Comisión especial del Consejo Universitario  inició trabajo con gira a la región.
“Todo parece indicar que en este proceso ha habido un gran atropello a la legalidad y a la constitucionalidad, lo cual denota falta de transparencia, es inevitable pensar ante este tipo de arbitrariedades si hay elementos de corrupción y se nota que la voracidad de los inversionistas tiene carácter de urgencia”.
Con esas palabras resumió el miembro del Consejo Universitario Héctor Monestel lo recabado durante una gira a Sardinal de Carrillo, Guanacaste, realizado por una Comisión nombrada por ese Consejo para analizar el conflicto que allí se ha generado por el acceso al agua.
La Comisión emitirá un pronunciamiento sobre el tema, siguiendo la línea de trabajo que el Consejo ya ha implementado en casos como el de la expansión piñera o el proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas de San Carlos (Ver UNIVERSIDAD del 2 de junio y del 16 de junio).
Hace alrededor de un mes quedó conformada la Comisión bajo la coordinación de Monestel, quien detalló que la iniciativa “responde a un interés institucional de coadyuvar y aportar a una mejor toma de decisiones, en este tema hay intereses muy poderosos que ejercen presiones y por ser autónoma, la Universidad es independiente y los científicos pueden hacer su trabajo sin pensar en la satisfacción de los desarrolladores”.
La gira a Sardinal, realizada entre el 10 y 11 de julio, fue uno de los primeros pasos de trabajo y en ella participaron, además de Monestel, otros integrantes de la Comisión como el sociólogo Mariano Sáenz, el profesor de la Escuela de Derecho Nicolás Boeglin y las estudiantes Daniela Rojas, de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) y Adriana Madrigal, de la Sede Guanacaste de esta Universidad.
Monestel recalcó que aunque se trata de un grupo debidamente conformado, “no es una comisión cerrada, pues al estar en contacto con los actores se permite la participación de más personas”.
REUNIONES
El conflicto por el agua en Sardinal cobró relevancia a partir de enero del 2008, cuando un amplio grupo de vecinos de la comunidad lograron detener las obras de construcción de un acueducto gestionado por un grupo de sociedades anónimas agrupadas en un fideicomiso del Banco de Costa Rica (BCR).
Las obras estaban concluidas en más de un 70% y desde entonces se ha mantenido un fuerte pulso entre los empresarios y el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por un lado, y los vecinos agrupados en el Comité pro Defensa del Agua de Sardinal, por otro.
Cabe recordar que entre los empresarios que forman parte del fideicomiso, figuran varios donantes a la campaña presidencial de Óscar Arias de cara a las elecciones del 2006 (Ver UNIVERSIDAD del 25 de junio del 2008).
Luego el Gobierno nombró una comisión interinstitucional, integrada por funcionarios del AyA, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Esa iniciativa produjo un informe que según informaron jerarcas de esas instituciones, señala que el manto acuífero local tiene suficiente caudal y capacidad de recarga para hacer viable el acueducto proyectado.
La gira de trabajo de la comisión inició con una reunión en la Sede Guanacaste de la UCR en Liberia, donde se reunieron con funcionarios docentes y estudiantes, además de otros actores locales.
A esa cita acudió Juan Félix Castro, de la Pastoral Social de Tilarán y miembro del Comité pro Defensa del Agua de Sardinal, quien expuso un amplio resumen del desarrollo de todo el conflicto.Castro detalló que una de las cosas que más molestó a la comunidad es que el control de la distribución del agua quedaría en manos de los fideicomitentes.
“El Gobierno ha orientado el tema en la única dirección de si el manto acuífero tiene capacidad para soportar el proyecto. El planteamiento de la comunidad es que de nada sirve que el manto tenga agua, si el problema de construcción persiste, debe haber una moratoria en ese sentido; o si se siguen talando los cerros”, añadió.
Posteriormente la Comisión del Consejo Universitario sostuvo una reunión con el presidente del Concejo Municipal de Carrillo, Franklin Rivas, quien entre otras cosas puntualizó que los desarrolladores iniciaron las obras de construcción del acueducto nuevo con un permiso municipal otorgado para realizar mejoras en un acueducto existente. 
“El pueblo no entendió que la Municipalidad no estaba metida en eso, sino que fue ilegal. El proyecto está parado porque tomamos un acuerdo en ese sentido”, añadió.
Ante una pregunta de UNIVERSIDAD, sobre la tensión social que ha generado el tema, el funcionario manifestó que “nos identificamos con el pueblo, nos corresponde la defensa de sus intereses, pero no podemos tomar decisiones extremas”. Añadió que “no comparto la posición del Comité de Sardinal de que no salga ni una gota de agua, pero tampoco nos sirve que nos digan que tenemos agua para 30 años, porque antes la teníamos para toda la vida”.
Rivas se comprometió con la Comisión a facilitarles una copia del informe final de la comisión interinstitucional del Gobierno y a que Consejo Municipal de Carrillo les reciba próximamente en una reunión extraordinaria.
Al día siguiente se mantuvo una reunión en Sardinal con el Comité Pro Defensa del Agua, en la cual fue notoria la desconfianza que los vecinos tienen en las instituciones del Estado y sus jerarcas. Por ejemplo, cuestionaron la imparcialidad y rigor de los monitoreos sobre el caudal del manto acuífero que realiza el documento, “queremos que se haga un monitoreo, pero que sea ajeno del Estado porque es lógico que van a decir que el agua sobra”, expresó un participante.
“Al AyA sólo le interesa vender el agua a los ricos para las canchas de golf, pero no existe un plan para reforestar, limpiar los ríos o para cuidar el manto acuífero”, expresó otro miembro del Comité.
Finalmente, la comisión de la UCR se reunió con representantes de la Asociación de Desarrollo Comunal de Playas del Coco (ADICOCO), cuyo presidente, Kristian Faerron, explicó que desde hace tiempo se han preocupado por “el desarrollo descontrolado que se ha dado en la zona”, y que en el caso de Sardinal, “no queremos una aglomeración en la distribución de las pajas de agua”. Destacó que el manto acuífero de El Coco ya es explotado a su máxima capacidad.
Por su parte Edwin Solano, secretario ejecutivo de esa Asociación, manifestó que ADICOCO  es producto de la unión de esfuerzos de la Asociación de Desarrollo Integral local y de la iniciativa por construir una marina allí. “Lo que más nos preocupa es el manejo del recurso hídrico, pues tenemos proyecciones de gran consumo a futuro”.
Sobre el conflicto de Sardinal, indicó que “cuando reventó el tema se quiso salir de las manos por terceros intereses, nosotros hemos intentado evitar que se radicalice y llevar una línea de diálogo”.
Informaron que la Asociación ha participado de los monitoreos de caudal del manto acuífero de Sardinal que han realizado funcionarios del Poder Ejecutivo.
CONCLUSIONES
Tras la realización de la gira, Adriana Madrigal, estudiante de la Sede Guanacaste y miembro de la Comisión, llamó la atención al hecho de que esa Sede “definitivamente no se ha vinculado como debiera con este problema”.
Sin embargo, manifestó que “es posible que el tema de Sardinal sirva para una toma conciencia de que el problema del agua es de trascendencia regional, pero hasta ahora la participación ha sido poca”.
Otra estudiante miembro de la Comisión, Daniela Rojas, representante de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), consideró la gira como una experiencia enriquecedora, pues sirvió para conocer diferentes posiciones sobre el tema.
 “Constatamos que el Gobierno no cumple con su función de regidor del pueblo, pues beneficia a muy pocos o a extranjeros, sin tomar en cuenta las necesidades de una comunidad, ni tan siquiera su opinión, más bien los manipulan y los castigan como con estos costos tan altos en los recibos del agua”, puntualizó.
El coordinador de la Comisión, Héctor Monestel, consideró que la gira sobrepasó sus expectativas.
Sobre la reunión sostenida con el Presidente Municipal de Carrillo, destacó los compromisos asumidos por el funcionario “en particular de facilitar el último informe de la comisión interinstitucional que justifica la viabilidad ambiental del acueducto, que desde el Consejo Universitario no hemos podido conseguir”, como también el de la audiencia con el pleno del Concejo Municipal de Carrillo.
También llamó la atención sobre la entrevista que sostuvo con los funcionarios de ADICOCO, la cual calificó como “interesante”, pues encontró “una visión empresarial de defensa del ambiente, ello no implica que se le debe estigmatizar, pero es incontrovertible que el desarrollo inmobiliario y la defensa de la naturaleza a veces son irreconciliables”.
Al respecto del encuentro con los vecinos de Sardinal agrupados en el Comité pro Defensa del Agua, encontró justificada la posición que ha tomado esa instancia, pues “en este tipo de conflictos hay situaciones en las que no se puede ser tolerante, porque ello implicaría permitir un despojo ambiental, cultural y social y es un principio fundamental el derecho de los pueblos a defender sus causas”.
Añadió que “es una satisfacción encontrar que las comunidades creen en la Universidad, esa credibilidad es lo que hay que reforzar con este tipo de iniciativas”.
Informó que la Comisión que coordina planea emplazar a instituciones públicas como AyA, el MINAET o el BCR. “Se trata de tener una visión cabal del asunto, estas instituciones están en la obligación de informar, explicar y rendir cuentas al país”, concluyó.