Un proyecto para regular las áreas protegidas del país, despierta de nuevo el temor entre sectores ambientalistas.
Aunque apenas está en consulta a diversos sectores, el proyecto de “Ley de áreas silvestres protegidas” ya despierta preocupaciones entre quienes defienden los parques nacionales como patrimonio del país y ajenos a los intereses comerciales que se esconden tras el disfraz del “desarrollo sostenible”.
El expediente de este proyecto –con el número 17.211- tiene como propósito general,  “regular el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica, con un enfoque integral de conservación, con el fin de mantener y restaurar los procesos ecológicos y evolutivos que garantizan la provisión de bienes y servicios ecosistémicos vitales, para el bienestar y el desarrollo humano, así como para el mantenimiento de la diversidad biológica en sus distintos niveles”.
Para el ingeniero civil especialista en cuencas, Rolando Portilla Pastor, “puede decirse que el proyecto de ley vendría a cumplir una función importante dentro de la legislación nacional, como elemento integrador y en alguna medida subsanando ciertas  `lagunas´ o indefiniciones legales que existen en la actualidad”.
Sin embargo, cuestiona algunas de las acciones que este plan permitiría en las áreas silvestres en caso de ser aprobado, como el “desarrollo de infraestructura pública con fines de manejo, puestos de telecomunicación y aprovechamiento sostenible de recursos”, lo cual por la imprecisión y ambigüedad de los términos empleados, se convertiría en “un cheque en blanco” para quienes ven los parques con fines mercantiles.
Mientras tanto, el biólogo y ambientalista Freddy Pacheco León considera que el hecho de plantear la posibilidad de permitir proyectos que aprovechen la energía geotérmica en las áreas protegidas, hace prever una discusión amplia de esta iniciativa, promovida por la diputada oficialista Maureen Ballestero Vargas.
La legisladora Ballestero -del Partido Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Ambiente- destacó las bondades del proyecto y se mostró anuente a realizar los cambios necesarios, con el fin de que no se generen controversias que entraben su trámite cuando llegue a ser discutido en la comisión.
Para evitar incluso que se susciten temas polémicos, la diputada anunció que tenía entre sus planes un proyecto por aparte, tendiente a aprovechar la energía geotérmica en sitios específicos de los parques nacionales y convertirla en electricidad.
Se quiso conocer la opinión de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), pero su presidenta Heidy Murillo, dijo que todavía no conocía el texto del proyecto.
PROTECCIÓN DE RECURSOS
De acuerdo con el expediente 17.211, los objetivos principales del proyecto son: contribuir a garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la protección de las bellezas naturales, mediante la instauración de un sistema de áreas silvestres protegidas que obedezca a un enfoque integral de conservación.
De igual manera, se pretende establecer instrumentos técnicos, jurídicos y de gestión,  para lograr la sostenibilidad ecológica del sistema de áreas silvestres protegidas en el largo plazo, así como definir las normas para asegurar una amplia participación de los diferentes sectores sociales en los procesos de conservación integral.
El texto de esta ley enfatiza que “la administración de las áreas silvestres protegidas es una función esencial e indelegable del Estado”, y esta responsabilidad se le otorga al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el cual se encargará de “definir, elaborar e implementar políticas, estrategias, normas y planes de manejo para el cumplimiento de los objetivos”.
Como complemento, el SINAC “promoverá una gestión adecuada del patrimonio natural del Estado fuera de las áreas silvestres protegidas, impulsará el establecimiento y desarrollo de una red de corredores biológicos, apoyará los esfuerzos de conservación privada y de comunidades y gobiernos locales, y coordinará con las autoridades competentes de las reservas indígenas”.
En el proyecto se aclara que las áreas silvestres protegidas creadas al amparo de otras leyes mantendrán su categoría de manejo y ninguna perderá su condición de área protegida si esta ley entrara en vigencia, aunque podría dársele otra categoría.
Para el especialista en cuencas, Rolando Portilla Pastor, si bien el plan tiene aspectos positivos en materia de principios, lo cree perjudicial por el fondo, ya que no lo percibe “de tipo conservacionista o dirigido fundamentalmente a la protección de ecosistemas o procesos ecológicos vitales en las áreas silvestres protegidas. 
En su criterio, muchos de los artículos del proyecto son de corte “aperturista” y “productivista”, con un enfoque que “apunta sutilmente a la permisividad de actividades humanas en las diversas áreas silvestres protegidas”.
Portilla considera que a lo largo del texto, se palpa –aunque de manera sutil- una clara  intención de realizar una apertura de las áreas protegidas, que “quedarían sometidas según el proyecto de ley, a una apertura generalizada para el desarrollo de obras de infraestructura pública  para aprovechamiento de recursos (hidroeléctricas, geotermia, carreteras, actividad forestal, turismo masivo, etc)”.
Dejó claro que “insistir en ese tipo de propuesta aperturistas es ya un gran  irrespeto, no solo a la naturaleza, sino a la sociedad costarricense,  que no quisiera ver algo tan valioso como los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas, convertidos en sitios donde se desarrollen todo tipo de actividades industriales y comerciales, en zonas degradadas por la  gran cantidad de actividades  humanas permitidas, zonas que sin duda  perderían su condición actual de conservación, en aras de mayor productividad y desarrollo económico”.
Uno de los artículos que cuestiona es el 43 inciso “o”, que permitiría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en asocio con el SINAC, aprovechar la energía geotérmica para generar electricidad, previo los estudios técnicos necesarios.
En este sentido, Portilla estima que es innecesaria y peligrosa esta apertura generalizada de las áreas, y más bien se inclinaron porque segregar el área de interés y reponerla con una similar que se agregaría.
Al respecto, el biólogo Freddy Pacheco León piensa que sería importante que la misma ley defina cuáles son las áreas de interés, para incorporarlas incluso con sus coordenadas.
Otro artículo que causa preocupación es el 54 inciso “c”, que en su punto 4 habla de permitir “desarrollo de infraestructura pública con fines de manejo, puestos de telecomunicación y aprovechamiento sostenible de recursos”.
Pacheco preguntó: ¿a cuáles recursos naturales se referirán?  “¿Agua? ¿Madera? ¿Flora y fauna para el INBio?  ¿Minerales? En fin, todo lo que se quiera agregar”. Sugirió eliminar este último párrafo del inciso.
Igual de tajante fue Portilla, quien aseguró que “ante un sistema político y administrativo con tendencia a la corrupción y  manipulación, movido por intereses políticos y económicos personales o empresariales, el peligro de toda una cadena de actividades denominadas o camufladas como  sostenibles dentro de parques nacionales, es más que evidente”.
También es motivo de duda para Pacheco, el artículo 77, que autoriza a las municipalidades a establecer convenios con organizaciones legalmente constituidas y entes prestatarios de servicios públicos, para la administración de las reservas naturales municipales, dado que “abre la posibilidad de trasladar a entes privados la administración de ciertas categorías de manejo”.
EXCELENTE TEXTO
Por su parte, la diputada Maureen Ballestero Vargas, como propulsora del proyecto recordó que su preparación ha sido un esfuerzo de múltiples sectores y espera a ser enviado por el Poder Ejecutivo a discusión de la Asamblea Legislativa.
A su parecer, este es “un excelente texto” y posiblemente requerirá de muchas mejoras. Sin embargo, reconoce que la Asamblea Legislativa trabaja lento y por eso no se siente muy optimista de que cuando termine su nombramiento en mayo del otro año, lo hayan aprobado.
En relación con el temor de que este proyecto se convierta en una apertura de los áreas protegidas a actividades comerciales y de carácter privado, Ballestero aseguró que lo que menos pretende es que se dé esto, como lo expresaron Pacheco y Portilla.
Puntualizó que para la actividad relacionada con la geotermia, tiene un proyecto específico para las áreas de conservación Arenal y Guanacaste, razón por la cual si es necesario quitar esta parte en el expediente 17.221 no se opondrá.
En cuanto al artículo 54 inciso c, explicó que la idea es poner en manos de comunidades organizadas, los servicios no esenciales de algunos parques, para que se convierta para ellas en fuente de ingresos.
Por otro lado, el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Ambiente, José Merino, destacó que por estar en consulta el referido proyecto apenas lo comienza a analizar con sus asesores; pero, de no modificarse puntos controversiales como los artículos 43 y 54, advirtió que no le dará apoyo y buscará la manera de que no sea aprobado.