Luego de que los autores del “memorando del miedo” fueran absueltos, diputados y expertos siguen refutando esas decisiones y no pretenden dar el caso por terminado.
El debate sobre las resoluciones tomadas respecto al diputado Fernando Sánchez y al exvicepresidente Kevin Casas, autores del memorando que planteaba una estrategia para fortalecer la alianza a favor del TLC, sigue vigente, luego de que la Asamblea Legislativa archivara la denuncia contra el legislador y que el Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional absolviera a Casas, también exministro de Planificación.
En el primer caso, la Asamblea Legislativa decidió enviarlo al registro, sin dar un veredicto a favor o en contra, lo que para varios especialistas, es un acto de impunidad potencial (leer edición  1819: “Afirman que archivar caso Sánchez perjudica democracia”). Para revivirlo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó esta semana una acción de inconstitucionalidad.
En el segundo, el Tribunal liberacionista condonó a Casas, al estimar que el documento fue sustraído de forma ilegítima por un tercero de identidad desconocida, lo que le impide considerarse un escrito público, aunque fuera de interés de la sociedad.
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Sergio Alfaro, diputado del PAC, explicó a UNIVERSIDAD las razones por las que su fracción presentó la acción de inconstitucionalidad. Al vivir en un régimen democrático, el objetivo del funcionamiento parlamentario es debatir asuntos públicos. Sin embargo, al momento de analizar el caso de Sánchez, se utilizó una moción de orden, en la que solo el o la proponente puede exponer, por cinco minutos, y se procede a votar.
Alfaro refutó que más allá del resultado, el aspecto contraproducente fue que el tema se sacara del ámbito de lo público para evitar que se discutiera, usando un instrumento que no era para eso, como lo fue la moción.
En su opinión, la Sala Constitucional debería determinar que hubo violación de un derecho democrático, por lo que la acción que presentaron tiene fundamento, y no es una mera posición, aseveró.
Consultado sobre la resolución del PLN sobre Kevin Casas, dijo que este partido es libre de hacer lo que quiera con su ética y su honor. Empero, afirmó que la forma en que se obtuvo el documento no lo vacía de contenido, además de que fue reconocido por sus autores; lo que lleva a un acto de promoción de antivalores.
“Mientras los funcionarios públicos sigan siendo tapados en sus actuaciones, la sociedad no saldrá de donde está”, concluyó.
SOCIEDAD EN PELIGRO
El analista político Rodolfo Cerdas cree que ambas situaciones son una expresión del cinismo político en que ha caído el país, y que la actuación del Tribunal de Ética del PLN es más penosa.
Manifestó que los partidos políticos son cómplices, y que se demuestra que lo único que plantea el PLN es una continuidad política que niega las razones ideológicas con las que nació, lo cual conduciría al país a un nivel político más bajo.
El especialista espera que otros candidatos presidenciales retomen el tema desde el punto de vista político, pues además de ser una amenaza, es un escenario antidemocrático.
Señaló que estos comportamientos son acuerdos explícitos del Gobierno para la concesión del poder, donde las instituciones le estorban.
“Es una dictadura en democracia, en la que la ciudadanía vota y ya no vuelve a preguntar nada más ni puede pedir rendición de cuentas. Óscar Arias quiere menos control, estamos centroamericanizando a Costa Rica en el peor sentido”.
Así, estas circunstancias pueden provocar grandes tensiones políticas, comprometer la estabilidad y desencadenar violencia.
Añadió que en la actualidad, el gran partido político es el formado por las personas “sin partido”. Cree que los políticos están cometiendo un error al prever resultados o vaticinar puestos, porque el pueblo puede cobrar su comportamiento de distintas formas, ya sea colocándose a favor de otro candidato, absteniéndose a votar, o en contraste, con una actitud “masoquista” de buscar continuidad. Aún así, espera que la población tenga dignidad y reaccione.
2-Set-09