La ARESEP planeó destinar una modificación presupuestaria por ¢439 millones, para pagarle a cinco funcionarios durante 10 meses.
Una serie de nombramientos que benefician con jugosos salarios a los mandos directivos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), fue cuestionada por diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) ante la Contraloría General de la República.
Con la firma de Leda Zamora, Alberto Salom, Grettel Ortiz, Olivier Pérez, Ronald Solís y Rafael Madrigal, los legisladores del PAC enviaron el pasado 15 y 19 de junio tres solicitudes a la contralora Rocío Aguilar Montoya, para que indague los nombramientos acordados por la ARESEP a favor de los directivos Walther Herrera Cantillo, Jorge Cornick Montero y Adolfo Rodríguez Herrera.
Los acuerdos de la entidad reguladora implican incrementos salariales sustanciales para algunos de los funcionarios y planes para crear superintendencias que depararían a los encargados sueldos multimillonarios.
Para los representantes del PAC, “es evidente de que no se trata de casos aislados y que se está instaurando una práctica de la Junta Directiva de la ARESEP de contratar a sus miembros para hacer trabajos que supuestamente se enmarcan dentro de sus labores directivas”.
En el caso de uno de los nombramientos, los diputados expresaron que “nos preocupa que el acuerdo de la Junta Directiva de la ARESEP sea un simple camuflaje para concretar la contratación de uno de sus miembros”.
La legisladora Leda Zamora denunció el 17 de junio en la sesión de la Asamblea Legislativa, el eventual conflicto de responsabilidades directivas que se podría dar por los nombramientos de Cornick y Rodríguez.
El jerarca de la ARESEP -Fernando Herrero Acosta- rechazó la afirmación de Zamora Chaves y alegó que no hay tal conflicto de intereses a lo interno de la institución, porque ellos “solo actúan como miembros de la Junta Directiva.
Se intentó conocer desde el viernes 3 de julio su criterio acerca de las denuncias del PAC, pero las gestiones no fructificaron. El martes 7 llamó a este periodista cuando estaba fuera de la oficina y después no fue posible contactarlo de nuevo, a pesar de varias llamadas y mensajes.
NOMBRAMIENTOS
Uno de los nombramientos que cuestionó el PAC es el de Jorge Cornick Montero, quien se desempeña como directivo de la ARESEP. El regulador Fernando Herrero sometió a la directiva el nombramiento a medio tiempo de Cornick, en el contexto de la ley 8660. Esta ley de Modernización de las entidades del sector de telecomunicaciones fue aprobada en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y en su artículo 54 abre la posibilidad de que los miembros de la junta directiva de la ARESEP se integren a trabajar a medio tiempo o tiempo completo en funciones de responsabilidad directiva.
En opinión de la diputada Zamora Chaves, esta ley “abrió un portillo muy peligroso, para romper un principio fundamental de control interno, cual es que los miembros de junta directiva no puedan ser parte de la Administración. Tienen funciones –como su nombre lo indica- de dirección y no de ejecución; sin embargo, aquí se da esa dualidad. Y por el otro lado, el posible abuso en los fondos públicos”.
Por su parte, Herrero consideró importante que un directivo apoyara a medio tiempo a la Junta, con el propósito de consolidar la SUTEL, y para ello pensó en Cornick Montero, cuyo nombramiento regiría una vez que lo aprobara la Contraloría General.
En criterio del PAC, “imponer un miembro de la Junta Directiva de la ARESEP para cumplir funciones en la SUTEL, contraviene la ley que le asigna a la SUTEL un grado de desconcentración máxima con personalidad jurídica instrumental”. Además censuró el traslado de recursos que se haría de la ARESEP a la SUTEL, a la hora de pagarle, lo cual está prohibido por esas leyes.
Finalmente, ya sea porque el PAC tenía razón o porque el directivo desistió por otras razones, este nombramiento no se concretó. En la misiva que el regulador Herrero le remitió a la diputada Zamora Chaves el 18 de junio, en cuanto a Cornick le aclara: “si bien la Contraloría aprobó su incorporación a tiempo completo, no fue posible que lo hiciese, porque adquirió otros compromisos mientras nosotros hacíamos los trámites correspondientes”.
Cabe recordar que Cornick Montero fue vocero del grupo “Por Costa Rica” que promovió el TLC, figuró en la lista de asesores que contrató la Presidencia de la República con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y en otra de consultorías financiadas por la Fundación de Cooperación Estatal (FUCE).
Como director ejecutivo de la empresa Eureka Comunicación colaboró en el financiamiento de las campañas a favor del TLC con varios millones, según el Tribunal Supremo de Elecciones.
Otro de los nombramientos objetados es el de Adolfo Rodríguez Herrera, designado por la directiva de la ARESEP a tiempo completo desde el 24 de marzo, para laborar en “todo lo necesario para la creación de la Superintendencia de Transporte Público, de conformidad con el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus órganos desconcentrados, que fue aprobado, ya en firme, en la sesión de ayer de nuestra  Junta Directiva”, explicó el regulador Herrero en un correo interno de esa fecha.
Tras revisar la solicitud de la ARESEP para nombrar a Rodríguez en dicho cargo, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República en un informe del 12 de marzo pasado, advierte que la aprobación está condicionada a que “las labores que se le asignen al directivo deben tener relación con las atribuciones del órgano colegiado, sin que con ello se sustituya la voluntad de la Junta Directiva en las materias que son propias de su competencia y siempre que la actividad a realizar por parte del directivo no comprometa su imparcialidad o posibilite un conflicto de intereses que afecte las decisiones que tome en dicho órgano”.
El oficio hizo ver que “no queda claro para este órgano contralor los alcances de la coordinación que realizaría el señor Rodríguez Herrera dentro de sus responsabilidades directivas, toda vez que la elaboración de un diagnóstico general de la regulación del transporte público y la elaboración de una estrategia de desarrollo del sector de transporte público parecieran, en principio, labores propias del Regulador General y no de la Junta Directiva de la ARESEP, por lo que se debe revisar dichas actividades con el fin de adecuarlas a los términos indicados”.
Por lo anterior, la Contraloría aprobó el nombramiento condicionado a revisar las responsabilidades que tendría en su cargo Rodríguez Herrera, para que no sean “parte de las funciones propias del Regulador General, aspecto que deberá ser debidamente documentado en el expediente administrativo”.
OTRO EN SUTEL
Por otro lado, la tercera denuncia del PAC se refiere al nombramiento de Walther Herrera Cantillo a tiempo completo como miembro suplente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, algo que estiman ilegal, ya que el artículo 61 de la ley de la ARESEP especifica que el suplente ejercerá en ausencias temporales de los titulares y “en ningún momento se establece que se trata de un miembro de pleno derecho a tiempo completo del Consejo de la SUTEL”.
Los diputados del PAC reiteran en su misiva ante la Contraloría, que “el miembro suplente ejerce su cargo a tiempo completo y con dedicación exclusiva en los momentos en que le toca sustituir a un miembro titular. No cabe una interpretación en otro sentido, pues se desnaturalizaría la figura de la suplencia”.
De acuerdo con documentación en manos del PAC, la acción de personal que confeccionó la SUTEL con motivo del cambio aprobado para Herrera Cantillo, pasó de ganar ¢2.035.724 mensuales a ¢3.691.404.
Cabe mencionar que la normativa establece que los ingresos de los directivos de la ARESEP corresponden a dietas iguales al 10% del salario base asignado al jerarca de la Contraloría General, que es de ¢1.404.600. Los directores pueden recibir en dietas un máximo de tres sesiones por semana. Por mes esto equivaldría a ¢1.685.520.
La Junta Directiva en una sesión del 2 de abril último, analizó la propuesta del regulador Herrero Acosta, en torno a la creación de cinco nuevas plazas: tres para superintendencias, una para director general y una de director, según lo habían acordado en marzo.
Ese día también sometió a discusión una partida que habían modificado, para dotar con ¢439.6 millones el presupuesto que serviría para pagarle a las personas que ocuparán estas cinco plazas nuevas, en un periodo que va de marzo a diciembre del 2009. Si el mencionado monto se divide entre estos cinco nuevos funcionarios a lo largo de diez meses, significaría que cada uno recibiría más de ¢8 millones mensuales.
La operación presupuestaria que pretendía modificar la partida que daría esos ¢439.6 millones, en esa misma sesión fue desechada, luego de que el auditor interno de la ARESEP –Luis Fernando Sequeira- señaló que “no se deben tomar recursos de un área de regulación y reasignarlos a otra, ya que el principio que rige la fijación de cánones es el principio del servicio al costo”.