Existe temor de que emanaciones afecten a vecinos y a Estación Experimental de la UCR.
El hecho de que la Secretearía Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) haya otorgado viabilidad en junio a un proyecto para establecer una planta fabricadora de asfalto en Ochomogo de Cartago, ha generado gran consternación entre los vecinos del sitio, incluida la Estación Experimental Alfredo Volio Mata, de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Se trata de una planta que sería construida por la empresa Constructora Raasa S.A., cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) señala que espera un movimiento de “30 vehículos diarios”. El terreno colinda hacia el norte con la mencionada Estación Experimental, separados por la Quebrada El Fierro.
Según manifestó a UNIVERSIDAD Raúl Ortega, vecino adyacente al sitio, la principal preocupación tiene que ver con las emanaciones de gases de la producción del asfalto y hasta donde las pueda llevar el viento. “La ubicación de la planta de asfalto crearía condiciones invivibles, además se perdería la tranquilidad con el alto movimiento de equipo pesado”, puntualizó.
SIETE AÑOS EN VILO
Según explicó Manrique Solano, otro vecino de la zona y familiar de Ortega, la iniciativa de establecer la planta productora de asfalto data del 2002, cuando la mencionada empresa compró el terreno a un individuo de apellido Peña, quien inicialmente pretendió establecer una fábrica de pinturas, pero no obtuvo los permisos.
“Como nunca pudo poner la fábrica vendió la propiedad como si fuera zona industrial”, manifestó. El comprador fue la Constructora Raasa S.A., una empresa conocida en Cartago. Solano añadió que en un primer momento se realizó una reunión con un funcionario de la empresa, “se le explicó tanto la situación de la calle que da acceso a ese terreno, que es privada; como la del uso de suelo, que no es industrial, sino agrícola o residencial según consta en los registros del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y de la Municipalidad Cartago”.
Sin embargo, de acuerdo con el relato de Solano, los representantes de la empresa manifestaron su confianza en documentos que les aseguraban que podían poner la planta de asfalto, como permisos de uso de suelo de tipo industrial de esas mismas instituciones.
Así empezó una disputa entre vecinos y empresa que se mantiene hasta hoy, que incluso implicó una batalla legal por la única vía de acceso a la propiedad de Raasa S.A.. Se trata de un camino construido para dar acceso a la propiedad de la familia de Solano y Ortega y que según el último funciona como servidumbre privada.
“Ha sido proceso largo y desgastante, el Tribunal Contencioso Administrativo determinó que es una calle privada. En el 2002 colocamos unos mojones con el fin de delimitar el ancho de la calle, pues cualquier industria ocupa un ancho mínimo en la vía de acceso de 14 metros; la municipalidad los quitó alegando que se trataba de una calle pública y acudimos a la Sala Constitucional, que nos dio la razón y la Municipalidad se vio obligada a restituir los mojones. Con ello demostramos que la calle es privada”, explicó Solano.
Por su parte, Ortega recordó que “consulté en el INVU los límites del anillo industrial de Ochomogo y comprobé que estamos afuera. Luego con un topógrafo solicitamos el uso de suelo de esa propiedad y para mayor seguridad también el uso de suelo de la propiedad nuestra, ambos terrenos tienen uso residencial”, indicó.
“No nos explicamos cómo el INVU, a pesar de que registra estas propiedades como de uso de suelo residencial, les otorgó un permiso para uso industrial. Es algo incomprensible”, añadió.
Según explicaron esas fuentes a UNIVERSIDAD, en diciembre del 2002 la SETENA manifestó que el proyecto no era viable, mientras que el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) “fue enfático en decir que el terreno está cerca de las fuentes del acuífero Padre Carazo, que abastecen a la mitad del sector central del Gran Área Metropolitana (GAM)”.
Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por Solano, en el 2003 tras apelaciones de la empresa, la SETENA decidió solicitar un EsIA, el cual fue presentado en el 2004, con el desenlace de que se otorga la viabilidad por parte de esa Secretaría en junio de este año.
OPOSICIÓN
Los vecinos no han sido los únicos en contrariar la instalación de una planta fabricadora de asfalto. En oficio de setiembre del 2002, AyA manifestó su oposición a la construcción del proyecto, “dado que el mismo se ubicaría dentro del área de recarga  de las denominadas Fuentes del Padre Carazo, que AyA utiliza para abastecimiento público”.
El documento se refiere puntualmente a las emisiones que provocaría la planta, “cuyos gases podrían ser incorporados a los árboles existentes y con la precipitación de la zona se produciría lluvia ácida, que luego se infiltraría al subsuelo o escurriría hacia la Quebrada Fierro y (…) afectaría la calidad de las aguas de las fuentes”.
Añade que el INVU en julio de ese año manifestó que el terreno no es apto para el uso propuesto, pues se encuentra dentro de la Zona Especial de Protección de la GAM.
Sin embargo, en otro oficio de marzo del 2003, el mismo AyA señaló que estaba de acuerdo con la realización del EsIA, el cual “deberá analizar a fondo la dinámica de las aguas subterráneas y la relación agua superficial / agua subterránea”.
También en el 2002 el Comité Cívico de Cartago dirigió un oficio al director de Urbanismo Municipal de esa ciudad, en el que manifestó que la instalación de la planta, “causaría grandes problemas a las habitaciones que están cerca, pues el ruido, las vibraciones y el humo que producirían las máquinas les afectaría mucho, también al cantón de la Unión pues el viento y la gran cantidad de humo irían directamente”. Añadió que “nos oponemos totalmente a dicha obra”.
Carlos Boschini, director de la Estación Experimental Alfredo Volio, en setiembre de ese año envió un oficio a la Comisión Plena de la SETENA, en la que subrayó que “las emanaciones de gases y partículas al aire, propias de una planta asfáltica, provocarían desastres en los pastos destinados a la ganadería, así como en los otros cultivos experimentales”.
Consultado al respecto, Boschini manifestó que la noticia del otorgamiento de viabilidad ambiental “me sorprende y me parece una barbaridad”. Sin embargo, el investigador se mostró cauteloso y apuntó que “hasta que no esté la planta funcionando no sabremos cuánta contaminación será, no hay conocimiento de los problemas que pueda generar, que básicamente tendrán que ver con las emanaciones de humos y los materiales sólidos que desechen”.
El funcionario recordó que “la viabilidad de la SETENA por sí sola no da derecho de operación” y señaló que es necesario, por ejemplo, un permiso del Ministerio de Salud, así como de la Municipalidad de Cartago.
UNIVERSIDAD buscó el criterio de la empresa Constructora Raasa S.A., donde indicaron que la única persona autorizada para dar declaraciones sobre el tema es el gerente general Joaquín Araya, sin embargo al cierre de edición no fue posible contactarle por teléfono ni por correo electrónico.
Mientras tanto la consternación se mantiene entre los vecinos. Ortega puntualizó que “no somos nosotros quienes invadimos la zona industrial, sino al revés; nos sentimos defraudados por las instituciones que dicen ser defensoras del medio ambiente pero permiten un uso industrial del suelo en una zona que sencillamente no lo es. No entiendo qué es lo que pasa, por qué SETENA le da viabilidad ambiental a este proyecto que se ubica fuera de la zona industrial que además tiene el problema del acceso”.

Los problemas del asfalto.
Consultado sobre los parámetros para establecer una planta para la fabricación de asfalto, el ingeniero Edgar Herrera, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), de la UCR; remitió a un documento llamado Manual de especificaciones para la construcción de carreteras, caminos y puentes de Costa Rica, el cual aclaró es un borrador que será publicado una vez que pase una revisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
De acuerdo con ese documento, para la instalación de una planta de asfalto “no podrá ubicarse sobre mantos acuíferos, zonas de recarga, ni sitios donde el nivel freático sea muy superficial”.
El biólogo Freddy Pacheco, advirtió sobre el peligro permanente que sobre la población implican los gases emanados por plantas de este tipo. Sin embargo fue más allá y apuntó que las autoridades del MOPT “aplauden su instalación en prácticamente cualquier lugar, sin considerar la posibilidad de que su operación pueda causar problemas ambientales y que generalmente las construyen en o cerca de zonas urbanas”.
Como ejemplo citó la recién construida planta de asfalto en Cañas, la ubicada en Colima de Tibás, “localizada peligrosamente en una zona urbana de alta densidad de población”; la posible reactivación de otra planta en Turrialba y otras en La Luisa de Sarchí, en La Carpio y en Santo Domingo de Heredia.
De acuerdo con la Biblioteca Electrónica de Salud y Seguridad Ocupacionales en la Construcción (eLCOSH), creada y mantenida por el Centro de Protección de los Derechos de los Trabajadores (CPWR por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, entre las emanaciones del asfalto puede encontrase el sulfuro de hidrógeno, “un gas muy tóxico que al ser respirado puede causar mareos, convulsiones, coma o la muerte”.
Además, señala que entre los químicos solventes utilizados en el asfalto figura el benceno, “conocido por causar leucemia”; el dioxano, “muy tóxico para el hígado y los riñones”, y el tolueno, que en altas concentraciones puede afectar esos mismos órganos, además de producir una enfermedad en la piel conocida como dermatitis.