena idea de negocio pero no tienen recursos para desarrollarlo.
Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica se acaban de recibir los proyectos de los estudiantes, se hizo un estudio de viabilidad y ahora el Banco va a ver cuáles financia. Con la Universidad Nacional también se firmó un convenio para proyectos de profesores y estudiantes, indicó Garro.