Los monocultivos de piña, caña, banano, cítricos y melón están afectando a numerosas comunidades en amplias zonas del país (ver mapa “Poblaciones afectadas”), donde cosechan numerosas denuncias por sus impactos en fuentes de agua potable, ríos, destrucción de bosque, plagas de moscas, contaminación con agroquímicos y daños en la salud.
La contaminación de agua por el uso de agroquímicos en las fincas piñeras afecta principalmente a comunidades como Milano, El Cairo, La Francia en la zona de Guácimo y Siquirres de Limón, en el Atlántico. A esa calamidad se añade una plaga de moscas chupasangre que ataca al ganado en esa zona y en otras áreas del norte del país, como Río Cuarto, Pital y Guatuso, donde cientos de productores han pegado el grito al cielo para que las autoridades solucionen el problema, pero dicen que han encontrado oídos sordos.
Esta producción de fruta para la exportación, bajo la modalidad de monocultivo, es controlada mayoritariamente por unas cuantas empresas extranjeras, y no es sostenible desde el punto de vista ambiental ni social, advierten líderes de las comunidades, grupos conservacionistas y expertos de las universidades públicas.
Además del maltrato al medio ambiente y los perjuicios para la salud el cultivo intensivo pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, porque se le están dedicando tierras que antes eran utilizadas a la producción de granos como arroz y frijoles, hortalizas y tubérculos como la yuca, señalan.
Asimismo, las advertencias apuntan al impacto del monocultivo en los suelos, por la fuerte erosión de las capas fértiles, que de continuar al ritmo actual en unos 20 años van a dejar las tierras totalmente improductivas y habrá que abandonarlas.
Desde la perspectiva social señalan por ejemplo a Buenos Aires de Osa, que después de 30 años de cultivo de intensivo de piña por parte de la transnacional Pindeco, sigue siendo uno de los siete cantones más pobres del país. En situación parecida se encuentran las zonas piñeras de Guácimo y Siquirres en el Atlántico, y Guatuso y Upala en el norte.
Las empresas se defienden diciendo que dan empleo a miles de peones y pequeños parceleros que antes se dedicaban a otros cultivos menos rentables y han mejorado su condición económica.
Actualmente se estima que hay unas 50.000 hectáreas de tierra dedicadas al cultivo de piña, a diferencia de las 11.000 que había en el año 2000. Con ventas que en el 2008 alcanzaron $573 millones, la piña es el segundo producto de exportación (27.2%) después del banano (27.5%). Se calcula que y hay unos 1.200 productores, pero cuatro empresas dominan la producción y la comercialización: Dole, del Monte, Fytfes y Banacol.
En otro plano, el desarrollo económico no inclusivo amenaza a cientos de comunidades que ven actualmente en riesgo su supervivencia en la zona marítimo costera. Un voraz desarrollo inmobiliario y hotelero tiende a desplazar a las personas lugareñas para dar paso a inversiones turísticas foráneas.
Cientos de personas han sido desalojadas o viven en la incertidumbre, ante la amenaza de desahucio por parte de las municipalidades que intentan recuperar la zona marítimo terrestre (ZMT), propiedad del Estado, y que está ocupada sin permisos.
Esto al mismo tiempo que inversionistas con poder económico o político consiguen concesiones para desarrollos turísticos allí.
Ante la amenaza de desaparecer, 36 comunidades costeras, que representan a unas 50.000 familias, constituyeron este año un frente de lucha y presentaron un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, donde esperan que los diputados le den tramitación urgente para evitar ser desalojadas.
Se trata en muchos casos de personas que han vivido toda la vida junto a la playa o en las islas, que son propiedad del Estado, por lo que no poseen ningún derecho de posesión.
En gran medida se trata de pescadores artesanales para los que el desarraigo de su modo de vida tradicional es impensable.
El proyecto crea una protección especial para quienes lleven más de cinco años viviendo en la ZMT, y contempla que estas personas adquieren derecho sobre la tierra que ocupan, aunque no podrán venderla, solo heredarla a sus descendientes. 

Xinia Briceño, presidenta del acueducto de Milano, relató que esa comunidad lleva tres años de estar denunciando a las autoridades la contaminación del agua producida por las plantaciones de piña, y no es sino hasta ahora que les empezaron a poner atención, luego que en mayo hicieron un bloqueo de la carretera a Limón.
 “Hasta ahora nos ponen atención porque nosotros nos fuimos a la calle, y les dijimos que necesitábamos que nos hicieran análisis, porque realmente nosotros no sabemos qué nivel de contaminación hay en la población.
Sin embargo, nos iban a mandar dermatólogos, y les dijimos que si solo nos mandaban dermatólogos, nosotros nuevamente les cerrábamos el paso. Entonces nos dijeron que nos iban a mandar microbiólogos y gastroenterólogos”, contó Briceño.
La comunidad espera que el Ministerio de Salud llegue en setiembre a hacer análisis toxicológicos a la población, como se prometió. “Lo que necesitamos es saber realmente cuantas personas hay afectadas”, dijo Briceño.
Asimismo, están pendientes de los primeros pasos que Acueductos y Alcantarillados (AyA) empezó a dar para dotar al acueducto de una nueva toma de agua, desde una naciente ubicada terrenos arriba de donde está la plantación piñera, porque la toma actual está dentro de la piñera. El problema es que no hay plata para expropiar y además hay una disputa judicial sobre el terreno, lamentó.
Las personas se quejan de brotes en la piel y otros problemas de salud que atribuyen a la contaminación del agua por agroquímicos, y desde hace dos años camiones cisterna del AyA les reparte el agua potable.
Briceño recordó que un análisis del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, de la Universidad Nacional, encontró 25 productos químicos en el agua de Milano. Entre las sustancias había bromacil, un peligroso tóxico, en una concentración de 4,8 microgramos por litro, lo que estaría por encima de lo permitido para el consumo humano.
El Ministerio de Salud y AyA, sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre cuál es el nivel permisible para el consumo humano.
YENORI BONILLA
“Aquí estamos rodeados de caña y durante la zagra, de diciembre a abril, es insoportable la contaminación que produce la quema de cañales y los polvazales y ocasionan problemas respiratorios y alergias”, lamentó Yenori Bonilla, presidenta de la Asociación de Desarrollo de Ortega, Santa Cruz de Guanacaste.
 Además esta comunidad y otras vecinas, a ambos márgenes del Río Tempisque, enfrentan todos los años problemas de contaminación de las fuentes de agua por las inundaciones, o del río por el desagüe de aguas residuales de los ingenios. También se dan desvíos de cauces o tomas ilegales de agua para irrigación de los cañales o plantaciones de melón, pero “nadie hace nada.”
Bolsón, La Guinea, Caserío Río Cañas y Corralillo, se encuentran en las comunidades de Santa Cruz y Filadelfia que sufren estos problemas, a ambos lados de la cuenca del Tempisque, donde operan los ingenios de CATSA, El Viejo y Taboga, este último propiedad de la familia del presidente Óscar Arias.
 “Hay un barrio que se llama Vegas de Río Cañas, donde la gente no duerme porque (los cañeros) pasan “jalando” caña toda la noche. Han luchado por moderar eso con el tránsito y no se ha podido”, relató Bonilla.
Como es la fuente de trabajo de la comunidad, la gente no quiere hablar. “Una vecina me dijo: vas a ver, no le van a dar trabajo a la gente de Ortega. Pero es que alguien tenía que denunciarlo”, concluyó la dirigente comunal.
MARTIN CHAVARRIA
La plaga de moscas, provocada por el mal manejo de desechos en las fincas piñeras, afecta a unos 400 productores de ganado de Cariari, Guápiles, Guácimo y Siquirres de Limón,  así como en Río de Grecia, Pital de San Carlos y Guatuso. Últimamente las siembras de la fruta se han empezado a extender también la Península de Nicoya y el Pacífico Central.
 “Hemos hecho de todo. Presentamos un recurso de amparo, pedimos al ministro (de Agricultura y Ganadería) que resolviera el problema y no lo ha hecho. Del 2001 al 2003 yo puse denuncias al ministro y a la Defensoría de los Habitantes; no hace mucho pusimos otra ante la Defensoría y no han respondido”, lamentó Martín Chavarría, ganadero de Guácimo.
En su mayoría son pequeños productores que tienen 20, 30 o 50 animales, y tal vez por eso el Gobierno no ha puesto atención, comentó.
Las moscas trasmiten muchas enfermedades y las reses por estárselas espantando no comen, se debilitan y mueren. Otro problema es que parte del agua pasa por las piñeras y eso produce abortos de las vacas y otros problemas del agua contaminada, hay gente que se le ha muerto el ganado por eso, afirmó.
GADI AMIT
Gadi Amit, ambientalista involucrado en la defensa del agua para las comunidades costeras de Guanacaste, señaló las dificultades de caseríos que no tiene servicio de agua potable y tienen que hallarla en baldes para consumo de los hogares.
“Los mayores problemas aquí el peligro de salinización (invasión de agua salada del mar) de los acuíferos (por la sobreexplotación) y la necesidad de darle prioridad al abastecimiento de las comunidades” por sobre los proyectos turísticos e inmobiliarios en auge en el litoral, explicó.
Algunos caseríos han estado luchando por que les construyan acueducto, sin éxito, mientras proyectos turísticos en las cercanías sí lo han obtenido. Hasta ahora los mayores conflictos en torno a las fuentes de agua se han dado en Sardinal (en el cantón de Carrillo) y Lorena (Santa Cruz), donde las comunidades han impedido que el agua de los acuíferos locales sea destinada para proyectos inmobiliarios y hoteleros de playa.
Amit recordó que la Sala Constitucional acogió en noviembre un recurso de amparo y ordenó no abrir más pozos en el manto acuífero de Playa Panamá por el peligro de sobreexplotación. Sin embargo, en este momento se tramita una denuncia de desobediencia a esa orden, porque en la semana santa AyA estuvo racionando el agua a la comunidad en la temporada alta del turismo, para desviarla a la zona hotelera, dejando desabastecida a la comunidad de Playa Hermosa.
Se ha denunciado que Playa Panamá y la zona cercana se van a quedar sin agua, si se llega a construir un millonario proyecto turístico en Punta Cacique, que pretende realizar el magnate estadounidense Steve Case, señaló Amit.
AQUILES RIVERA
Aquiles Rivera, un sindicalista que ha recibido amenazas de muerte, describió las deplorables condiciones laborales de las personas que trabajan en las plantaciones piñeras de Pérez Zeledón y Buenos Aires de Osa.
La transnacional Pindeco empezó los cultivos de piña en Buenos Aires en la década de 1980, y luego se han extendido a Pérez Zeledón, hasta llegar a las colindancias con Coto Brus, en el sur.
“Ahora están metidos en la parte alta en Potrero Grande, como a un km del parque La Amistad, donde botaron árboles para sembrar piña.
El año pasado presentamos una demanda y se paró la preparación de suelo, pero están sacando los permisos, como lo hacen en todo lado, para seguir produciendo piña en las condiciones que ellos quieren y el sistema costarricense los favorece”, afirmó Rivera.
“No hay libertad sindical, y trabajador que se organiza lo acosan para que deje el sindicato o lo despiden”. Entre los cerca de 6.000 ó 7.000 trabajadores que tiene la empresa solo están sindicalizados unos 20. 
Había como unos cien afiliados pero en los 90 los despidieron por “reducción de personal” y hoy mantienen una pequeña planilla para decir en Europa que hay libertad sindical y así mantener ese mercado, relató Rivera.
“Tenemos una demanda por persecución y violaciones laborales y del convenio 169, artículo 20, el cual dice que las transnacionales que contraten indígenas tienen que darles un trato de preferencia o de igualdad respecto a los demás trabajadores, cosa que no se ha dado. Hay muchos indígenas trabajando, los contratan porque el indígena es de mediana estatura y son los que dan mayor rendimiento para la siembra de piña.
La mayor parte de los trabajadores después de seis años salen con lumbago y hernias en la columna, es un milagro que de cien cinco salgan bien. Cuando están lesionados de la columna los despiden y no tienen derecho a una pensión, porque la cotización es muy baja y además se enferman en edad muy temprana”, afirmó Rivera.
Por otro lado, añadió, los problemas de contaminación y salud por las fumigaciones con agroquímicos son visibles. Se puede mencionar por ejemplo el caso del Barrio Las Hormigas, en el Alto de Santa Cruz, Buenos Aires, donde una barrera biológica de plantas de bambú fue derribada y en la noche, cuando hacen las fumigaciones de la piña, los agroquímicos van a dar a las paredes de las casas, y la gente hasta se asfixia con el olor.