Expertos aseguran que podría darse la utilización del miedo como estrategia al no sancionar al diputado por el caso del memorando.
La resolución de la Asamblea Legislativa de archivar el caso del diputado liberacionista Fernando Sánchez, por su participación en la autoría del “memorando del miedo”, significa un acto de impunidad potencial y el peligro de que otras figuras políticas puedan recurrir a mecanismos de este tipo para garantizar su llegada o permanencia en el poder; aseguraron varios especialistas.
El Memorando Casas-Sánchez, que establecía estrategias para activar el movimiento a favor de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC) de cara al referendo del 7 de octubre del 2007, fue revelado por UNIVERSIDAD a pocas semanas de que la población costarricense acudiera a las urnas. Luego de la publicación, el entonces vicepresidente y Ministro de Planificación Kevin Casas, coautor del texto, renunció a su puesto. Sin embargo, el legislador permaneció en su curul y acudió a mecanismos legales para no ser acusado. Solamente pidió ser sustituido en la función de presidir la comisión de reformas electorales.La Procuraduría de la Ética Pública, órgano de la Procuraduría General de la República, señaló que el memorando planteaba actividades que se contraponían a los valores éticos y al deber de probidad (que significa que el funcionario debe orientar su gestión al interés público). De esa forma, se violaba el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; lo que planteaba responsabilidad jurídica y política, que podría acarrear una sanción.  No obstante, la Asamblea Legislativa decidió archivar el caso, sin dar un veredicto a favor o en contra. Por el contrario, se abocó a no emitir criterio alguno y guardar la denuncia. Los diputados del PLN y del PUSC, tres del Movimiento Libertario y los independientes Evita Arguedas, José Manuel Echandi, y Guyón Massey, votaron a favor de archivarlo. Disconforme con la medida, la fracción del Partido Acción Ciudadana prepara un recurso de inconstitucionalidad, con el fin de revivir la discusión. A la vez, el Procurador Gilberth Calderón, aseguró que a pesar de las recomendaciones emitidas, el caso se resolvió con la legislación vigente, y por eso se archivó. (Ver nota aparte: “Urge un régimen de responsabilidad interna”)
LÍNEAS DE PARTIDO
El director de la Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional, José Carlos Chinchilla, comentó que el error más grande es que el caso de Sánchez no se resolviera, aunque el diputado haya incurrido en una falta grave. Cree que es un acto de impunidad potencial, y que en un futuro cualquier diputado podría incurrir en esa falta grave. Añadió que Sánchez nunca se enfrentó a su responsabilidad, sino que la evadió. Si él creía que no era una falta grave, debió haber promovido la discusión. Por el contrario, recurrió a mecanismos legales para impedirlo. Éticamente, debió haber renunciado, pues la ciudadanía sí lo ha sancionado, ya que ha surgido un juicio paralelo dentro de la opinión pública.“Es incomprensible que el uso del miedo no sea sancionado en una sociedad democrática. La Asamblea Legislativa se presenta como un poder contra los intereses de la sociedad; y las aspiraciones políticas nunca deben estar por encima de las de un pueblo”. Francisco Barahona, abogado y politólogo, aseguró que archivar el caso aumenta la decepción en una gran cantidad de costarricenses. Muchas personas esperaban que por dignidad y por presiones políticas, los legisladores y legisladoras tomaran acciones concretas, pero no se hizo de esa manera.Criticó que la recomendación de la Procuraduría de Ética fuera ignorada, debido a que en su opinión, es un ente muy débil. El país está pasando por una “opereta politiquera”, en donde la decisión no se toma en el Poder Legislativo, sino afuera, ya que los diputados repiten con su voto el criterio del Gobierno. Afirmó que a pesar del resultado, la publicación quedó en evidencia, lo que hizo caer a un vicepresidente y  se afectó el prestigio de Sánchez. No obstante, dichas resoluciones se salen del sistema democrático, garantizando la continuidad del neoliberalismo.El aumento del abstencionismo para las próximas elecciones y la desesperación colectiva, podrían ser las mayores consecuencias. “Hay miles de personas indignadas, han tenido paciencia, pero se pueden cansar. Puede haber gente que llegue a pensar que la democracia no es el sistema que les conviene, y buscará respuestas fuera de esta, lo que aumentaría la violencia e incluso una insurrección a futuro”; concluyó.Para Gerardo Hernández, director del Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas de la UCR, archivar la denuncia a Sánchez es mal visto para el funcionamiento de la democracia, y cuestiona la capacidad de las instituciones. Los casi dos años en que no se deliberó sobre un resultado y en que la responsabilidad pasó de entidad en entidad, reflejan esa imposibilidad, aunque la Procuraduría de Ética fue muy clara en que había faltas graves a la ley.Que el memorando no solo se elaborara, sino que se haya sido puesto en práctica, representa un menoscabo a la credibilidad y valoración de la ciudadanía, resaltó.El politólogo y sociólogo aseguró que es curioso que el legislador expresara que enfrentó el caso por mucho tiempo, pero que lo que realmente ha hecho es evadir la responsabilidad. Reprochó que hubiera un trato distinto para él y para Casas, aunque se suponía que las consecuencias serían iguales.Subrayó que se debió haber creado una comisión especial para analizar el hecho, pero que el PLN ha actuado de una forma dependiente al Poder Ejecutivo, demostrando un comportamiento monolítico y apegado a las directrices de la presidencia, que no significan disciplina, sino subordinación.

Gilberth Calderón,  Procurador de la Ética Pública: “Urge un régimen de responsabilidad interna”
¿Cómo afecta al país en el nivel político y social el archivo del caso?
– Afecta que en un Estado social y democrático haya funcionarios públicos que no estén sometidos a sanción por el deber de probidad. El cese de credenciales de un funcionario no tiene que ser el castigo. En realidad no hay problema con la decisión de la Asamblea, es lo que existe en la ley.
En esas circunstancias, ¿qué hubiera esperado?
– Aprovechando la coyuntura, que los diputados se hubieran abocado a establecer un régimen de funciones para el futuro. Compartimos lo que dice la Sala Constitucional y el archivo, no hay una sanción por imponer. Esperaría que los diputados se reúnan, porque crearon la ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito para ellos mismos, para que se sancionaran, pero es letra muerta hasta tanto no establezcan un régimen de responsabilidad interna. Uno de los grandes males al sistema democrático es la impunidad, es un daño al Estado costarricense. Aquí no puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría, todos debemos cumplir funciones al amparo de principios éticos.
¿Cómo debería ser ese régimen?
– Debería ser de sanciones graduales, no necesariamente debe acarrear la pérdida de credencial del diputado, que sean ellos mismos quienes analicen a su colega. Hasta tanto no se cree ese régimen, puede haber impunidad. Es urgente que esa situación se corrija, el caso Sánchez fue resuelto con lo que había. De la inobservancia del deber de probidad a la corrupción, hay un paso muy pequeño, un ciudadano común que observa la corrupción en funcionarios públicos deja de ir a las urnas, y se provoca un daño social.
 

Tres candidatos divergen sobre cierre del caso
Ottón Solís (PAC): “Lo que Fernando Sánchez hizo es detestable, corrupto, deshonesto, ilegal e inconstitucional; solo se salvó porque es el primo del Presidente. La política tradicional tiene muy bajos estándares de ética. Yo le habría quitado la credencial, pues deslegitima a su partido y a su presidente. La decisión de la Asamblea Legislativa supera el tema de las elecciones, espero que el pueblo lo castigue a él y no a la política en general”.
Óscar López (PASE): “Quise que el caso fuera a una comisión investigadora, que se diera una discusión pública y parlamentaria. Es vergonzosa la maniobra política del PLN, y penoso para la democracia que quede impune. Esto afectará en la medida en que se convierta en tema recurrente en la próxima campaña electoral, pero también abrirá los ojos de los electores, que votarán por propuestas alternativas”.
Laura Chinchilla (PLN): “Soy  respetuosa de las decisiones que toman el Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa. Este es un tema que lamentablemente se dio y que ha tenido consecuencias muy dolorosas. Ya hay una responsabilidad política que han tenido que asumir las personas involucradas en el caso. Desde el punto de vista político, ellas han recibido, en su momento, el reproche de la prensa, de la opinión pública y de muchos actores políticos”.
Otto Guevara (ML): Se envió el cuestionario al encargado de prensa Leonid Vílchez, quien recibió las preguntas desde el 19 de agosto. Durante el lunes 24 se le llamó y aseguró que contactaría al candidato, pero a la hora del cierre no hubo respuesta.
Rafael Ángel Calderón (PUSC): Se envió el cuestionario a las encargadas de prensa Mónika Ruiz y Natalia Morales, y se dejaron mensajes en sus celulares. No hubo respuesta.