Pronunciamiento del CIMAR más bien destaca necesidad de mayores estudios antes de considerar viabilidad del proyecto.
De manera enfática Álvaro Morales, director del Centro en Investigaciones de Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica (UCR), negó que esa instancia haya otorgado un visto bueno al proyecto de establecimiento de granjas de atún en aguas del Golfo Dulce, tal como lo aseguró recientemente el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Jorge Rodríguez.
El pasado 11 de junio, durante una conferencia de prensa realizada en la Asamblea Legislativa, el jerarca del MINAET, consultado sobre la posibilidad de concretar el proyecto de granjas, manifestó que la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) había realizado “unas consultas” y que “incluso la misma Universidad dio la viabilidad ambiental para las granjas atuneras”.
Así consta en un video que el Programa de Rescate de Tortugas Marinas (PRETOMA), una organización no gubernamental (ONG) opuesta al proyecto,  subió al sitio YouTube.
En su edición del 15 de junio, el diario en línea InformaTico, que cubrió la actividad, consignó que “según lo manifestado por el actual ministro de Ambiente, Jorge Rodríguez, la viabilidad ambiental nuevamente otorgada a Granjas Atuneras de Golfito S.A. de parte de su ministerio obedeció al aval del CIMAR de la UCR”.
Morales recordó que la única instancia con potestad para manifestar una posición de la UCR sobre cualquier tema es el Consejo Universitario. “Nuestro informe aclaró que no estamos ni a favor ni en contra de un proyecto particular, lo que nos pidió la SETENA fue un criterio técnico, incluso fuimos a una reunión ante la Comisión Plena de esa instancia para explicar nuestro trabajo”.
“Es muy delicado no sólo poner palabras en boca de alguien que no las ha dicho, como también lo que hizo el Ministro, quien deja abierta una afirmación en el sentido de que SETENA hizo consultas, incluida la UCR, y le dio viabilidad al proyecto, lo cual se presta para pensar que no hubo criterios negativos.
Hay una ambigüedad en lo que expresó el ministro”, manifestó.Fue en setiembre del año pasado cuando el CIMAR fue consultado y emitió un documento sobre el tema, en el que lejos de avalar el proyecto atunero, manifestó la necesidad de que se realicen mayores estudios en la zona, además de puntualizar que al sitio llegan especies de fauna como la ballena jorobada y tortugas marinas.
Sin embargo, Morales informó que tras la divulgación de un comunicado de prensa por parte de PRETOMA, titulado “UCR avala operación de Granjas Atuneras de Golfito S.A., según Ministro de Ambiente”, la Comisión Científica del CIMAR decidió enviar sendas misivas a esa ONG, a  la SETENA y al jerarca del MINAET solicitándoles una aclaración, sin que haya recibido respuesta.
Se buscó la posición del ministro Rodríguez, incluso se le enviaron las preguntas que se le pensaba hacer.
Sin embargo, al cierre de edición el jerarca, a pesar de manifestar disposición en referirse al tema, adujo que se encontraba en medio de “reuniones fuertes” y no podía hacerlo, además de que según dijo, la oficina de prensa del Ministerio no le había mostrado las preguntas de este Semanario, por lo cual remitió el tema a la SETENA.
También se le habían enviado preguntas a Sonia Espinosa, Secretaria General de SETENA. En horas de la mañana el día de cierre de edición se confirmó la recepción de las mismas con una asistente, quien dijo que no había problema en que fueran contestadas a tiempo, lo cual no sucedió.
OBJECIONES
El proyecto en cuestión fue presentado por la empresa Granjas Atuneras de Golfito S.A. (GAGSA), la cual en el 2005 obtuvo una concesión para explotar atún en el Golfo Dulce.
La iniciativa consiste en establecer unas jaulas marinas en Punta Banco, a la entrada del Golfo, a las que mediante redes sería llevado el atún pescado mar afuera y donde sería alimentado con sardinas importadas para engordarlo y hacerlo grasoso. El producto sería exportado a sitios como Japón.
Tal como informó UNIVERSIDAD (ver edición del 30 de marzo del 2006), el proyecto ha generado gran polémica en la zona. Desde el punto de vista ambiental se critica la contaminación que los desechos generados por las jaulas puedan tener en la zona, que es delicada por su biodiversidad y a la que llegan especies cuya protección es importante, como el delfín nariz de botella o tortugas marinas.
La Cámara de Turismo de Corcovado, por ese entonces manifestó por escrito al MINAET que las redes que se utilizarían en la pesca de los atunes “significan la destrucción de nuestro querido Golfo Dulce, que es el fiordo más profundo del planeta y más rico en biodiversidad marina y por eso la actividad de pesca deportiva que atrae a miles de turistas (…) va a ser gravemente afectada. (…) también la cantidad de delfines que aquí viven y las distintas clases de ballenas que llegan a tener sus crías”.
Vale destacar que en febrero del 2006, el entonces ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, envió una carta a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA), en la que manifestó que “el Director Ejecutivo y los inversionistas de la empresa (…) me han manifestado la urgencia de comenzar el proyecto por razones técnicas y económicas, que por oposición de dos Directores todavía no logran obtener la aprobación de su digno Directorio.
(…) Me permito solicitar a la entidad a su cargo un trámite expedito de acuerdo con las normas que rige la materia (sic)”.
El problema tomó tal vigencia que la oposición creció y trascendió las organizaciones locales de la Península de Osa y Golfito, pues varios diputados como Olivier Pérez del Partido Acción Ciudadana (PAC) o José Manuel Echandi, por entonces del Partido Unión Nacional (PUN), se manifestaron en contra de la iniciativa (Ver UNIVERSIDAD del 20 de julio del 2006).
En mayo del 2007 la Sala Constitucional frenó el proyecto, entre otras razones, porque apareció una contradicción entre lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental que GAGSA presentó a la SETENA y una declaración jurada de la empresa, pues el Estudio señaló que hay “lentitud” en las corrientes marinas locales, mientras que luego la empresa manifestó que más bien son suficientemente rápidas para garantizar la disolución de los desechos de las jaulas.
Randall Arauz, presidente de PRETOMA, señaló que en la actualidad en la zona hay una gran oposición, de organizaciones de pescadores artesanales y del sector hotelero, así como la propia Municipalidad de Golfito y las comunidades indígenas gnöbe. Arauz explicó a UNIVERSIDAD que en estos momentos “desgraciadamente el proyecto es inminente por las decisiones de la SETENA y del Ministro del Ambiente”.
“Nuestra posición es que hay que respetar el criterio de la Sala Constitucional, que en el 2007 ordenó la suspensión del proyecto y señaló la necesidad de realizar estudios previos para determinar el impacto que una granja atunera tendría en el Golfo Dulce; además hace la salvedad de que en materia ambiental debe haber certeza previa sobre el impacto de los proyectos que se quieran poner en marcha”, apuntó.
Añadió que “SETENA no realizó ningún estudio, sino que buscó al CIMAR de la UCR, que no hizo el estudio sino una revisión bibliográfica de los argumentos a favor y en contra y de los impactos del cultivo de atún”.
El activista además indicó con indignación que “el ministro Rodríguez dio sus declaraciones durante una conferencia de prensa sobre las ballenas, lo cual es parte de las ambigüedades que se dan en el país, por un lado se promueve conservación de las ballenas, por otro se promueve la instalación de una granja atunera que pone en peligro a la ballena jorobada que llega al Golfo Dulce a tener crías”, señaló.
Por su parte, Morales puntualizó que en las declaraciones del 11 de junio el Ministro no mencionó específicamente a la UCR o al CIMAR, “pero los únicos que hemos aportado un criterio científico somos nosotros”.
Añadió que también a la SETENA se le solicitó una aclaración y “un uso adecuado del informe, pues tiene la práctica inconveniente de que cuando pide criterios técnicos, lo que hace con ellos es pedirle al desarrollador que asuma la responsabilidad de mejorar lo que señalen”.
“A PRETOMA le pedimos que aclare por qué menciona a la UCR y al CIMAR si el ministro no lo ha hecho”, añadió.
Ya sobre el tema de las granjas, Morales, quien es biólogo con formación en oceanografía biológica y catedrático de la Escuela Biología de la UCR, manifestó no conocer algún estudio que aclare las variables que planteó CIMAR. “Hay que tener presente que se van a extraer poblaciones naturales de organismos para el engorde, lo cual podría traer graves consecuencias a corto y mediano plazo.
Si se establece el proyecto así ahora podríamos estar experimentando y eso no se debe, pues los riesgos son grandes, está bien documentado el efecto sobre comportamiento de delfines, que van a llegar a interactuar con los atunes, son especies que se asocian  mucho en el medio natural”.

Principio precautorio
El oficio CIMAR-352-08 del 30 de setiembre del 2008 consta de diez páginas y entre otras cosas, recuerda la importancia biológica del Golfo Dulce y enfatiza la necesidad de que se aplique el principio precautorio para aplicar medidas de protección ambiental “cuando exista la sospecha de que un impacto es posible”.
El mismo documento advierte que esta actividad de jaulas de engorde “trasciende las legislaciones nacional, regional y mundial sobre acuacultura y pesquerías, existe un vacío legal y de manejo de este sector”.
Así, enfatiza que hace falta una “mayor discusión y divulgación de los aspectos operacionales de este tipo de actividad”, lo cual debe incluir cuestiones sociales.