Costa Rica a través de su historia se ha caracterizado por sus atinadas decisiones y acciones dirigidas al bien común. 
Predecesores de la talla de los exmandatarios Jesús Jiménez Zamora, Tomás Guardia, José Figueres Ferrer, hacen que se convierta en el primer país de Latinoamérica en establecer la educación gratuita y obligatoria, en abolir la pena de muerte y elevar a rango constitucional la prohibición del ejército, lo mismo en convertir el bastión del armamento, el Cuartel Bellavista, en un museo turístico.  
Por nuestra vocación pacifista como nación y dentro del marco del Estatuto de Neutralidad, dictado en el gobierno del mandatario Luis Alberto Monge, no es pensable apoyar acciones bélicas y mucho menos participar de ellas. Eso hace grande al país en medio de la vorágine de terror mundial.
No obstante, la administración del Dr. Abel Pacheco se  “embarca” en emitir un comunicado en marzo del 2003, en apoyo moral a la coalición de países que apoyaban la guerra de Iraq y ciertos países de diversos continentes liderados por el gobierno de Mr. Bush, a la sazón presidente de los Estados Unidos.  Lo anterior generó la interposición de varias acciones de inconstitucionalidad, que se tramitaron finalmente acumuladas bajo el expediente 03-4485-0007-CO .
Ello dio lugar a un análisis por parte de la Sala Constitucional sobre el derecho a la paz, donde  se desprende con las actuaciones diarias de los costarricenses,  el  compromiso histórico con la paz. Mientras otros pueblos desatan con sus guerras y revoluciones la arbitrariedad y la tiranía, la  institucionalidad del país es envidiable, ya que alcanza grandes logros de equidad.
Costa Rica aparece, ante la visión del mundo, como el planificador de la vida nacional, el director en el proceso de desenvolvimiento y el ejecutor de una política global que teniendo  como presupuesto la libertad individual, tiende al bienestar de la comunidad y al mantenimiento del orden social.
Dentro de esta idea elemental, que es la base lógica de la democracia social del país, la Sala en su atinado voto N. 9992 de 8 de septiembre del 2004 optó por anular el acuerdo mencionado y  ordenar al Gobierno de la  República el deber de respetar en el futuro los mecanismos internacionales, y evitar apoyar de cualquier forma incursiones armadas independientemente de los fines que persigan.
Se pone así de manifiesto una vez más  la tradición pacifista y el respeto de la soberanía a los países hermanos, mediante la máxima institución de lo constitucional, ideada hace precisamente 20 años y que valga la ocasión para informar que a partir del día  21 y hasta el 28 del presente mes, se impartirá gratuitamente en el Colegio de Abogados un seminario en torno a dicha celebración.