Las autoridades del IAFA esperan que el Centro no sea clausurado y lucharán por su funcionamiento.
Tras un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, que resolvió a favor de los vecinos de barrio Roosevelt en San Pedro de
Montes de Oca, ellos ahora piden con mayor vehemencia el cierre del Centro de Atención Integral de menores adictos del Instituto
de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA), ubicado en la comunidad.
 
Las personas vecinas se quejan de ruidos y situaciones anómalas en el albergue, el cual da atención a 42 jóvenes con problemas de
adicción. De acuerdo con Roy Mac Gregor, presidente de la asociación de Vecinos Roosevelt, existe un interés genuino por la
situación de los muchachos con adicción.  Sin embargo, alegan que un barrio no es el lugar indicado para un centro de atención de
este tipo.
Los representantes de la comunidad reclamaron que el orden y la tranquilidad de su vecindario son alterados constantemente.  Se
quejan de escuchar fuertes gritos y golpes de los reclusos. Además denunciaron haber sido insultados en repetidas ocasiones por
los muchachos. “Eso no es un centro de rehabilitación, es una cárcel”, dijo Mac Gregor, quien justificó que por esas razones
exigen la  clausura del lugar.
Agregaron que para aislar el ruido y evitar las molestias a las personas residentes en los alrededores del albergue, la directora
del Instituto y de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA), Giselle Amador, se comprometió a construir una tapia. No obstante,
esta obra no se ha hecho. Amador explicó a UNIVERSIDAD que la institución tiene los ¢38 millones que cuesta esa obra, sin embargo
el proceso de contratación es lento.
OTRAS IRREGULARIDADES
En principio, el Comité de Vecinos y la Asociación Roosevelt se opuso a las obras de construcción ya que no responden a los
lineamientos del Plan Regulador de Montes de Oca, pues especifica que el lugar donde se ubica el Centro de rehabilitación es
residencial.
En setiembre de 2007, la Municipalidad de ese cantón clausuró las obras porque el IAFA no tenía ni premiso de construcción o uso
de suelo. Además, aunque el Plan Regulador estipula que no se pueden construir edificaciones superiores a los 500 metros
cuadrados, el Centro abarca 2400 metros cuadrados. La jerarca del IAFA reconoció que, de apegarse a lo que estipula el Plan
Regulador, no hubieran podido construir el edificio.
Entre otras de las anomalías que se dieron en torno a la construcción, Lisbeth Araya, del Comité de Vecinos de Barrio Roosevelt
Organizado, indicó que en el oficio SG-AJ 728-2008 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, se habla de una obra de
ampliación y no de la construcción de un nuevo edificio “en el patio” del IAFA.
Debido a la clausura, personeros del IAFA plantearon un recurso de revocatoria, por lo que la Municipalidad acudió a la
Procuraduría General de la República. Esta consulta versó sobre la obligatoriedad de contar con el certificado del uso de suelo,
licencia municipal constructiva, acatamiento del Plan Regulador y autonomía municipal.
El fallo, vinculante en este caso para la Municipalidad, no fue satisfactorio para el Alcalde Fernando Trejos. Afirmó que la
Procuraduría se equivocó al señalar que el Estado está exento de solicitar permisos de construcción o de uso de suelo. En aquel
momento “la Municipalidad se vio obligada a realizar el levantamiento de los sellos de clausura de la construcción del IAFA”, a
pesar de estar en desacuerdo con el dictamen de la Procuraduría.
Una vez que la Procuraduría avaló la construcción del Centro, los vecinos, disconformes con la continuación de las obras apelaron
ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Esta instancia resolvió a favor de los consultantes e indicó que la Procuraduría
induce a error, pues el Estado no está exento de someterse a las disposiciones del gobierno municipal. AUTONOMÍA MUNICIPAL
El IAFA defiende que la construcción del centro de desintoxicación responde a un mandato de la Sala Constitucional (Voto N. 05871
-2005). No obstante el documento N. 1269-2009 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Segundo Circuito de
Judicial de San José, el cual señala que la disposición de este tribunal sobre la necesidad de crear un centro de este tipo “no
conlleva a la afectación del derecho de propiedad de los vecinos por la desaplicación del ordenamiento urbanístico”
Además manifiesta textualmente que “no es posible concretar el proceso de planificación y ordenación urbana al que aspira la Ley
de Planificación Urbana desde 1968, si se permite a entes públicos desaplicar e irrespetar –en todo el territorio- normas de orden
público”.
Para Trejos dicha resolución, además de  ratificar la autonomía municipal, sentó un precedente para otros gobiernos locales. Con
este fallo se agotó la vía administrativa.
En este sentido, la jerarca del IAFA, Giselle Amador, dijo a UNIVERSIDAD que espera que el Centro de menores no sea clausurado y
que recurrirán a todas las instancias necesarias para que este siga funcionando. “Todas las comunidades deberían tener un centro
similar en su cantón” agregó. Contrario a esto, los vecinos recomiendan que se haga uso del inmueble en una actividad afín al Plan
Regulador, y no como centro de rehabilitación.
La preocupación de la funcionaria recae sobre el futuro de las personas jóvenes adictas porque no tendrían a dónde ir.  Al mismo
tiempo, dijo que esperarán la resolución del acuerdo al que llegue el Concejo Municipal en esta semana.
Añadió que Marjorie Calvo, asesora legal del IAFA, analiza la resolución del Tribunal Contencioso para ver qué acciones tomar
próximamente. De acuerdo con Amador, dicho fallo además fue puesto en conocimiento del Patronato Nacional de la Infancia, la
Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, instancia que dio luz verde al IAFA para la construcción
del albergue.
El Centro de Atención Integral de menores adictos es el hogar de 20 jóvenes y recibe otros 22 durante del día de forma gratuita.
La cuidado que reciben en el albergue le cuesta al IAFA cerca de ¢1 millón al mes por paciente. De acuerdo con Amador, el 30% de
esta población corresponde a Montes de Oca, aunque reciben jóvenes de otras comunidades. Además indicó que estas personas están
enfermas, pero no tienen cuentas pendientes con la ley.
Cira Durán, vecina de Cartago, lleva a su hijo de 14 años con problemas de adicción al  centro desde que este abrió hace poco más
de un mes.  Afirmó que la ayuda recibida por parte del IAFA es invaluable para la recuperación de su hijo, pues ella no podría
costear un centro de rehabilitación privado.
El caso fue analizado por el Concejo Municipal el 20 de julio, donde deliberaron sobre el futuro del Centro de atención de menores
adictos. Según el alcalde, el valor de esta obra está calculado en ¢1200 millones.