Al cumplirse un mes del golpe militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya, la situación política parece haber caído en un punto muerto, sin una clara perspectiva de solución.
El impulso dado por la condena y la decisión unánime en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) de no reconocer el gobierno surgido del golpe miliar del pasado 28 de junio, se perdió en la bifurcación del camino: unos querían estrechar el cerco contra el régimen de facto, que encabeza el presidente del Congreso, Roberto Micheletti; mientras otros preferían salvar lo que era posible, evitando un triunfo de Zelaya en toda la línea y la derrota de las fuerzas golpistas, muy poderosas y conservadoras en Honduras.
Los primeros se pueden identificar con el ALBA (Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Venezuela). Y reaccionaron con satisfacción cuando la mayoría de los países del hemisferio decidieron retirar sus embajadores de Tegucigalpa, una medida significativa pero insuficiente para obligar la rendición de Micheletti y los militares, por lo menos a corto plazo.
Por el otro lado, Estados Unidos decidió tomar la iniciativa, sugiriendo que el mandatario Óscar Arias asumiera el papel de mediador. Como se sabe, Arias propuso, el 22 de julio pasado, la última versión de su propuesta, algo más elaborada que la primera, con el retorno de Zelaya a la presidencia algo relegado en el orden de las medidas, pero siempre como punto central en el conflicto político.
Se trata de un retorno con las manos amarradas por un gobierno de coalición y por la renuncia a cualquier iniciativa de reformar la constitución.
La delegación de Micheletti ya la había rechazado, en su primera versión, por no aceptar, bajo ningún concepto, el regreso de Zelaya al poder. Pero, en la segunda versión, hablaron primero los representantes de Zelaya, y dieron por muerta la mediación.
Sin embargo, esta vez la delegación del gobierno de facto respondió con evasivas: anunció que la propuesta sería girada a los demás poderes del Estado, para su consideración.
O sea, que la respuesta quedó postergada, que el documento presentado por Arias siguió jugando, alimentado no solo por el apoyo del Departamento de Estado y del Secretario de la OEA, José Miguel Insulza, sino por el hecho de que no hay ninguna otra propuesta sobre la mesa.
El lunes 27 el Congreso hondureño, controlado por las fuerzas partidarias del régimen golpista, estaba analizando la propuesta de Arias. Pero no todo el documento, sino solo dos de sus puntos: lo relativo a una amnistía política y el adelantamiento de las elecciones.
El eventual retorno de Zelaya no estaba en la agenda del Congreso.Del mismo modo, las fuerzas armadas enviaron una señal cuidadosamente ambigua en la que parecían apoyar la propuesta de Arias, para aclarar luego de que en realidad, se trata de un apoyo a lo que decida el gobierno de Micheletti sobre el tema.
INTERESES DE EE.UU.
Estados Unidos no ha ocultado su interés en la mediación y ha evitado enviar señales claras de ruptura con el régimen de facto.
“Estamos en un punto en el que lo simbólico es muy importante”, dijo a la emisora británica BBC, Larry Birns, director del Consejo de Asuntos Hemisféricos, un centro de estudios latinoamericanos de Washington.
“Estoy poco contento con el hecho de que la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, no haya retirado al embajador estadounidense de Honduras”, afirmó Birns, recordando que casi todos los demás países de la región lo habían hecho.
Según las declaraciones de Birns a la BBC, hay una actitud “poco clara” que impide al presidente Barack Obama tomar las medidas mínimas necesarias para garantizar el restablecimiento del orden constitucional en esa nación.
Más que la ruptura de relaciones diplomáticas y el no reconocimiento del gobierno de facto, son las eventuales medidas económicas las que podrían ponerle “dientes” a las sanciones. Y esas medidas, solo Estados Unidos está en condiciones de tomarlas.
Como se recuerda en la nota de la BBC, “la salud económica de Honduras depende de EE.UU. –país con el que hace el 52,4% de su comercio dentro del Tratado de Libre Comercio de América Central”.“Además un cuarto del Producto Interno Bruto está conformado por remesas enviadas por ciudadanos en el exterior, el 90% de ellos residenciados en EE.UU.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo en 2008 esos envíos alcanzaron los $2.300 millones, equivalente a tres cuartos de las exportaciones del país y sobrepasó tanto la asistencia internacional como la inversión extranjera.
PAPEL DESDIBUJADO
En cuanto al papel de la OEA se trata en realidad, de una decisión de los países miembros y su papel quedó desdibujado después de que el Secretario General hizo una visita a Honduras.
El hecho de que no se haya reunido con ningún representante del gobierno de facto dio pie a críticas de los sectores conservadores de los Estados Unidos, pero sobre todo, lo exhibió en una acción poco conducente a promover cualquier salida a la crisis.
A partir de ahí, la iniciativa pasó a manos de la Casa Blanca y de la mediación.
Esta semana, Insulza publicó un artículo en el diario Washington Post, en el que trata de explicar la posición e la OEA y reitera su apoyo a la mediación de Arias.
El Secretario General parece incómodo con las críticas que hicieron sectores de la oposición venezolana, que comparan la acción de la OEA en Honduras con lo que estiman la inacción ante lo que ocurre en Venezuela. Insulza sugiere entonces que quizás la “Carta Democrática”, aprobada por la OEA el 2001, necesite una revisión.
Medios diplomáticos consultados por este Semanario calificaron de “enigmática e interesante” la propuesta de Insulza.
“Interesante porque nos muestra que el acuerdo de San José está en coma, pero no muerto, aunque su vida dependa del tiempo que el régimen de facto tome para responder a Arias”, señaló la fuente, que prefirió mantenerse en reserva.
Agregó que lo mismo ocurre con la estrategia de Zelaya, “que puede derivar hacia lo trágico o hacia la farsa. Y todo depende también de lo que haga Estados Unidos”.
El lado enigmático estaría en el final del artículo, donde Insulza propone revisar la Carta Democrática. “La OEA ya hizo todo lo que podía hacer, al suspender la participación de Honduras. El riesgo de que se creen otros instrumentos de presión para los casos de rompimiento del orden constitucional en América Latina son evidentes”, añadió.
UN FRENTE COMUN
En Honduras, el presidente depuesto Zelaya trata de crear un hecho consumado con su presencia en la frontera, donde se ha propuesto impulsar la creación de un “Frente cívico de resistencia contra el golpe”.
El político recibió un renovado apoyo, esta vez de los Estados integrantes del MERCOSUR y sus asociados quienes, en una cumbre realizada la semana pasada en Paraguay, reiteraron que “no reconocerán a ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional; que no aceptan como válidos actos unilaterales emanados de las autoridades ilegitimas hondureñas, incluyendo el llamado a elecciones y que el Gobierno constitucional y legítimo del Estado de Honduras es el encabezado por el Presidente José Manuel Zelaya Rosales cuya integridad física y la de todos los miembros de su gobierno resulta fundamental preservar”.