Organizaciones denuncian aplicación de medidas para recortar la jornada laboral y el salario ante la crisis.
Varios sindicatos reclamaron al Ministerio de Trabajo la publicación de una directriz en la que se establece un procedimiento para permitir a las empresas reducir la jornada laboral y el salario de las personas trabajadoras en tiempos de crisis.
Así lo advirtió La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), la cual pidió al Ministro de Trabajo, Francisco Morales, la anulación de la directriz Nº 004-09, emitida por la Dirección de Inspección de Trabajo, por la cual se da luz verde a prácticas de flexibilidad laboral.
El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, explicó a UNIVERSIDAD que la directriz emitida en marzo se manejó de manera “oculta” y no fue sino hasta hace poco que las organizaciones sindicales se dieron cuenta de lo sucedido.
“Esa directriz dice que se permite la flexibilización laboral, permite un trámite en el que los empresarios solicitan la medida por medio de los inspectores, quienes la llevan a la Dirección donde se les aprueba”, afirmó Chavarría.
Según el dirigente, hasta el momento ha habido cerca de 20 solicitudes de empresas para aplicar reducción de la jornada laboral, lo cual implica reducir el pago de los salarios.
“Hemos solicitado al Ministro de Trabajo, Francisco Morales que anule la directriz y se proceda administrativamente para que se sienten las responsabilidades del caso; pero hasta el momento no hemos recibido respuesta”, explicó.
En su criterio, esta directriz tiene de fondo el proyecto “Ley para la protección del empleo en tiempos de crisis”, que permitiría la aplicación temporal de este tipo de medidas de flexibilidad laboral.
“Cuando presentamos las 10 medidas contra la crisis junto a varios sectores, argumentamos que la flexibilidad laboral no es una solución, porque viene cargar el peso de la recesión en los hombros de los sectores trabajadores”, comentó.
El sindicalista explicó que la mayoría de las personas laboran en la empresa privada, y en el caso de quienes ganan un salario de ¢200.000, un recorte sería la ruina.
“Además, esto significaría una baja en los ingresos de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual ya emitió un criterio en el que expresa cómo se afectarían sus finanzas”, indicó.
DENUNCIA ANTE OIT
También la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos Rerum Novarum (CCTD-RN) y el Sindicato de Empleados del Banco Nacional (SEBANA) emprendieron su lucha contra esta directriz y presentaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo en contra del país.
Además plantearon un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual fue “rechazado de plano” el pasado 18 de junio.
De acuerdo con estas organizaciones, en la directriz se obliga a los inspectores de trabajo a recabar toda la información concerniente a la solicitud y se haría la consulta a los trabajadores sobre si están de acuerdo o no con la aplicación de la medida de “emergencia”.
“Como si con el consentimiento, aunque sea de todas las personas, se pudiera admitir la renuncia de los derechos o como si los criterios de oportunidad y conveniencia empresarial puedan interponerse ante el detrimento de las garantías de las personas trabajadoras”, afirmó María Elena Rodríguez, secretaria general del CCTD-RN en un comunicado.
“Esta directriz afecta el derecho a un trabajo digno, a un salario mínimo, a una jornada ordinaria, degradando el valor del trabajo y lesionando la dignidad de los trabajadores. Asimismo, infringe el derecho de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores”, acotó Virgilio Díaz, secretario general adjunto de SEBANA.
Respecto de este tema, el titular de Trabajo, Francisco Morales, aseguró que la directriz no tiene nada que ver con el proyecto de flexibilidad laboral que está en la Asamblea Legislativa, e insistió en el hecho de que la Sala Constitucional rechazó el recurso planteado por los sindicatos.
Sobre la solicitud hecha por UNDECA, Morales aseguró desconocerla e indicó que posteriormente ampliaría los argumentos con los cuales respondió a la Sala Constitucional. “Esto no tiene nada que ver con ningún proyecto de flexibilidad, es solo una directriz interna”, afirmó Morales.
NO SE PUEDE
Para el diputado y jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Alberto Salom, este tipo de medidas para reducir la jornada es totalmente ilegal y hasta el momento no ha encontrado aval en la Asamblea Legislativa.
“Todo procedimiento para aplicar la flexibilidad laboral sin que pase una ley en la Asamblea Legislativa no se puede permitir, y tampoco se permite que se cargue el costo de la crisis sobre la clase trabajadora”, opinó.
El diputado del Frente Amplio, José Merino, coincidió con Salom respecto de la ilegalidad de la reducción de las jornadas laborales, por lo que reprochó la acción del Ministerio de Trabajo al emitir esta directriz.
Aseguró que este tipo de medidas se toman en muchas empresas, sin importar si existe o no una ley o directriz que se los permita.
“Recibo muchas denuncias de  grupos de trabajadores a quienes simplemente el empresario les corta la jornada o se las amplía, pero sin pago de horas extra; y la gente se ve obligada a aceptar esta ilegalidad porque se quedarían sin trabajo”, criticó Merino.
Para el diputado, esta directriz puede ser producto de la presión de los sectores empresariales que pretenden la aprobación del proyecto de ley de flexibilidad laboral en la Asamblea Legislativa, pero no encuentran el ambiente adecuado para hacerlo.

CEPAL Y OIT pronostican alto desempleo
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman que este año podrían aumentar la cantidad de personas desempleadas en América Latina, entre 2,8 y 3,4 millones de personas en las áreas urbanas.
Estas se unirían a los 15,9 millones de personas desempleadas en las zonas urbanas de la región, reportados en el 2008; lo que en términos relativos significará un aumento de entre 8,7  % y 9,1%.Según el reporte de estos organismos, aún no se sabe a ciencia cierta cuál será la duración de esta crisis, ni qué tan efectivas sean las medidas que han tomado los gobiernos del continente para contrarrestarla.
El informe también apunta que la contracción económica esperada este año para la región será de un 1,7%.
En otro documento anterior, OIT estimó que el desempleo en el caso de Centroamérica alcanzará a 500.000 nuevos desempleados, mientras que en Costa Rica se espera que la tasa aumente un 7,8%.