Las últimas semanas han sido cruciales para América Latina.
El golpe de Estado vivido en Honduras ha dejado a todo el continente – en especial al istmo – a la espera de una pronta solución.
Mientras tanto, las manifestaciones del heroico pueblo hondureño continúan en las calles, exigiendo que se respete la decisión tomada democráticamente de elegir a Manuel Zelaya como Presidente de la República.
Desde el mismo día del golpe, las imágenes de CNN y los comentarios de sus “analistas” buscaron legitimar la brutalidad militar. Al otro día le siguieron la mayoría – sino la totalidad – de medios comerciales (todos miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa). El argumento sobre la constitucionalidad de las acciones del presidente Zelaya salió a flote y se difundió más rápido que la fiebre porcina. Ahora, la versión golpista de los hechos – donde Hugo Chávez encarna un Hitler latinoamericano – se difunde con la misma rapidez e insensatez.   
Como bien lo explicaba el presidente Zelaya, según principios doctrinarios del derecho internacional, los derechos humanos solo pueden ser ampliados y no restringidos. A partir de este supuesto, la convocatoria a una Cuarta Urna amplia los derechos humanos (en este caso los derechos políticos que son parte de los mismos), que están por encima de la Constitución. Cualquier jurista serio llegaría a la misma conclusión.
Partiendo de este hecho es que ha evolucionado el derecho, y no basándose en posturas positivistas como la que defienden los golpistas. Si tomásemos la posición del gobierno de facto – en su errada justificación – deberíamos retroceder en el tiempo; probablemente seguiríamos viviendo en en monarquías y Estados feudales, que se valían precisamente de una legalidad espuria. Desde la revolución francesa hasta las revoluciones obreras en Europa de 1868, los derechos humanos se han ganado y expandido mediante la lucha social y muchas veces con sangre.
Ahora, acontecemos al escenario hondureño, una nación donde más de la mitad de sus habitantes viven en la pobreza y deben de trabajar en condiciones inhumanas. Ese pueblo, oprimido por una oligarquía reducida en la cual se concentra la riqueza de la nación, decidió dar un paso al frente y exigir una nueva Constitución, una que represente sus intereses comunes, y no la añeja Carta Magna que se le heredó, vislumbrando una sociedad ya extinta.
Esa nueva Constitución, en concordancia con la realidad contemporánea de Honduras, probablemente hubiese significado el fin de la Base Militar Palmerola (Soto Cano), centro de operaciones principal del ejército estadounidense en América Latina. El presidente Zelaya, desde hace un tiempo, venía proponiendo convertir la base militar en un aeropuerto internacional. Así – mediante una constituyente – fue como el pueblo de Ecuador decidió expulsar de su territorio a la Base de Manta, también del ejército estadounidense.
Ante estos hechos – fuertemente ocultados por los medios internacionales que mantienen su argumento de que el detonante del golpe fue la Cuarta Urna y su supuesta ilegalidad – el nuevo blanco de distracción es Hugo Chávez, la re-encarnación del diablo en la tierra. Los Documentos de Santa Fe, que han moldeado la política exterior estadounidense, dejan claro que “…la necesidad de acumular nuestras defensas contra la abrumadora amenaza que el estalinismo representaba para la civilización occidental, ordenaba las cosas con más facilidad”. No en vano se toman todos los esfuerzos posibles por satanizar al mandatario venezolano, una nueva amenaza que ayude a “ordenar” las cosas con “más facilidad”.
Chávez ha amenazado enérgicamente a los golpistas, con toda razón y amparado en el derecho internacional. El gran pecado de Manuel Zelaya ha sido adherirse al ALBA, una decisión soberana que cualquier gobierno puede adoptar. Seudo-analistas como Andres Oppenheimer han legitimado el golpe, e inclusive han intentado justificar, con antelación, posibles escenarios similares en Bolivia, Venezuela Nicaragua u Ecuador (los países del ALBA).
América Latina es y sigue siendo el continente más desigual del planeta. No importa cuantas mejorías económicas alcance el conjunto latinoamericano, la re-distribución de la riqueza no esta vinculada a la generación de ésta – contrario a lo que predican las élites del continente – y ya ha sido demostrado en un sinnúmero de ocasiones. El crimen atroz de Manuel Zelaya fue consultarle al pueblo si deseaba una nueva Constitución. El argumento esgrimido por los medios, de una reelección, es absolutamente falso; ¿cómo se va a reelegir Zelaya si la Cuarta Urna se iba a aplicar en las elecciones a presidente, adonde continuaría rigiendo la Constitución actual?
Constituye entonces un crimen imperdonable la soberbia e injusticia con la cual los medios han manipulado, a lo largo del episodio, los hechos que han llevado al golpe de Estado y sus posibles consecuencias. Es un crimen imperdonable que se condene al pueblo hondureño a respetar una constitución obsoleta y ajena a la realidad contemporánea de la nación centroamericana, como lo pretende hacer el presidente Arias.
Pero, aun más grave, es un insulto a la inteligencia humana que se intente validar el golpe – con todo lo que ello conlleva – utilizando el podrido argumento de la “amenaza chavista”, el mismo que se utilizó en nuestro país durante el Referéndum y el mismo que se utiliza siempre que las ideas se queden cortas y deba de consensuar el miedo.